Goretti Sanmartín anunció este miércoles que el gobierno municipal llevará al próximo pleno una moción conjunta del BNG y Compostela Aberta para instar a la Xunta de Galicia a activar de forma urgente la retirada de los residuos depositados en la cantera de Miramontes y a garantizar la restauración ambiental de la zona. La petición llega después de que la Audiencia Provincial de A Coruña dictara una sentencia firme que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente por los hechos ocurridos en la parroquia de Guixoa.

La moción municipal y las demandas concretas

En la rueda de prensa, la alcaldesa defendió que la iniciativa del Concello no es un gesto simbólico sino una exigencia administrativa: quiere que la Xunta publique un calendario con plazos concretos para la retirada del material acumulado y para la ejecución de la restauración ambiental. Además reclamó que la administración autonómica informe con detalle sobre los riesgos detectados y las medidas de prevención para evitar nuevos impactos.

Sanmartín subrayó el respaldo municipal a las reclamaciones de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de Ferusa, colectivos que han mantenido la presión pública y judicial desde que se detectaron los vertidos. “Queremos que la corporación municipal manifeste o seu apoio á reivindicación da plataforma de afectadas pola canteira de Miramontes e de Ferusa, despois desa sentenza que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra o medio pola actividade desenvolvida nesas instalacións na parroquia de Guixoa”, dijo la regidora, traduciendo al castellano las principales demandas de los vecinos afectos.

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“Lo que exigimos es que la Xunta haga público un calendario, que ponga plazos y que diga cuándo se va a retirar ese material, y cuándo se va a proceder a la restauración ambiental de la zona; y también que informe de todos los riesgos, de todas las fórmulas que puedan evitar nuevos impactos negativos en esta zona”.

El Concello, según explicó la alcaldesa, ha promovido “todos los procedimientos posibles” y se ha implicado activamente desde el inicio del conflicto, defendiendo “la salud, los derechos y el medio ambiente” de los vecinos. A falta de una respuesta oficial de la Xunta, el equipo de gobierno busca cohesionar el posicionamiento de la corporación para presionar a la administración autonómica a cumplir con las responsabilidades que le competen en materia de residuos y restauración de espacios degradados.

Un conflicto largo con responsables judiciales

La polémica en torno a Miramontes no es nueva. La conversión de canteras y espacios extractivos en lugares de acumulación de materiales ha sido motivo de tensión en varias localidades gallegas en los últimos años, y el caso de Guixoa saltó a la agenda pública cuando se detectaron vertidos que finalizaron en responsabilidad penal para una empresa. La sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña contra Tecnosolos Galaicos marca un punto de inflexión: reconoce la comisión de un delito ambiental, pero no soluciona de forma automática la remediación técnica del terreno ni la restitución de la tranquilidad a la vecindad.

Fuentes municipales recuerdan que, tras una sentencia penal, el procedimiento para la ejecución de las medidas de restauración suele exigir actuaciones administrativas y, en ocasiones, responsabilidades económicas que deben dirimirse en otros ámbitos. Es precisamente esa articulación entre lo judicial y lo administrativo la que ahora reclama la alcaldesa: un calendario público, con plazos y responsabilidades claras, que evite demoras y arbitrariedades.

En la parroquia de Guixoa, situada al norte del municipio de Santiago, la inquietud entre los vecinos no ha remitido. Asociaciones vecinales y plataformas han denunciado olores, la presencia de camiones y la incertidumbre sobre posibles afecciones a acuíferos o a usos agrícolas próximos. Aunque las alertas sanitarias y ambientales no siempre desembocan en conclusiones contundentes, la percepción de riesgo y la demanda de transparencia han sido constantes.

Repercusiones políticas y pasos a seguir

La moción que se llevará al pleno municipal sirve además como prueba de fuerza política: al unir a las formaciones que sostienen el gobierno local, Sanmartín busca un mandato explícito que avale la presión política sobre la Xunta. Si la Xunta responde con un calendario y actuaciones visibles, la alcaldesa encontrará en ello una salida técnica y política; si no, el escenario será de nuevo de desgaste institucional y de posible escalada de movilizaciones por parte de los colectivos afectados.

En el plano técnico, la retirada de residuos de una cantera como Miramontes implica estudios ambientales, proyectos de restauración y la definición de quién asume los costes. La sentencia penal contra la empresa implicada puede abrir la vía para que la propia compañía cargue con parte de la factura, pero también es práctica habitual que la administración promueva intervenciones provisionales para reducir riesgos inmediatos, adelantando trabajos que luego se reclamarán a los responsables.

Desde el punto de vista político, la Xunta tiene ante sí una doble prueba: demostrar capacidad de gestión en un asunto sensible y dar una respuesta creíble a una ciudadanía que reclama seguridad y el fin de prácticas que dañan el entorno. En Galicia, la gestión de residuos y la restauración de espacios degradados suele ser seguida con lupa por ecologistas y comunidades locales; por eso la rapidez y la transparencia en los pasos a dar serán evaluadas con atención.

Para los vecinos de Guixoa, la sentencia ya firmada es un alivio parcial: confirma la existencia de una responsabilidad penal, pero no elimina la preocupación diaria. La alcaldesa lo sintetizó en su intervención: “Tras esta sentencia, lo que resulta inaceptable es que no se dé una solución ambiental definitiva… Mientras se mantengan esos materiales depositados seguirá la preocupación y los riesgos para la vecindad”. Con el pleno municipal como próxima estación, el conflicto entra ahora en una fase en la que la política y la administración autonómica deberán marcar el calendario de actuación o asumir el coste político de la parálisis.