Goretti Sanmartín anunció este viernes que llevará al próximo pleno municipal una moción conjunta del BNG y Compostela Aberta para instar a la Xunta de Galicia a activar de forma inmediata la retirada de los residuos depositados en la cantera de Miramontes, en la parroquia de Guixoa, y a garantizar la restauración ambiental de la zona. La petición llega tras una sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente, y con la presión de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de Ferusa.

La moción municipal y la exigencia a la Xunta

La iniciativa que defenderá el gobierno local pretende, sobre todo, que la administración autonómica concrete plazos y responsabilidades. Según la regidora, el Concello ya ha actuado “promovendo todos os procedimientos posibles”, pero la resolución judicial exige ahora una intervención por parte de quien tiene las competencias en materia de residuos en Galicia: la Xunta. En concreto, la alcaldesa reclama que se haga público “un calendario con prazos concretos sobre cando se vai retirar ese material e cando se vai proceder á restauración ambiental da zona” y que se informe de las medidas de prevención para evitar nuevos impactos.

La moción, que suma el apoyo de los dos grupos de gobierno municipal, quiere además dar respaldo institucional a las reivindicaciones vecinales. La Plataforma de Afectados ha venido denunciando desde hace años la presencia de materiales que, según sus alegaciones y la investigación judicial, no deberían haberse depositado en la cantera. Ferusa, empresa implicada también en la reivindicación, avala la petición de una actuación rápida para minimizar riesgos sobre la salud y el entorno.

En el pleno, esperan que la postura del Concello suponga un impulso político con efecto directo sobre la Xunta. No es la primera vez que la capital gallega celebra acuerdos para reclamar actuaciones a la administración autonómica —en materia de infraestructuras, servicios y medio ambiente— pero la singularidad de Miramontes reside en la combinación de fallo judicial firme y la persistente inquietud de la población de Guixoa, a escasos kilómetros del casco urbano santiagués.

Un fallo judicial y el clamor de la vecindad

La sentencia de la Audiencia Provincial, declarada firme recientemente, tipifica la actividad en las instalaciones como un delito contra el medio ambiente y responsabiliza a Tecnosolos Galaicos. A falta de acceso público al texto íntegro de la resolución en el momento en que se anunció la moción, las fuentes consultadas en el Concello coinciden en que el fallo obliga a limpiar y restaurar el emplazamiento, aunque no despeja por sí solo la cuestión práctica de quién afronta el coste y en qué plazos se ejecutarán las obras.

“É inaceptable que non se dea unha solución ambiental definitiva… Mentres se manteñan aí materiais depositados vai continuar a preocupación e os riscos para a veciñanza”,

Esas palabras de la alcaldesa, pronunciadas en gallego durante la rueda de prensa, resumen la sensación de la comunidad de Guixoa. Vecinos de la parroquia han explicado en reiteradas ocasiones su inquietud por posibles filtraciones, la presencia de olores y la falta de información sobre el tipo exacto de residuos. Aunque no todos los análisis ambientales hacen públicas conclusiones concluyentes, la presión social ha ido subiendo hasta convertir el caso en un asunto municipal y autonómico.

En las últimas semanas se han celebrado reuniones entre representantes de la Plataforma y técnicos del Concello para coordinar acciones y peticiones. Los afectados reclaman, además de la retirada y restauración, un programa de vigilancia que incluya controles de calidad del aire y del agua, así como información periódica y accesible para la ciudadanía; algo que, según denuncian, ha faltado en episodios anteriores.

Qué se espera ahora: plazos, costes y prevención

La exigencia de un calendario público no es un capricho retórico: la comunidad quiere saber cuándo arrancarán los trabajos, cuánto durarán y quién asumirá el coste de la intervención. Legalmente, la responsabilidad primaria recae sobre los generadores y gestores de residuos, y la sentencia opera como herramienta para forzar medidas. Sin embargo, en la práctica, la administración autonómica suele ser la que coordina la ejecución y, si hace falta, promueve ejecuciones subsidiarias con cargo a los responsables cuando éstos no actúan.

Fuentes municipales consultadas por este periódico indican que el Concello pretende que la moción contemple la petición de financiación, planes técnicos de extracción y traslado de materiales, así como programas de restauración que incluyan impermeabilización del sustrato y revegetación con especies autóctonas. También solicitarán protocolos de emergencia y comunicación para los vecinos mientras duren las actuaciones.

En clave política, la demanda llega en un momento sensible para la Xunta, porque pone sobre la mesa la eficacia de la administración autonómica en asuntos ambientales que afectan a municipios con gran peso simbólico como Santiago de Compostela. A falta de una respuesta oficial de la Xunta en el cierre de la jornada, los grupos locales esperan que la presión municipal y la visibilidad que tiene el caso impulsen una actuación rápida.

El final del episodio dependerá de múltiples factores: la capacidad de ejecución de los técnicos, la rapidez con la que se puedan tramitar autorizaciones y contrataciones, y la determinación de los responsables a cumplir la sentencia. Para los vecinos, no bastan palabras; reclaman hechos y garantías.

Si algo ha dejado claro el conflicto de Miramontes es que una sentencia no debería ser el punto final sino el punto de partida hacia una reparación tangible. La moción del pleno será una prueba de fuego para medir si las instituciones —municipales y autonómicas— están dispuestas a convertir la obligación judicial en una solución ambiental definitiva, como exige la vecindad de Guixoa.