La Xunta ha presentado una nueva línea de ayudas para sufragar los comedores escolares que, según sus cálculos, alcanzará a cerca de 20.000 alumnos de Infantil y Primaria. El anuncio se produjo tras una reunión mantenida el 11 de marzo de 2026 entre responsables de la Consellería de Educación y la confederación que agrupa a las AMPAs de centros concertados, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias con menores ingresos. Las ayudas, cuya partida inicial ronda los 3 millones de euros, se aplicarán a comedores gestionados por centros concertados, por las asociaciones de madres y padres o por los ayuntamientos. La Xunta justifica la medida como un complemento a las tarifas públicos ya existentes y moduladas en función de la renta.

En el encuentro participaron, por parte de la Consellería, el secretario general técnico, Manuel Vila, y el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, que se reunieron con el presidente y el secretario de la confederación, Luis Alfonso Trigo y Mario Fernández. La organización representativa de las AMPAs de la concertada explicó las necesidades de las familias cuyos hijos comen en centros gestionados fuera del ámbito directo de la Consellería. Desde la Xunta se explicó que la intención es coordinar criterios y fórmulas de gestión para que las ayudas lleguen con rapidez a los hogares más vulnerables. El diálogo también tenía como objetivo incorporar a las familias de la concertada en una política social que hasta ahora tenía mayor presencia en los comedores dependientes directamente de la Administración.

La cuantía y los umbrales de renta marcarán el acceso a las subvenciones: las unidades familiares con una renta per cápita de hasta 6.000 euros al año recibirán ayudas de 150 euros por alumno, mientras que las situadas entre 6.000 y 10.000 euros dispondrán de 100 euros. La Consellería ha previsto un calendario escalonado para su implantación: la primera convocatoria, centrada en el tramo de renta más bajo, se publicará durante el curso 2025/26 y al curso siguiente, 2026/27, se extenderá a los hogares del segundo tramo. Fuentes oficiales subrayan que las cuantías son compatibles con otros apoyos y con las bonificaciones que ya existen en algunos centros. El objetivo declarado es evitar la exclusión de niños que dependen del comedor escolar como complemento nutricional.

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La nueva línea se suma a las medidas ya vigentes para los comedores gestionados por la propia Consellería, donde las tarifas públicas llevan años congeladas y se aplican en función de la renta. Estas políticas han sido presentadas por el Ejecutivo autonómico como parte de una estrategia más amplia para mantener precios accesibles y, según la Xunta, para proteger el poder adquisitivo de las familias. En la práctica, los comedores públicos han funcionado como herramienta de cohesión social, una función que ahora se pretende ampliar al sector concertado y a los servicios gestionados por agrupaciones de padres y ayuntamientos. La administración autonómica destaca la importancia de coordinar administraciones y centros para asegurar la equidad en el acceso.

En la reunión con la confederación —identificada como la Confederación Gallega de AMPAs de Centros Concertados (Congapa)— se abordaron también aspectos técnicos sobre el procedimiento de solicitud y la verificación de las rentas. La Consellería no detalló aún el sistema informático ni el calendario administrativo completo para tramitar las becas, aunque afirmó que se publicará la convocatoria correspondiente antes de que acabe el curso 2025/26 para el primer tramo. Las AMPAs implicadas mostraron interés por que la gestión sea ágil y por que las ayudas lleguen de forma directa a las familias, minimizando burocracia. Ambas partes coincidieron en abrir un canal de seguimiento para resolver dudas en el despliegue del programa.

Desde el ámbito educativo se apuntó que la medida puede aliviar parcialmente el coste que suponen los comedores para muchas familias, especialmente en zonas con mayor precariedad económica. Sin embargo, algunos representantes han advertido de la necesidad de combinar estas ayudas con políticas de apoyo a la conciliación y con mejoras en la calidad del servicio. En centros concertados, donde la gestión puede ser diversa, la uniformidad de criterios para la concesión de las ayudas será clave para evitar desigualdades entre municipios o centros. Los equipos directivos y las asociaciones de padres deberán colaborar en la información y la gestión administrativa para que la llegada de fondos sea efectiva.

La Consellería mantendrá en próximos días contactos con ayuntamientos y direcciones de centros para fijar plazos y mecanismos de reparto, según fuentes oficiales. Se espera que las convocatorias incluyan instrucciones para acreditar la renta por unidad de convivencia y para especificar qué gastos del comedor son computables a efectos de la subvención. Desde la Xunta señalan que el diseño final perseguirá simplicidad y rapidez en el cobro, con el fin de que las familias perciban el apoyo antes del inicio del próximo curso escolar. La implantación escalonada también busca evaluar el funcionamiento en el primer tramo antes de ampliar el alcance.

Para las familias afectadas, el plan supone una contribución puntual que alivie parte del gasto en alimentación infantil a lo largo del curso, pero los actores implicados reclaman que este tipo de políticas se integren en estrategias sostenibles y de largo plazo. La administración autonómica sostiene que estas ayudas son un paso más en la política educativa y social destinada a garantizar el derecho a una alimentación adecuada en el entorno escolar. El siguiente hito será la publicación oficial de la primera convocatoria, que marcará el inicio formal de la tramitación y permitirá conocer con detalle plazos y requisitos.