Irene Montero, eurodiputada de Unidas Podemos, presentó una denuncia ante la Policía Nacional tras recibir amenazas de muerte atribuidas a un grupo de la extrema derecha calificado como terrorista por el Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos. La dirigente solicitó además medidas de protección al Ministerio del Interior, que ha confirmado la recepción de la petición y ha iniciado la valoración del riesgo.

La denuncia y la petición de protección

Según fuentes del partido, las amenazas llegaron en los últimos días y contienen referencias al domicilio de la eurodiputada, donde viven sus hijos menores y su pareja.

Podemos no ha precisado aún el nombre del grupo que firma las intimidaciones, aunque remarca que se trata de una organización señalada por las autoridades estadounidenses como vinculada a actividades terroristas.

La denuncia formal ante la Policía Nacional busca que se active el protocolo de protección personal y familiar, y que se evalúe el grado de riesgo para decidir las medidas concretas.

El Ministerio del Interior ha confirmado a la agencia EFE la recepción de la solicitud y ha señalado que se está realizando la correspondiente valoración de peligro.

Reacción pública y contexto

Montero se pronunció este 8 de marzo desde la manifestación del movimiento feminista en Madrid, donde defendió la presencia de las mujeres en el espacio público pese a las campañas de acoso y las intimidaciones.

La eurodiputada citó a otras mujeres que también han recibido ataques —entre ellas, periodistas y activistas— para ilustrar que la violencia política y las amenazas son un problema extendido.

• Denuncia presentada ante la Policía Nacional.
• Solicitud de protección al Ministerio del Interior.
• Grupo extremista señalado por el DOJ y el FBI; Podemos no ha detallado su nombre.

En su intervención, Montero afirmó que la respuesta de quienes defienden los derechos de las mujeres será mantener la actividad pública y la movilización ciudadana.

Evaluación de riesgo y posibles medidas

El procedimiento de protección incluye una evaluación policial del riesgo y la determinación de medidas provisionales o permanentes, en función de la amenaza.

Entre las opciones figuran vigilancia policial, escoltas o medidas de seguridad en el domicilio, siempre tras la valoración técnico-jurídica que realiza Interior y las fuerzas de seguridad.

Fuentes del partido señalan su intención de que se garantice la seguridad de la eurodiputada y de su familia mientras dure la investigación sobre el origen de las amenazas.

El caso suma tensión a un contexto en el que políticos y activistas denuncian un aumento de la hostilidad y de los mensajes violentos dirigidos a figuras públicas, especialmente mujeres vinculadas al feminismo y a la izquierda.

La denuncia y la petición de protección abren ahora un trámite que combina la investigación policial y la valoración del riesgo personal. El desenlace dependerá de la identificación de los responsables y de la propuesta de medidas que emanen de esa evaluación.

Para Montero y su formación, el objetivo es que las amenazas no silencien a quienes defienden la igualdad; su respuesta pública ha sido reafirmar la continuidad en la acción política y en la calle.