Los productores de A Limia afrontan en la campaña de 2026 una caída pronunciada del precio de la patata en el mercado, que sitúa el producto fuera de contrato en torno a 12 céntimos por kilo, muy por debajo de los costes de cultivo. En la comarca ourensana, solo aquellas parcelas amparadas por la indicación geográfica han logrado colocarse en acuerdos que rondan los 35 céntimos por kilo, gracias a la demanda del sello de calidad. La combinación de oferta extranjera, problemas climatológicos y contratos reducidos explica por qué muchas ventas no cubren lo invertido.

La pérdida de valor respecto a ejercicios anteriores es notable: entre 2023 y 2024, el kilo llegó a pagarse cerca de medio euro en algunos momentos, una referencia que hoy parece ya lejana para quienes venden fuera de acuerdos formales. Agricultores consultados señalan que las ventas al margen del sistema de contratos se cerraron a precios que no permiten cubrir los gastos, y que la persistente llegada de lotes del exterior está presionando aún más la cotización. El mercado nacional, con importantes envíos desde Francia, ha reducido el margen de maniobra de los productores limianos.

José Manuel Gómez, presidente de la indicación de calidad, subraya que los contratos gestionados por la entidad sí se han cumplido y que la mayoría de los acuerdos de este año se fijaron entre 30 y 40 céntimos el kilo. Sin embargo, advierte de que quienes no están amparados por el sello venden por debajo del coste, que él sitúa en torno a 25 céntimos por kilo. Gómez explica también que las inundaciones registradas en febrero han agravado la situación económica, porque la excesiva humedad obliga a repetir labores y a incrementar insumos.

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Los terrenos de la Limia siguen con charcos en parcelas que deberían estar ya preparadas para la recolección y otras tareas, lo que retrasa los trabajos y eleva la mano de obra. Varias explotaciones tendrán que asumir gastos extraordinarios para recuperar la estructura del suelo y reponer elementos arrastrados por el agua, lo que incrementa aún más el punto de equilibrio económico. En parcelas de recolección manual, calculan que recoger variedades como la Kennebec por debajo de 30 céntimos resulta claramente deficitario.

Los productores que optan por la certificación de la IXP ven en ella una amortiguación frente al desplome general, y en los últimos años el número de fincas adheridas ha crecido. Entre ellos figura Antonia Calvo, de “A Casa da Pataca”, que dedica la mayor parte de su cosecha a la calidad y confirma que el coste real de producción incluye la mano de obra y otros gastos que empujan el umbral de rentabilidad al alza. Para quienes trabajan con sello, los contratos ofrecen una garantía relativa, pero no bastan para salvar a todos los agricultores si el mercado general continúa en descenso.

La comarca afronta al mismo tiempo una transformación en su infraestructura de riego: en A Limia está en marcha una inversión superior a 40 millones de euros destinada a un nuevo sistema que aspira a estabilizar la producción en el medio plazo. Pese a ello, muchos productores muestran escepticismo sobre la viabilidad de relevar generaciones en las explotaciones si las cotizaciones no mejoran, y alertan de que la modernización de regadíos no compensa pérdidas permanentes en el precio de venta.

El temor se agrava por la entrada de grandes volúmenes de patata extranjera, principalmente procedente de Francia, y por la inquietud ante posibles acuerdos comerciales internacionales como Mercosur que podrían introducir producto a menor coste. Algunos agricultores pronostican una caída adicional y llegan a afirmar que podrían verse obligados a vender a precios mínimos de alrededor de ocho céntimos el kilo si la presión importadora no se frena. Esa expectativa alimenta la incertidumbre y replantea la estrategia a corto plazo de muchas explotaciones.

En este contexto, la IXP y los contratos de calidad salen del escenario como elementos clave para sostener parte de la producción, pero no son una solución universal. Los agricultores reclaman medidas coordinadas que incluyan control de entradas, apoyos a la profesionalización y políticas que garanticen precios justos para evitar el abandono progresivo del cultivo. Mientras tanto, la Limia mira a la próxima campaña con cautela, pendiente de la evolución del mercado y del clima que marcará la rentabilidad de su cultivo emblemático.