El Juzgado de Instancia número 1 de Caldas de Reis investiga a un hombre domiciliado en Gádor (Almería) por un presunto delito de corrupción de menores, después de que se detectaran, al menos, cinco víctimas en ese partido judicial pontevedrés y otras dos en Almería. Los hechos, que llegaron a los tribunales a principios de 2026, habrían consistido en contactos mantenidos por internet y por teléfono en los que el investigado pedía a los menores fotografías y vídeos de contenido sexual a cambio de regalos. La causa continúa en fase de instrucción mientras los juzgados de ambos territorios asumen la investigación sobre los menores que residen en sus demarcaciones.

La investigación se inició en Caldas de Reis, que comunicó al Tribunal Supremo una cuestión de competencia al constatar que algunas de las víctimas vivían fuera de su partido judicial. En un auto fechado el 26 de febrero de 2026, el alto tribunal recogió los hechos y precisó que el sospechoso habría utilizado las comunicaciones digitales y telefónicas para ganarse la confianza de los menores y exigirles material íntimo. Los investigadores señalan que, tras establecer ese vínculo, el imputado condicionaba la entrega de obsequios a la remisión de imágenes y a la participación en videollamadas de carácter sexual.

Los datos extraídos del teléfono móvil del investigado permitieron localizar a víctimas en diferentes partidos judiciales, lo que obligó a determinar la distribución de competencias para continuar la instrucción. En concreto, las pesquisas situaron a cinco menores con residencia en el municipio pontevedrés y a dos jóvenes en la provincia de Almería, por lo que el Tribunal Supremo resolvió que cada juzgado investigue las conductas relacionadas con las víctimas de su ámbito territorial. El auto subraya la existencia de indicios suficientes para mantener abierta la investigación sin que, de momento, se hayan celebrado diligencias judiciales públicas.

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El domicilio del investigado en Gádor fue uno de los elementos que motivaron que el juzgado de Almería asumiera la competencia sobre los dos menores andaluces, al considerarse que allí se produjeron «los elementos principales del delito» y que era la residencia de estas víctimas en el momento de los hechos. Por su parte, el juzgado de Caldas de Reis retiene la investigación sobre los cinco menores con residencia en su partido judicial, donde se han concentrado las primeras actuaciones de policía judicial. La coordinación entre ambos órganos será clave para esclarecer el alcance de las conductas denunciadas.

El auto del Tribunal Supremo recoge también la naturaleza de los requerimientos realizados por el investigado, que se aprovecharía de la dependencia y la ingenuidad propias de la edad de las víctimas para obtener material sexual. Según la resolución, al menos parte de la prueba incide en la existencia de videollamadas en las que aparecen menores realizando prácticas de contenido sexual, además de fotografías y grabaciones. Las actuaciones periciales sobre los soportes electrónicos y las diligencias testificales serán determinantes para consolidar la investigación.

Fuentes judiciales consultadas recuerdan que estas causas se tramitan con especial cautela para preservar la protección y el anonimato de las víctimas, así como para asegurar la validez de las pruebas. En este tipo de procedimientos es habitual que los juzgados adopten medidas de protección inmediatas y que coordinan sus actuaciones con los servicios de protección de menores y con las fuerzas y cuerpos de seguridad. La instrucción trata de evitar cualquier revictimización y de garantizar que los procesamientos posteriores se sustenten en pruebas firmes.

El caso se inscribe en un contexto de creciente atención mediática y judicial a los delitos de explotación sexual de menores a través de medios digitales, una modalidad que obliga a las autoridades a articular respuestas rápidas y coordinadas entre distintas demarcaciones. En Galicia, las denuncias por abusos y delitos sexuales han puesto de relieve la necesidad de protocolos específicos para la atención psicológica y legal de las víctimas. En el ámbito penal, los juzgados deben valorar tanto la autoría como la tipicidad de las conductas y la concurrencia de agravantes.

Por el momento, la investigación sigue abierta y no se han hecho públicas imputaciones formales más allá de la condición de investigado atribuida al hombre residente en Almería. Los juzgados de Caldas de Reis y de Almería continuarán con las diligencias en sus respectivos ámbitos, mientras las fuerzas de seguridad recaban pruebas complementarias y toman declaración a posibles testigos. Las autoridades instan a cualquier persona con información sobre hechos similares a que lo comunique a los cuerpos policiales para contribuir a la protección de menores.