La fundación Hay Derecho ha anunciado este martes, 10 de marzo de 2026, que recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la Audiencia Nacional que avaló el nombramiento de Mariano Bacigalupo como miembro del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la semana pasada el recurso presentado por la fundación en noviembre de 2025, una decisión que Hay Derecho considera insatisfactoria por entender que el nombramiento vulnera los requisitos legales exigidos. El debate se centra en si el perfil profesional de Bacigalupo cumple con la experiencia exigida por la Ley del Mercado de Valores y en el posible impacto de sus vínculos personales con la política.

En su fallo, la Audiencia Nacional rechazó que la condición de pareja de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, tuviera relevancia jurídica para invalidar su designación y respaldó la suficiencia de sus competencias para ocupar un puesto en un órgano colegiado como el consejo de la CNMV. Los magistrados subrayaron que el organismo regulador admite la coexistencia de perfiles técnicos distintos, por lo que no ven obstáculo en la trayectoria profesional de Bacigalupo para desempeñar las funciones atribuidas. La sentencia aclara así la visión del tribunal sobre la pluralidad de conocimientos que puede integrar el órgano supervisor.

La impugnación de Hay Derecho, presentada en noviembre de 2025, argumentaba que Bacigalupo carece de una «reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores», requisito que la fundación considera imprescindible según la normativa. Según el escrito de la asociación, la carrera del ahora consejero ha estado centrada principalmente en el derecho administrativo y en la regulación económica, áreas distintas de la especialización en mercados financieros que, en su opinión, pide la ley. El nombramiento tuvo lugar en 2022, cuando Ribera ocupaba la vicepresidencia tercera y la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Gobierno central.

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El fallo recuerda, además, que Bacigalupo ya formaba parte de otro organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde 2017, antes de su incorporación a la CNMV en 2022. Para la Sala, esa experiencia administrativa y regulatoria suma un perfil válido para la supervisión de los mercados, en un consejo cuyos cometidos integran tanto la supervisión como otras funciones técnicas y de gobierno. La Audiencia, por tanto, entiende que la acumulación de experiencias profesionales en el ámbito público respalda su aptitud para el cargo.

Desde Hay Derecho, la secretaria general, Elisa de la Nuez, criticó la interpretación judicial por entender que abre la puerta a traslados entre órganos reguladores en los tramos finales de mandatos, una práctica que a su juicio podría sortear los controles de idoneidad previstos por la ley. La organización calificó la resolución como decepcionante y anunció que agotará la vía judicial hasta el Supremo para buscar una revisión del criterio sobre la idoneidad exigible a los responsables de supervisar los mercados. La fundación sostiene que preservar estándares estrictos es esencial para la confianza en los supervisores financieros.

La polémica alrededor del caso refleja la sensibilidad pública y política en torno a los nombramientos en organismos reguladores, donde confluyen exigencias técnicas y expectativas de independencia. Expertos en derecho administrativo consultados en casos similares recuerdan que los tribunales valoran tanto la trayectoria profesional como la capacidad de desempeñar funciones colegiadas, pero que la interpretación de los requisitos puede variar según las circunstancias concretas. En este expediente, la Audiencia optó por una lectura amplia del mandato legal, lo que ha levantado reparos entre quienes reclaman criterios más estrictos.

El recurso ante el Supremo será el siguiente paso formal tras la decisión de la Audiencia, y la fundación ya ha avanzado que presentará los argumentos que, según su criterio, no fueron valorados adecuadamente en la instancia anterior. No consta por el momento una reacción pública del propio Mariano Bacigalupo ni del consejo de la CNMV a la decisión de elevar el asunto al alto tribunal. El proceso judicial podrá tardar meses en culminar y su resultado tendrá consecuencias para la interpretación de los requisitos de idoneidad en futuros nombramientos.

Más allá del litigio concreto, el caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre experiencia técnica, independencia y la percepción pública sobre posibles conflictos derivados de vínculos personales con responsables políticos. La resolución definitiva del Supremo marcará el alcance de los controles sobre quién puede integrar los órganos que supervisan los mercados financieros y, en consecuencia, influirá en la manera en que se diseñen y revisen esas designaciones en el futuro.