Kiko Matamoros, colaborador televisivo, se sentará en el banquillo el próximo miércoles, 18 de marzo de 2026, acusado de ocultar patrimonio para eludir el pago de impuestos, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía. El ministerio público solicita para él cinco años y seis meses de prisión y reclama también cuatro años de cárcel para su exesposa, María José Giaever, conocida como Makoke, a la que considera cooperadora necesaria. La causa se tramita en la Audiencia Provincial de Madrid y la fiscalía sostiene que la ocultación perseguía frustrar posibles acciones ejecutivas de la Agencia Tributaria.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide multas para ambos y la obligación de reparar el presunto perjuicio fiscal. En concreto reclama que la pareja abone multas de 33.000 y 30.750 euros, respectivamente, y que indemnicen de forma conjunta a la Agencia Tributaria por 471.900 euros. La Fiscalía añade que, por alzamiento y ocultación de bienes, Matamoros debería asumir un pago adicional de 636.697 euros.

En su escrito de acusación, el fiscal detalla que Matamoros se habría abstenido de presentar las declaraciones fiscales oportunas y que, desde 2009, diseñó un plan destinado a proteger su patrimonio frente a embargos. Según la fiscalía, era consciente de que sus ingresos habrían sido suficientes para satisfacer las deudas, pero optó por una estrategia para preservar su capacidad económica y su nivel de vida.

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La acusación explica que esa estrategia incluyó la utilización de terceras personas y sociedades interpuestas para generar una apariencia de inexistencia de recursos. El escrito recoge la existencia de empresas vinculadas al acusado y la celebración de contratos paralelos que, a juicio del fiscal, servían para formalmente vaciar su patrimonio y dificultar la labor recaudatoria de Hacienda.

La Fiscalía describe además un mecanismo por el que los ingresos derivados de su actividad profesional, especialmente entre 2009 y 2014, eran facturados por terceros y posteriormente entregados a Matamoros. Durante esos años el colaborador desarrolló una intensa labor en televisión, prensa del corazón y publicaciones diversas, lo que, según la acusación, facilitó el entramado de percepción indirecta de ingresos.

El historial fiscal del colaborador figura asimismo en los argumentos del Ministerio Público: Matamoros apareció por primera vez en la lista de morosos correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 y fue incluido en el listado de grandes deudores de 2020, que agrupa a quienes adeudaban más de 600.000 euros. Según la información pública, salió de ese registro en 2022, hecho que se hizo conocido en 2023.

La calificación del fiscal diferencia los roles atribuidos a ambos procesados: a Matamoros se le imputa la autoría del alzamiento y la ocultación de bienes, mientras que a Makoke se le atribuye la condición de cooperadora necesaria en esos supuestos hechos. La Fiscalía plantea así una respuesta penal que combina penas de cárcel, sanciones económicas y el cumplimiento de indemnizaciones a favor de la Hacienda Pública.

Fuentes judiciales confirman que las conclusiones citadas son provisionales y que durante la vista oral, prevista en la Audiencia Provincial de Madrid, se podrán aportar pruebas, testigos y las alegaciones de la defensa. Hasta el momento no constan declaraciones públicas de los investigados sobre las nuevas imputaciones ni comunicados de sus representantes.

El caso se inscribe en una serie de procedimientos abiertos en los últimos años contra figuras públicas por presuntos fraudes fiscales y maniobras societarias encaminadas a ocultar patrimonio. Si el tribunal confirma las peticiones del fiscal, las consecuencias penales y económicas para los acusados serían de gran magnitud y podrían marcar un antes y un después en la carrera mediática de ambos.