La Policía Nacional investiga una agresión grupal contra una niña de 13 años ocurrida el pasado 6 de marzo en la plaza de Barcelos, en Pontevedra, un episodio que fue grabado y después compartido en redes sociales. Según la denuncia presentada por los progenitores de la víctima, el ataque habría sido perpetrado por cuatro chicas y un chico de entre 12 y 14 años, que propinaron puñetazos, patadas y tirones de pelo. Los padres presentaron la denuncia en la comisaría la mañana del jueves siguiente a la agresión, tras tener conocimiento del vídeo que circulaba entre usuarios. La difusión del material audiovisual facilitó a los investigadores la identificación de los implicados.

La menor agredida acudió a un centro hospitalario para acreditar las lesiones, que constan en el parte médico que acompaña la denuncia, y los padres aportaron ese documento a la Policía como prueba. En el vídeo, que ha servido como prueba inicial, se aprecia un forcejeo que termina con la víctima recibiendo golpes y siendo tironeada del cabello, lo que originó hematomas y la pérdida de mechones. Los investigadores han incorporado esas imágenes al expediente para completar el atestado y fijar la cronología de los hechos. El parte médico, según fuentes policiales, se ha considerado suficiente para formalizar la denuncia y proseguir con las diligencias.

Fuentes de la investigación han explicado que los agentes han procedido a identificar a las personas que aparecen en las grabaciones y han citado a los menores para tomarles declaración. Las diligencias, iniciadas por la comisaría de Pontevedra, han sido remitidas posteriormente a la Fiscalía de Menores, que será la encargada de determinar las medidas y el seguimiento jurídico del caso. Por tratarse de individuos que no han alcanzado la mayoría de edad, las actuaciones judiciales y policiales respetan la normativa de protección de la intimidad y la condición de menores, lo que limita la difusión de sus datos personales.

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Según las mismas fuentes, la hipótesis de trabajo de los investigadores es que la agresión tuvo un carácter aparentemente espontáneo a partir de un enfrentamiento inicial entre dos menores, al que se incorporaron más participantes. Aunque se investiga el móvil del ataque, en el atestado figuran tanto las versiones recogidas a partir del visionado del vídeo como las declaraciones de testigos y de los propios implicados. La Policía Nacional continúa con las pesquisas para aclarar si la acción fue algo puntual o si existía una planificación previa entre los agresores.

El caso ha generado preocupación entre familias y en el entorno escolar de la víctima, que aún se están recuperando del impacto del episodio. La difusión de imágenes de agresiones entre menores en redes sociales ha sido señalada por expertos y autoridades como un elemento que agrava la situación, al normalizar la violencia y dificultar la reinserción de las víctimas. En este sentido, responsables policiales insisten en la importancia de que progenitores y centros educativos mantengan canales de comunicación abiertos y actúen con rapidez ante cualquier indicio de violencia entre jóvenes.

La remisión del expediente a la Fiscalía de Menores activa un proceso en el que las medidas recomendadas pueden ir desde intervenciones educativas y familiares hasta internamientos o medidas socioeducativas, en función de la gravedad y de los antecedentes de los implicados. La normativa española establece también protocolos de actuación específicos cuando los hechos son difundidos en internet, lo que obliga a las plataformas y a los investigadores a tomar decisiones para retirar contenidos y preservar la dignidad de la víctima. En estos casos, la colaboración entre las autoridades y las redes sociales suele ser clave para frenar la difusión de material sensible.

En la provincia y a nivel nacional, las fuerzas de seguridad han registrado en los últimos años episodios similares que muestran la recurrencia de peleas entre adolescentes y la presencia de dispositivos móviles como testigos y propagadores de los hechos. Aunque cada caso tiene sus particularidades, los especialistas subrayan que la prevención requiere combinar medidas legales, educativas y de intervención en el entorno familiar. Asociaciones de protección a la infancia y servicios sociales suelen reclamar protocolos más ágiles para intervenir tanto en la prevención como en la reparación del daño cuando se producen agresiones entre menores.

Por el momento, las autoridades de Pontevedra mantienen la investigación abierta y evitan ofrecer datos sobre la identidad de los implicados, conforme a la normativa sobre menores. La familia de la joven agredida ha solicitado que el seguimiento sea exhaustivo y que se adopten medidas que eviten la revictimización y garanticen la seguridad de la menor. La causa seguirá su curso en la Fiscalía de Menores, que determinará las actuaciones procesales y administrativas que correspondan en función de las pruebas recabadas.