Este miércoles 11 de marzo de 2026 se cumple un año desde que Miguel Fernández asumió la alcaldía de Lugo y el equipo municipal hace un balance de avance pese a las dificultades internas y externas. El ejecutivo bipartito subraya que la ciudad ha experimentado mejoras en proyectos municipales y gestión diaria, aunque reconoce que el mandato no ha estado exento de contratiempos. El aniversario llega en un contexto marcado por la reorganización del gobierno local y por tensiones internas con una edil que se ha distanciado del grupo socialista. La valoración oficial vincula los avances a la continuidad del acuerdo de gobierno suscrito en 2023 y a la capacidad de respuesta ante imprevistos.

Los socios de gobierno destacaron que, en su opinión, Lugo está mejor que hace un año y que el rumbo es de progreso. Para Rubén Arroxo, primer teniente de alcalde, la ciudad ha recuperado dinamismo y proyectos que están ya en fases avanzadas. Desde la parte socialista, la portavoz municipal puso el acento en la estabilidad institucional y en el trabajo diario como cauces para consolidar esos logros. Ambos remarcaron que la hoja de ruta pactada sigue siendo la brújula del ejecutivo local.

El primer año al frente del consistorio no ha sido sencillo por motivos trágicos: la repentina muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y posteriormente del concejal Pablo Permuy obligaron a una reorganización rápida del equipo. Esas ausencias forzaron la redistribución de responsabilidades y la adaptación de la estructura municipal a nuevas circunstancias personales y políticas. Los ediles explican que el periodo de transición exigió esfuerzo extra para mantener la rutina administrativa y no retrasar iniciativas. La gestión del duelo y la continuidad de servicios públicos fueron prioridades desde los primeros días.

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A pesar de ese escenario, el gobierno local sostiene que ha cumplido compromisos recogidos en el pacto de 2023 y ha sabido encauzar situaciones imprevistas que han surgido a lo largo del año. Proyectos urbanos y programas sociales figuran entre las iniciativas que, según el ejecutivo, han seguido adelante con normalidad o con avance significativo. Los responsables municipales defendieron la capacidad del equipo para priorizar y reprogramar actuaciones cuando fue necesario. También señalaron que muchas actuaciones están ya en fases de ejecución o con tramitación avanzada.

La salud de algunos miembros del gobierno ha constituido otra prueba de resistencia. La concejala de Cohesión Social, Olga López Racamonde, diagnosticada en 2022, ha vuelto a atravesar un episodio complicado, pero ha mantenido su compromiso con la gestión municipal. Hace semanas, según fuentes municipales, llegó a abandonar temporalmente el hospital para participar en la votación del presupuesto, un gesto que subraya la tensión vivida durante la aprobación de las cuentas. Ese episodio dejó patentes las dificultades personales que han vivido algunos cargos a la vez que exigían su presencia en decisiones clave.

Además de los problemas por salud y por pérdidas humanas, el gobierno ha tenido que lidiar con discrepancias internas que amenazan la estabilidad del bipartito. La concejala María Reigosa, hasta ahora independiente dentro del grupo socialista, dejó de desempeñar funciones de gobierno, se dio de baja en el partido y ha mostrado una postura crítica con varias decisiones del ejecutivo. Su insistencia en introducir enmiendas al presupuesto y su cercanía pública a posiciones del Partido Popular han sido fuentes de fricción que, según el equipo de gobierno, complicaron la tramitación de algunas iniciativas. Aun así, Reigosa ha negado que respalde una eventual moción de censura y reivindica un perfil socialdemócrata.

Ante estas tensiones, la portavoz socialista, Ana González, apeló al optimismo y a la responsabilidad colectiva: dijo que hay que optar por sumar y por priorizar el interés de la ciudadanía por encima de interpretaciones personales. González defendió que, salvo por la salud física, las discrepancias se pueden encauzar si prima el compromiso institucional, y subrayó que la normalidad en el trabajo municipal es la prueba de que el gobierno cumple su función. Sus declaraciones buscan calmar los nervios internos y sostener la idea de un ejecutivo que sigue operativo.

Con el primer año ya cerrado, el balance oficial es de consolidación pero con asignaturas pendientes: mantener la cohesión del equipo, asegurar la ejecución de los proyectos comprometidos y afrontar futuros retos financieros y sociales. Desde el gobierno local insisten en que el próximo ejercicio servirá para demostrar que las obras y programas en marcha beneficiarán a la ciudadanía. Para la oposición, en cambio, las tensiones internas son un argumento para exigir mayor claridad en la gestión. En cualquier caso, el mandato de Miguel Fernández inicia su segundo año con la necesidad de convertir los avances declarados en resultados visibles y sostenibles.