La causa por la muerte del joven Soufian M., apuñalado a la salida de un local de copas de Salceda de Caselas en la madrugada del 8 de junio de 2019, llega esta semana a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con jurado popular. El procesado, identificado como Florian R. y de origen albanés, fue detenido en el Reino Unido en enero de 2024 y extraditado a España; el Ministerio Fiscal reclama para él la pena de 25 años de prisión y la expulsión del país si accede a beneficios penitenciarios.

Cómo ocurrieron los hechos y el relato de la acusación

Según el escrito de acusación, aquella madrugada el grupo de amigos de la víctima estaba en la terraza del bar La Parchita cuando el ahora procesado se acercó y, tras un intercambio de palabras por una copa derramada, comenzó una confrontación. Los testimonios recogen un forcejeo que se trasladó en dirección al Ayuntamiento del municipio. En el trayecto, la víctima cayó al suelo y, siempre según la narración de la Fiscalía, el agresor sacó un cuchillo y lo apuñaló hasta en tres ocasiones en zonas vitales.

El agredido pudo seguir al sospechoso y llegó hasta un banco frente al consistorio, donde se sentó agarrándose el abdomen; poco después reanudó la marcha y cayó desplomado. La autopsia determinó una perforación del corazón como causa del fallecimiento. No consta que mediara otra arma; la acusación enfatiza la brutalidad del ataque y sostiene que las heridas fueron letales de modo inmediato.

La instrucción del caso se prolongó durante años. Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan que la investigación requirió seguimientos y trabajo de campo hasta que permitió localizar al presunto autor fuera de España. La detención tuvo lugar en el condado de Cheshire el 6 de enero de 2024, y posteriormente se produjo la extradición, un proceso que reavivó la atención en Salceda y en la comarca del Condado.

De la investigación a la sala del jurado: trámites y pruebas

El juicio, que se inicia con la constitución del jurado el lunes a las 10.00 horas, se desarrollará con la declaración del acusado y una batería de testigos y peritos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha previsto la comparecencia de 17 agentes de la Guardia Civil y de cinco peritos, que serán llamados a ratificar declaraciones, reconstrucciones y los informes forenses que sostienen la acusación.

En España, los procedimientos con jurado popular para delitos de esta gravedad buscan que ciudadanos no profesionales participen en la valoración de la prueba y la penología. No es la primera vez que la comarca ve un proceso así; sin embargo, para muchos vecinos de Salceda —un concello de escasa población donde los sucesos violentos son percibidos con mayor sacudida— la vista supone el cierre de un capítulo que se abrió casi siete años atrás.

La Fiscalía ha pedido además que la pena se cumpla íntegramente en España y, en caso de que el condenado acceda al tercer grado o a la libertad condicional, solicitará su expulsión del territorio nacional y la prohibición de regreso durante una década por el argumento del falta de arraigo. También reclama indemnizaciones próximas a los 300.000 euros para los padres y los hermanos de la víctima.

Contexto local y repercusiones en la comunidad

Salceda de Caselas, situado en la comarca del Condado y muy cercano a Vigo y Porriño, vivió desde 2019 con la sombra de aquel crimen. Vecinos y familiares han esperado a lo largo de años una respuesta judicial que ahora se materializa en la vista oral. A falta de la palabra final del jurado, la apertura del juicio reaviva preguntas sobre la seguridad en locales de ocio nocturno y la gestión de conflictos en espacios públicos.

La recuperación del cuerpo del delito y las pesquisas transnacionales ilustran, al mismo tiempo, la complejidad de perseguir a sospechosos que abandonan el país. La coordinación policial entre España y el Reino Unido fue definitiva para la localización y detención de Florian R., una labor que fuentes judiciales definen como “laboriosa”. Ese trabajo, que culminó con una orden de detención en territorio británico, permitió romper el periodo de impunidad que había transcurrido desde 2019 hasta comienzos de 2024.

En el plano político y social, el caso toca nervios sensibles: la mezcla de criminalidad callejera, nocturnidad y movilidad internacional ha sido utilizada en debates locales sobre orden público y políticas migratorias. Con todo, tanto autoridades como habitantes insisten en separar la nacionalidad del presunto culpable de la valoración jurídica de los hechos: la causa se dirime en los tribunales y corresponde al jurado y a los jueces decidir conforme a la ley y a la prueba.

Para la familia de la víctima, que ha reclamado desde el primer momento justicia y esclarecimiento, el proceso es una oportunidad para que los hechos —los últimos minutos de vida de Soufian, la rápida huida del acusado, la detención en el extranjero— sean analizados y valorados con detalle. Los abogados de la acusación particular solicitarán que se acrediten los agravantes y que la responsabilidad civil sea fijada en línea con las cantidades reclamadas por la Fiscalía.

El calendario procesal es claro: tras la constitución del jurado el lunes y las primeras testificales, el martes continuarán las pruebas y peritajes, y el miércoles está previsto que el jurado comience su deliberación. A partir de ahí, dependerá de la complejidad de las pruebas y de las deliberaciones para que la sentencia llegue en los plazos marcados por la legislación.

Más allá del pronunciamiento penal, el caso deja en el aire cuestiones sobre prevención y convivencia en localidades pequeñas. Salceda no es una excepción en Galicia; como en otras comarcas, la gestión del ocio nocturno, la presencia de dispositivos de seguridad y la atención a las víctimas son temas que seguirán sobre la mesa. La expectativa ahora es judicial, pero el debate social promete continuar.

La vista oral abre la puerta a una respuesta definitiva del sistema de justicia. Para los que conocieron a Soufian y para quienes han seguido la investigación desde lejos, la palabra “juicio” representa algo más que una fecha en el calendario: es la última instancia para que se aclare lo ocurrido y, en su caso, para que la sociedad escenifique su condena a la violencia mortal en la calle.