Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, solicitó hoy su puesta en libertad ante el Tribunal Supremo antes del juicio por la compra de mascarillas a Correos, cuya vista oral arrancará en abril y se prolongará durante todo el mes. La defensa presentó tres escritos esta mañana, alegando indefensión por el hecho de que su cliente continúe en prisión mientras se celebra el juicio.
En los recursos, la abogada Leticia de la Hoz pide además que García declare en último lugar, incluso detrás del comisionista Víctor de Aldama, al que califica —citando al juez Cobo del Rosal— como un «ornitorrinco procesal«, por combinar la condición formal de acusado con actuaciones que benefician a la acusación.
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## Petición de libertad y medidas alternativas
La defensa arguye que la permanencia en prisión impide preparar con igualdad de armas la compleja vista, dada la abundante documentación del caso.
Para neutralizar el riesgo de fuga, el escrito propone medidas menos gravosas:
- Pulsera de geolocalización permanente
- Retirada del pasaporte
- Comparecencias en sede judicial, incluso diarias si se estima
La letrada subraya que la duración del juicio —que se extenderá todo abril— y la «complejidad técnica» aumentan las dificultades de defensa desde la cárcel.
## Orden de declaración y riesgo procesal
Leticia de la Hoz solicita que Aldama declare en primer lugar para evitar sorpresas probatorias derivadas de su posición ambivalente en el proceso.
La abogada advierte que la figura del «ornitorrinco procesal» genera un «riesgo evidente de indefensión» porque Aldama, pese a ser formalmente imputado, actúa como fuente de acusaciones contra otros coimputados.
El escrito recuerda las peticiones de pena formuladas por el fiscal:
- Víctor de Aldama: 7 años y medio
- José Luis Ábalos: 24 años
- Koldo García: 19 años y medio
Además, la defensa reclama que se investigue cómo lograron los agentes acceder a datos personales y comunicaciones del investigado, una cuestión que consideran esencial para garantizar la legalidad probatoria.
Los escritos presentados ante el Supremo también apelan al arraigo familiar de García como factor que refuerza la viabilidad de medidas menos restrictivas que la prisión preventiva.
En su petición la defensa evita confrontar con el fondo de las imputaciones, centrando la argumentación en motivos de procedimiento y en la necesidad de que el procesado pueda preparar con garantías su estrategia de defensa.
La causa que dará nombre al juicio se refiere a contratos y compras de material sanitario gestionados por organismos dependientes de Correos, una pieza que ha concentrado atención por las cuantías y las relaciones entre intermediarios y responsables públicos.
Con la vista fijada para abril, el Tribunal Supremo tendrá que resolver ahora sobre las medidas cautelares solicitadas y sobre el orden de las declaraciones. La decisión influirá directamente en la dinámica del juicio y en la capacidad de la defensa para contradecir las acusaciones que puedan surgir de testigos o de acusados con posición híbrida.
El proceso mantiene en vilo a la esfera política y judicial por la implicación de figuras vinculadas a la Administración central y por la cuantía de las penas solicitadas.
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