La concesión de una plaza en Madrid a la jueza instructora viguesa María del Carmen García Campos, que lleva en la ciudad desde 2009, ha puesto en alarma a la comunidad judicial y profesional de Vigo. Su traslado, incluido en el listado provisional de movimientos judiciales, coincide con otros cambios en la plantilla de la ciudad y reabre el debate sobre la existencia real del octavo juzgado de instrucción, eliminado por el Ministerio de Justicia y todavía pendiente de una formalización que la ciudad espera desde hace meses.

Movilidad judicial y vacantes que inquietan

La magistrada, conocida por haber instruido casos de gran repercusión local como el proceso de Déborah en Tui, la llamada Operación Patos y, ya al frente del Instrucción 7, el caso Bautista, ha obtenido una plaza en la Sección de lo Penal de Madrid. Su salida se suma al ascenso de otros jueces en Vigo —entre ellos el nombramiento de Germán Serrano como nuevo juez decano— y a la renovación del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, cambios que reordenan la plantilla en un momento delicado.

Fuentes judiciales consultadas en Vigo indican que, cuando la plaza de García Campos quede vacante, la ocupación natural correspondería a quien actualmente presta funciones de refuerzo desde el antiguo Instrucción 8. El problema, subrayan, es que ese juzgado fue suprimido por el Ministerio y se mantiene sólo como una figura transitoria: anunciada su creación nuevamente, la decisión aún no se ha formalizado en el BOE, por lo que la plaza se encuentra en un limbo administrativo con consecuencias prácticas para la tramitación de causas.

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«La plaza 8 por definición no existe, es un refuerzo transitorio, está en un limbo, así que si el juez que hace esa labor se tiene que ir a la 7, hay un riesgo serio de que desaparezca la 8, con lo que esto supone dada la gran carga de trabajo que existe»

La cita recoge la inquietud que circula en despachos y pasillos de la Ciudad de la Justicia: la desaparición efectiva de una plaza en un momento en que los juzgados vigueses afrontan un volumen creciente de asuntos penales y de violencia sobre la mujer.

La larga sombra de la reorganización judicial

No es la primera vez que Vigo experimenta tensiones por la redistribución de cupos judiciales. El año pasado ya hubo movilizaciones en la plaza de la Ciudad de la Justicia para protestar por la supresión del Juzgado de Instrucción número 8, en una imagen que quedó en la memoria colectiva de la profesión y de las asociaciones de víctimas. Aquel pulso puso de relieve una realidad cotidiana: un mapa judicial que no siempre responde con celeridad a las necesidades de una ciudad de puerto con 300.000 habitantes en el área metropolitana y una tasa de litigiosidad notablemente alta.

A falta de cifras oficiales recientes sobre la acumulación de procedimientos en Vigo, jueces y abogados visibilizan la presión mediante ejemplos concretos: casos complejos que requieren instrucción prolongada, causas por violencia machista que deben priorizarse y operaciones policiales de gran envergadura que exigen dedicación exclusiva. En ese contexto, cualquier reducción o incertidumbre sobre plazas se traduce en retrasos que afectan a las víctimas y a la seguridad jurídica.

El conflicto entre las decisiones del Ministerio de Justicia y las necesidades locales se refleja asimismo en la política. Formaciones y colectivos profesionales han reclamado, en varias ocasiones, medidas urgentes para recuperar la dotación que consideran imprescindible. La sensación es que las declaraciones públicas sobre la creación del juzgado no han ido acompañadas de los pasos administrativos que garantizan su funcionamiento estable.

Repercusiones prácticas y próximos pasos

¿Qué puede ocurrir a corto plazo? Si la plaza de García Campos se produce, la hipotética cobertura automática por parte del magistrado que ejerce como refuerzo desde el antiguo Instrucción 8 podría dejar esa vacante sin quien la cubra, provocando, según los representantes del sector, la desaparición efectiva del refuerzo. En la práctica, esto significaría mayor sobrecarga para los juzgados restantes, dilaciones en la instrucción de causas y, en el peor de los escenarios, la paralización de investigaciones complejas hasta que se acometan nombramientos provisionales o definitivos.

Entre las soluciones que barajan los operadores jurídicos figuran la adopción de comisiones de servicio temporales, la provisión de medios personales desde otras demarcaciones y la presión política para que el Ministerio formalice cuanto antes la creación de la plaza. Hay, además, llamadas a la transparencia sobre los listados provisionales y a que las transferencias de jueces no dejen vacíos operativos en departamentos sensibles como la instrucción penal y la jurisdicción de violencia contra la mujer.

En ámbitos municipales y autonómicos se insiste en que Vigo necesita respuestas rápidas. La sensación, según quienes trabajan a diario en los juzgados, es que la administración central tiene margen para corregir la situación si acelera los trámites y atiende las propuestas que han llegado desde la ciudad. A falta de confirmación oficial sobre los plazos de toma de posesión y los nombramientos definitivos, la prioridad para los operadores locales es clara: mantener el mínimo efectivo de recursos para que los procedimientos no pierdan impulso.

En las próximas semanas, la publicación definitiva de los movimientos en el BOE y la confirmación de quién ocupará cada plaza marcarán el rumbo. Para las víctimas, los abogados y los fiscales de Vigo el tiempo cuenta. La ciudad, que ya ha mostrado su capacidad de movilización cuando ha creído que los servicios judiciales peligran, volverá a poner el foco en un problema que combina técnica jurídica y decisión política. Que no quede en la retórica la promesa de reabrir el octavo juzgado será la verdadera prueba de si la administración atiende la demanda de una justicia más ágil y cercana.