Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por presunta falsificación de documentos y encubrimiento en un caso de violencia de género

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la apertura de diligencias contra el jefe de la Policía Local de Teo, identificado como M. P., por su supuesta implicación en la falsificación de documentación pública y el encubrimiento del incumplimiento de una condena por violencia de género. La causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, fue puesta en marcha tras una investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil que analiza si se simuló el cumplimiento de 60 horas de trabajos en beneficio de la comunidad en dependencias municipales.

La investigación y el hallazgo de las supuestas irregularidades

Los hechos saltaron, según fuentes policiales consultadas, cuando la oficina provincial encargada de gestionar este tipo de penas en A Coruña contactó con la Policía Local de Teo para coordinar la realización de trabajos por parte de otro penado. La llamada, que llegó a manos de agentes distintos a los que habían tramitado previamente la causa, provocó sorpresa en el seno del cuerpo y abrió una revisión interna de expedientes. Fue entonces cuando se detectó que en los registros figuraba la acreditación del cumplimiento íntegro de las 60 horas por parte del condenado, con partes firmados que lo avalaban, pese a que varios agentes sostienen no haber visto al penado realizando tareas en las instalaciones.

Varios miembros del propio cuerpo municipal presentaron una denuncia interna que sirvió de punto de partida para las diligencias. En declaraciones a la Guardia Civil, los agentes que han comparecido coinciden en que no constó la presencia del hombre en las dependencias ni la ejecución de labores durante el periodo en el que debía cumplir la condena. La propia víctima de los malos tratos también ha prestado declaración en el marco del procedimiento, según han precisado fuentes cercanas a la investigación.

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La actuación de la Policía Judicial se centra en determinar si existió una maniobra consciente para generar documentación que simulase el cumplimiento de la pena y, en su caso, quiénes fueron los responsables de su elaboración y firma. El presunto delito de falsedad documental iría acompañado del de encubrimiento del quebrantamiento de una condena, figuras contempladas en el Código Penal que complican el panorama jurídico del acusado si se confirman los indicios.

Antecedentes y contexto local

Teo, municipio cercano a Santiago de Compostela que en los últimos años ha vivido una intensa actividad social y política vinculada a la ciudad, se encuentra ahora en el foco por un asunto que toca de lleno la credibilidad de sus instituciones. Cabe recordar que la gestión de penas alternativas como los trabajos en beneficio de la comunidad depende de una coordinación administrativa entre oficinas provinciales y los municipios, y que los policías locales suelen asumir la supervisión práctica de esas tareas cuando el Ayuntamiento presta esos recursos.

A falta de confirmación oficial sobre las medidas internas que pueda adoptar el Ayuntamiento, la alcaldesa Lucía Calvo de la Uz se limitó a subrayar que «está judicializado» y que el Consistorio, tras ser informado de la apertura del procedimiento, «ha seguido los pasos oportunos». La escueta respuesta formal del gobierno local refleja la prudencia que suele imponerse cuando se mezcla la actuación judicial con la gestión municipal, pero también deja un margen de incógnitas sobre los controles administrativos previos y las responsabilidades políticas que podrían derivarse.

En Galicia, la percepción pública sobre el control de las sanciones y de las medidas alternativas a la prisión ha sido objeto de debate en los últimos años. No es la primera vez que surge controversia sobre el seguimiento efectivo de estas penas; por eso, la investigación en Teo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de registro y auditoría, así como de garantizar la transparencia en la gestión por parte de los ayuntamientos, sobre todo cuando se trata de causas ligadas a violencia de género.

Repercusiones y próximos pasos procesales

La causa, que permanece abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, seguirá el trámite ordinario de instrucción con la toma de nuevas declaraciones y la práctica de diligencias periciales sobre la documentación intervenida. La Guardia Civil, como policía judicial, tendrá que aportar elementos que permitan circunscribir responsabilidades y aclarar si las firmas y los partes que figuran en los archivos son auténticos o resultado de una manipulación. En paralelo, el expediente interno en la Policía Local puede dar lugar a sanciones administrativas o a propuestas de separación del servicio si se acreditara la actuación irregular.

Más allá de las consecuencias personales para el jefe investigado, el caso arroja sombra sobre la gestión municipal de una figura clave en la prevención y atención de la violencia machista: la constancia de cumplimiento de las penas. Para la víctima y para la ciudadanía, la confianza en que las condenas se ejecutan de forma efectiva es un pilar del sistema penal y de la protección. Cualquier grieta en ese sistema puede tener efectos disuasorios y reabrir heridas en quienes han acudido a la justicia buscando reparación.

En los próximos meses se seguirán con atención varias cuestiones: si el Juzgado acuerda diligencias complementarias como el bloqueo y cotejo de expedientes, la eventual imputación formal del investigado, y si se detectan más casos con irregularidades similares. También será relevante la reacción del Ayuntamiento de Teo en términos de medidas de control y transparencia; reformas administrativas o controles externos podrían ser reclamados por grupos municipales y por asociaciones de apoyo a las víctimas.

Para la sociedad de la comarca de Santiago —y para Galicia en general— este asunto supone una prueba de la necesaria coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la ejecución de penas alternativas. La instrucción judicial dirá si hubo delito, pero la política municipal tendrá que asumir la lección sobre cómo blindar procedimientos que, por su naturaleza, deben garantizar tanto la ejecución efectiva de las sanciones como la protección de las víctimas. La espera por nuevas actuaciones judiciales y administrativas se presenta, por tanto, como el siguiente capítulo de una historia que obliga a examinar prácticas y controles a la luz del principio de responsabilidad pública.