La Fiscalía pide tres años de prisión para el exgerente de la empresa Porto de Cambados S.L., que gestionó la compañía entre diciembre de 2019 y marzo de 2022, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. El juicio se celebrará el martes 17 de marzo a las 10:00 en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Ministerio Público sostiene que el acusado cargó a la empresa gastos personales y se apropió de más de 36.000 euros, mientras que la esposa del exgerente está acusada como cooperadora necesaria. La cofradía que actúa como acusación particular reclama una pena mucho mayor y cuantifica el perjuicio en más de 200.000 euros.

Porto de Cambados S.L. es una sociedad dedicada a la comercialización de vieira vinculada a la cofradía local. Según el escrito del fiscal, durante el periodo en que el investigado ocupó la gerencia se realizaron cargos en las cuentas de la empresa que respondían a gastos personales y cobros en efectivo que no fueron ingresados. La investigación apunta a una práctica continuada de imputación de gastos particulares como si fueran costes de la actividad mercantil.

El desglose incluido en la acusación recoge conceptos como combustible por 7.825 euros, dietas y comidas por 5.321 euros, una multa de tráfico de 1.080 euros y reparaciones del vehículo particular por 1.094 euros. Además se enumeran gastos sin factura por 9.480 euros y cobros en efectivo que no constan como ingresos de la empresa, lo que lleva a la Fiscalía a fijar la cuantía presuntamente apropiada en más de 36.000 euros.

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Acusaciones y reclamaciones económicas

El escrito fiscal atribuye al exgerente los delitos de administración desleal y apropiación indebida y solicita, además de la pena de prisión, la responsabilidad civil. La Fiscalía reclama que los condenados indemnicen a la empresa con 31.320 euros por el perjuicio directo y otros 5.242 euros adicionales por los daños ocasionados. La esposa del acusado figura en la causa por haber ingresado en su cuenta bancaria 4.472 euros correspondientes a una factura de la compañía.

La acusación particular, ejercida por el pósito cambadés, presenta una versión más severa de los hechos y solicita una pena de hasta 16 años de prisión, sosteniendo que el desfalco supera los 200.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía centra sus peticiones en las cantidades que considera probadas tras la instrucción, en torno a los 36.000 euros ya citados.

Contexto procesal y repercusiones

El acusado ocupó la gerencia desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2022, periodo en el que, según el ministerio público, se produjeron las irregularidades contables. La vista oral en la Audiencia de Pontevedra servirá para valorar la prueba documental y las diligencias practicadas durante la instrucción, así como para escuchar las alegaciones de la defensa, que por el momento no ha hecho públicas.

Si la sentencia fuera condenatoria en los términos solicitados por la Fiscalía, además de las penas privativas de libertad podrían imponerse las indemnizaciones reclamadas y posibles inhabilitaciones para administrar bienes ajenos. La distancia entre las pretensiones de la acusación particular y las del fiscal apunta a que el desarrollo probatorio en la vista será clave para dirimir la cuantía final del perjuicio y la calificación jurídica.

El caso abre un nuevo frente de atención en la gestión de recursos en empresas vinculadas a sectores extractivos y cooperativos en Galicia, donde la transparencia en la contabilidad y el control interno son recurrentes objetos de debate. Para la cofradía y la sociedad implicada, el proceso significa además un impacto reputacional que las partes deberán abordar independientemente del resultado judicial.

La vista del próximo martes será la ocasión en la que se centren en la prueba las discrepancias entre las partes y se concrete la valoración judicial de las cantidades. Fuentes judiciales señalan que la Audiencia Provincial de Pontevedra deberá resolver tanto las posibles responsabilidades penales como las civiles derivadas de la causa.