Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este miércoles por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública. García, que se encuentra en prisión preventiva, se acogió a su derecho a no declarar, pero ofreció una declaración inicial en la que pidió calma y aseguró que la verdad saldrá a la luz con el tiempo, al tiempo que advirtió que el procedimiento «acaba de empezar». La presencia telemática tuvo lugar dentro de las sesiones que estudian posibles irregularidades en contratos públicos vinculados a la pandemia.

En su intervención inicial, el exasesor reprochó lo que consideró un «circo mediático» y defendió su honorabilidad, anunciando que llevará ante los tribunales las afirmaciones que califica de falsas. García afirmó que dispone de pruebas para acreditar su versión y expresó su voluntad de que sea la jurisdicción penal la que resuelva las acusaciones contra él. Su tono fue combativo pero contenido: rechazó la difusión de rumores y pidió que se preserve la presunción de inocencia mientras avanza la instrucción.

El compareciente manifestó también su preocupación por el daño colateral que, según dijo, han sufrido personas de su entorno. Admitió haber cometido «un error de cálculo» al no prever que las pesquisas afectarían a su círculo más cercano y lamentó las consecuencias personales que han provocado las actuaciones policiales y la cobertura informativa. García insistió en que muchas de las personas afectadas no tienen relación con los hechos que investiga la comisión y que han sufrido un perjuicio injustificado.

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Durante su intervención ante los diputados navarros, el exasesor relató además que, seis meses antes de los registros, alertó a la Guardia Civil de que estaba siendo seguido y se ofreció a colaborar con la investigación. Aclaró que, por su trayectoria profesional en seguridad, creyó que su cooperación facilitaría las pesquisas, y por eso criticó con dureza la forma en que se practicó el registro de su domicilio. Según su versión, la manera de entrar en su casa provocó daños personales difíciles de reparar y puso en cuestión las decisiones tácticas de los investigadores.

García también se mostró crítico con quienes vinculan su trayectoria sin titulaciones académicas con una supuesta falta de capacidad. Rechazó planteamientos que, a su juicio, simplifican una situación compleja y utilizan aspectos de su perfil para desprestigiarlo. En ese discurso lanzó un reproche a determinados actores políticos y mediáticos que, aseguró, han contribuido a una imagen distorsionada de su papel en los hechos que se investigan.

El contexto parlamentario en Navarra se ha visto ampliado por imputaciones y recomendaciones de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), que, según informaciones previas, ha señalado a personas como Isabel Pardo de Vera en la trama de las mascarillas. Las comparecencias en la comisión buscan aclarar adjudicaciones y responsabilidades administrativas y penales, y la declaración telemática de García ha vuelto a poner en el centro del debate la gestión de las compras sanitarias durante la crisis sanitaria.

Desde el punto de vista procesal, la comparecencia no supuso un interrogatorio prolongado: el exasesor se acogió al derecho a no declarar después de su intervención inicial y la comisión registró su testimonio telemático. Fuentes parlamentarias señalan que la investigación seguirá recabando documentación y citando a otros implicados mientras la causa judicial continúa su curso en la jurisdicción competente. García, en su breve intervención, subrayó que confía en que la resolución judicial pondrá orden y en que todavía quedará mucha información por conocer.

La sesión de hoy añade una nueva pieza a un caso que mantiene en tensión a la política y la opinión pública por la mezcla de resonancia mediática y consecuencias penales. Los partidos con representación en Navarra manifestaron después su voluntad de continuar con la investigación parlamentaria, y en los próximos días está previsto que se sigan citando a testigos y responsables para tratar de completar el mapa de decisiones y contratos que motivaron la apertura de la comisión.