15 de marzo, 23:45AG-31 (vinculada a la A-52, en el entorno de Celanova) terminó con cuatro personas heridas leves y con el conductor presuntamente responsable emprendiendo la huida a pie por un monte próximo. Dos horas después, agentes especializados localizaron al fugado, que se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas y ahora está investigado por varios supuestos delitos contra la seguridad vial.
Cómo se desarrollaron los hechos
La llamada al teléfono de emergencias 112 alertó al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil sobre el siniestro: un choque por alcance entre dos vehículos en la citada autovía. A consecuencia del impacto resultaron heridos leves el conductor del vehículo alcanzado y tres ocupantes de ese mismo turismo, que en primera instancia recibieron asistencia en el lugar.
El coche que presuntamente provocó el alcance, un Opel negro, salió de la calzada tras el impacto. Según la reconstrucción facilitada por los agentes, su conductor abandonó el vehículo y se internó a pie en un monte aledaño, dejando ambos turismos siniestrados con «cuantiosos daños materiales». La maniobra de huida llamó la atención de los equipos desplazados, que ya investigan las circunstancias exactas del choque y la posible responsabilidad penal.
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Conoce más →Un agente del Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) encontró al hombre pasadas aproximadamente dos horas, oculto en la vegetación. Los investigadores señalan que el individuo estaba, en el momento de su localización, bajo la impresión de haber consumido alcohol. El propio parte de la Guardia Civil recoge la frase:
«escondido y bajo una evidente influencia de bebidas alcohólicas»
Tras su localización, el detenido se negó rotundamente a someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas. Por ese motivo se le investiga por, al menos, dos supuestos delitos: la oposición a realizar las pruebas cuando se está implicado en un siniestro vial y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, los investigadores no descartan que exista un tercer delito, el de abandono del lugar del accidente, por haber salido del punto del impacto sin auxiliar a las víctimas ni permanecer a la espera de la llegada de las autoridades.
Marco legal y penas en juego
La legislación penal contempla sanciones relevantes para estos hechos. El delito de oposición a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas puede conllevar penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir entre 1 y 4 años. Por su parte, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas está castigada con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en todo caso, la retirada del permiso de conducir por un periodo de 1 a 4 años.
Si finalmente se plantea la acusación por abandono del lugar del siniestro, la posible pena se eleva: prisión de 6 meses a 4 años y, de nuevo, la privación del derecho a conducir por un mínimo de un año y hasta cuatro. A la espera de las diligencias que instruya el Juzgado pertinente, las consecuencias penales y administrativas pueden ser acumulativas, algo que suele valorarse con especial severidad cuando hay lesiones, aunque sean leves.
La carretera y el escenario ourensano
La AG-31 cruza un entorno rural característico de la provincia de Ourense, con tramos de visibilidad compleja y abundante monte en sus márgenes. No es la primera vez que un siniestro nocturno en estas carreteras exige la intervención de equipos especializados: la combinación de velocidad, fatiga y alcohol sigue siendo una constante en los partes de tráfico de la provincia. En Galicia, las vías que enlazan núcleos como Celanova o la propia capital ourensana soportan tanto tráfico local como pasos de vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo en determinados puntos y franjas horarias.
Quien recorre la zona a diario —transportistas, trabajadores del campo o vecinos de los concellos cercanos— conoce esos tramos: curvas cortas, cambios de rasante y polígonos de monte que facilitan que un automovilista que abandona el vehículo intente ocultarse. Por eso el hallazgo del fugado por parte de un agente del GIAT no sorprende a quienes siguen la dinámica de las investigaciones de tráfico en la provincia.
Qué sucederá ahora y la investigación pendiente
La actuación del equipo de la Guardia Civil se limita, por ahora, a la investigación: toma de declaraciones, levantamiento de atestados y diligencias que luego se remitirán al Juzgado de Guardia para que valore la apertura de pieza separada o la continuación del procedimiento penal. La negativa del investigado a realizar las pruebas complica obtener muestras inmediatas, si bien en estos casos los agentes pueden solicitar medidas judiciales que permitan pruebas complementarias si la instrucción lo considera necesario.
Las víctimas, con heridas leves según los informes, figuran como parte en las diligencias. Su testimonio, las peritaciones sobre daños y la posible existencia de cámaras o testigos arrojarán luz sobre la dinámica exacta del alcance. A falta de confirmación oficial sobre si se acordó una analítica forense posterior, será la instrucción judicial la que determine la calificación definitiva de los hechos y, en su caso, las medidas provisionales contra el investigado.
Más allá del expediente judicial, este episodio reaviva el debate en Ourense sobre prevención y control: la presencia de controles nocturnos, campañas contra el alcohol al volante y la mejora de la señalización en tramos con historial de siniestros son demandas recurrentes de las asociaciones de víctimas y de la propia Guardia Civil. Para muchos conductores de la provincia, esta investigación es otro recordatorio de que abandonar la escena de un accidente y negarse a las pruebas no solo aumenta la gravedad humana del suceso, sino que también agrava las consecuencias jurídicas para quien toma esa decisión.
Mientras la investigación sigue su curso, el suceso queda en el expediente como un caso más en el catálogo de siniestros de la provincia: cuatro heridos leves, dos turismos destrozados y un presunto responsable que ahora deberá responder ante la justicia por su conducta en la AG-31. La resolución del procedimiento ofrecerá, en los próximos meses, una medida de hasta qué punto las sanciones previstas sirven de freno a conductas que, por su imprudencia o por su temeridad, siguen costando vidas y daños en las carreteras gallegas.
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