La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado firme la sentencia que afecta a los marineros nepalíes del buque «Karar», detenidos en abril de 2020 por el hallazgo de 3,8 toneladas de cocaína. La resolución, aprobada a instancias del abogado defensor, allana el camino para su expulsión del territorio español tras una instrucción y juicio que se han prolongado durante seis años. Aunque la pena impuesta fue de seis años y un día de cárcel, la Sala ha autorizado su sustitución por la expulsión al haber cumplido ya el periodo máximo de prisión preventiva. No obstante, los trámites administrativos necesarios para materializar el regreso a Nepal todavía están pendientes.

Los 14 tripulantes nepalíes y bangladesíes del «Karar» quedaron a disposición de la Justicia tras el abordaje en alta mar del barco el 25 de abril de 2020, en un caso que ha mantenido a varios de ellos en España durante todo el proceso. Tras cumplir el límite legal de cuatro años de prisión provisional, fueron excarcelados en abril de 2024, si bien tuvieron que permanecer en Vigo para asistir al juicio y esperar la sentencia que se hizo pública en enero. La Sala ha declarado firme ahora la parte de la resolución que afecta a los marineros de Nepal, mientras que en otros casos aún se tramitan recursos y notificaciones.

En la vista, los tripulantes nepalíes admitieron su participación y por ello recibieron la condena ya citada, pero la acumulación del tiempo en prisión preventiva evita que vuelvan a ingresar en un centro penitenciario. Según explicó su letrado, Alfredo Rodríguez, la decisión judicial satisface la petición de que se ejecutara la pena en forma de expulsión, aunque queda pendiente que la administración lleve a cabo los pasos formales para la devolución. Entre esos pasos figuran la tramitación de los documentos de viaje y la coordinación con las autoridades de Nepal, gestiones que normalmente dependen del Ministerio del Interior y de la diplomacia consular.

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No todos los miembros de la tripulación permanecen en España: el capitán y varios marineros bangladesíes abandonaron el país de forma irregular mientras aún se esperaba el fallo, según fuentes del caso. El resto de los condenados sigue residiendo en Vigo y su área metropolitana a la espera de que se concreten las salidas forzosas, un proceso que puede demorarse por la necesidad de notificaciones personales y la interposición de recursos. De hecho, la firmeza se ha declarado solo respecto a los nepalíes porque en otros expedientes aún no ha vencido el plazo para recurrir o faltan notificaciones individuales del fallo.

El macroproceso del «MV Karar» se ha caracterizado por su complejidad y por la magnitud del alijo incautado, que obligó a desplegar diligencias entre juzgados y tribunales durante años. La causa incluyó múltiples imputados y actuaciones policiales internacionales para rastrear la procedencia y la red de distribución de la droga. La sentencia que ahora da pie a la expulsión se conoció hace apenas dos meses, pero su ejecución exige la colaboración administrativa que normalmente se prolonga más allá del pronunciamiento judicial.

Fuentes jurídicas subrayan que la sustitución de penas privativas de libertad por expulsiones es una fórmula contemplada por la ley cuando el tiempo de prisión provisional impide cumplir la condena impuesta, evitando así la reentrada a prisión. No obstante, la expulsión no es automática: requiere emitir resoluciones administrativas, disponer de pasaportes o documentos de identidad válidos y pactar, en su caso, la readmisión con el país de origen. En el caso de los tripulantes nepalíes, estas gestiones marcarán el calendario final de su regreso.

El Ayuntamiento y organizaciones locales que prestaron asistencia a los marineros durante su estancia en Galicia han mostrado por el momento cautela, pendientes de conocer el calendario y las condiciones en que se producirán las devoluciones. Algunos de los extranjeros permanecieron en recursos de alojamiento y recibieron apoyo legal y social durante las fases más largas del proceso judicial. La situación ha puesto de relieve las dificultades logísticas y humanitarias que acompañan a causas de gran envergadura con implicados de múltiples nacionalidades.

Por ahora, la declaración de firmeza por parte de la Audiencia supone un paso decisivo para los nepalíes del «Karar», que podrían regresar a su país seis años después de su detención, aunque la materialización del traslado dependerá de procedimientos administrativos aún por culminar. En paralelo, la causa continúa abierta para otros encausados, y es previsible que durante las próximas semanas se conozcan recursos y nuevas notificaciones que mantendrán la atención judicial sobre este expediente. Mientras tanto, los vecinos y autoridades de Vigo seguirán de cerca cómo se ejecutan las decisiones adoptadas por los tribunales.