La alcaldesa de Vilariño de Conso declara como imputada por presunta prevaricación tras la contratación de personal

Melisa Macía, alcaldesa de Vilariño de Conso, compareció ante la jueza de Pobra de Trives el pasado 25 de marzo de 2026 acusada de un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación de personal municipal. La citación, que había sido aplazada el 11 de marzo, se celebró en la Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Trives y contó también con la presencia de la secretaria-interventora del Concello.

La comparecencia y los cargos

La diligencia judicial se prolongó durante la mañana y funcionó en la práctica como la primera fase de instrucción en la que la jueza instructora, Marta Sánchez Paramio, busca determinar si las contrataciones realizadas por el gobierno local vulneraron la legalidad administrativa. Fuentes del Ayuntamiento defendieron la actuación de la regidora y sostienen que las decisiones adoptadas respondieron a necesidades inmediatas del municipio.

En el centro del procedimiento figura la naturaleza de las contrataciones: el escrito de citación alude a un posible «uso indebido de contratos» por parte del Concello, sin que por el momento exista una resolución firme. La acusación —de carácter público— es de prevaricación administrativa, término con el que el Código Penal sanciona la adopción consciente de decisiones injustas por parte de un cargo público.

Durante su declaración, la alcaldesa mantuvo que la gestión que motivó la investigación no obedeció a voluntades particulares sino a la urgencia de mantener servicios esenciales y actividades culturales que sostienen la vida local. Tal postura se sintetizó en sus palabras —proferidas en gallego—

«As contratacións foron necesarias»

La secretaria-interventora, cuyo testimonio aparece también en los autos, acudió a la sede judicial acompañando la comparecencia. A falta de un pronunciamiento judicial definitivo, no se han ofrecido detalles oficiales sobre si su condición en el procedimiento es la de investigada o la de compareciente colaboradora, aunque participa en la instrucción por su papel técnico en las autorizaciones.

Un telón de fondo de restricciones y necesidades en la Galicia rural

No es la primera vez que en las comarcas interiores de Ourense las contrataciones municipales terminan en los despachos de los tribunales. La despoblación, el envejecimiento de la plantilla municipal y la presión por mantener festividades y servicios dejan a muchos concellos ante la disyuntiva de contratar de modo ágil o ver paralizada la actividad cultural y administrativa.

Vilariño de Conso, conocido por eventos como el festival ViBoMask y por recuperar tradiciones como la fuliada, vive con intensidad esa tensión. Para los ayuntamientos de su tamaño, contratar personal temporal o episodios puntuales de servicios vinculados a eventos no es una excepción, sino una práctica habitual. Sin embargo, la regulación sobre contratación pública y la exigencia de transparencia han estrechado el margen de maniobra.

La ley exige, en esencia, que los procedimientos se ajusten a principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Cuando una decisión parece privilegio de unos frente a otros o esquiva los canales previstos, los denunciantes cuentan con mecanismos —tanto administrativos como penales— para provocar una investigación. En este caso, la instrucción abierta por la jueza será la que determine si hubo omisión del deber legal por parte de la alcaldesa y, en su caso, de otros responsables municipales.

Repercusiones políticas y pasos procesales

La apertura de diligencias penaliza más allá del ámbito estrictamente jurídico: en municipios pequeños, una investigación de este tipo puede fracturar el diálogo político y rebajar la confianza de la ciudadanía en la gestión local. Los próximos meses serán decisivos para el futuro inmediato del gobierno de la Villa: la instrucción judicial marcará si la causa avanza hacia un juicio o se archiva, y, paralelamente, la administración municipal deberá seguir garantizando servicios que afectan a vecinos y actividades culturales.

En el plano procesal, la fase de instrucción contempla la práctica de diligencias, toma de declaraciones y posible ampliación de imputaciones. Si la jueza considerase que hay indicios suficientes, la causa podría elevarse a juicio; si no, regresarían al ámbito administrativo o se archivaría el asunto. Si la acusación prosperara, las consecuencias para el cargo público podrían llegar hasta inhabilitaciones, además de sanciones penales y civiles.

Mientras tanto, en la villa y en la comarca observan con atención. Asociaciones vecinales y agentes culturales que impulsan el ViBoMask y otras citas locales reclaman que se preserve cuanto antes la normalidad en la organización de actividades, pero también que se clarifiquen responsabilidades si las hubo. Desde la Xunta y otras administraciones se subraya la necesidad de que los procedimientos se ajusten a la ley, sin prejuzgar resultados.

El caso de Vilariño de Conso resume un dilema mayor: cómo compatibilizar la agilidad de la gestión en municipios con pocos recursos con las exigencias de control que reclama la administración moderna. La investigación que instruye la jueza Marta Sánchez Paramio no solo pondrá en solfa decisiones concretas, sino que también servirá para reflexionar sobre fórmulas de gobernanza adecuadas a la Galica rural. A la espera de nuevos pasos del proceso, el tiempo judicial determinará si las contrataciones fueron, como sostiene la alcaldesa, una urgencia justificable, o si se vulneraron las normas que rigen lo público.