El Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero se mantuvo en el 2,3%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, una estabilidad que el Ministerio de Economía atribuye a la caída de los precios de la electricidad que compensó subidas en combustibles, restauración y alimentos. El dato, conocido este viernes, no incorpora todavía con toda su fuerza los efectos del conflicto en Oriente Próximo, cuya influencia se espera que se note con más intensidad en marzo. La lectura suavizada por la energía evita, por ahora, una aceleración inmediata de la inflación general en España. Aun así, los responsables económicos y analistas siguen alertando de un escenario más adverso en las próximas semanas.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, mostró un comportamiento distinto y subió ligeramente hasta el 2,7%, una décima más que en enero, lo que evidencia presiones persistentes en los precios de fondo. El Ministerio interpretó la combinación de datos como un alivio coyuntural, pero advirtió que la evolución de los precios de la energía y de los combustibles en los mercados internacionales puede cambiar rápidamente el panorama. Entre los capítulos que tiraron al alza del IPC figuran la gasolina y los precios en la hostelería, que han registrado incrementos en las últimas semanas. La contraposición entre un componente energético a la baja y un núcleo inflacionista al alza dibuja una foto compleja para la política económica.

El departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo valoró positivamente el dato de febrero y ha iniciado una ronda de contactos con los sectores más afectados por la reciente subida de los combustibles tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo. Estas conversaciones, explicaron fuentes del Ministerio, buscan ejecutar respuestas coordinadas y evaluar medidas de apoyo sectorial si se produce una escalada de precios. Pese a la labor de interlocución, algunos economistas señalan que el dato adelantado de marzo, que se conocerá en las próximas dos semanas, podría reflejar un shock inflacionista más marcado. El Gobierno y los agentes económicos seguirán de cerca la transmisión de los precios internacionales al mercado doméstico.

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La fundación Funcas estima que, en el supuesto de un conflicto limitado a tres meses, el IPC podría situarse por encima del 3% de cara al verano, una cifra que superaría en un punto el objetivo que mantenía el Banco Central Europeo a comienzos de año. La misma entidad advierte, además, de que un escenario más prolongado o la destrucción de infraestructuras clave en la cadena de suministro energético daría lugar a disrupciones más graves y a una evolución significativamente peor de la inflación. Estas proyecciones subrayan la dependencia de la economía española de los precios de la energía y la vulnerabilidad ante tensiones geopolíticas. En consecuencia, las predicciones macroeconómicas para 2026 han ganado en incertidumbre.

En los mercados, el barril de Brent se acercó recientemente a los ochenta dólares, presionado por el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz tras la escalada bélica, un factor que ya está empujando al alza los carburantes en las estaciones de servicio. Ese encarecimiento del crudo tiende a trasladarse con rapidez a la factura de los hogares y al coste de transporte de mercancías, incrementando las presiones sobre los precios de bienes y servicios. El Instituto Nacional de Estadística apunta que los efectos directos de esas subidas podrían materializarse con cierto retraso en los datos oficiales, lo que alimenta la expectativa de un IPC de marzo más elevado. Así, la evolución de los mercados petroleros será un determinante clave en las próximas lecturas de inflación.

La caída de los precios eléctricos que explica parte del freno inflacionista en febrero responde, según el Ejecutivo, a factores coyunturales en el mercado mayorista y a la influencia de los elementos regulados. No obstante, los precios de la electricidad pueden mostrar gran volatilidad y su trayectoria en los próximos meses dependerá tanto del comportamiento climático como de la evolución de los precios internacionales de la energía. Esa variabilidad hace que las autoridades económicas mantengan la vigilancia sobre ese componente, dado su peso en la cesta de consumo y su capacidad para modular el indicador general. Para los hogares, la conjunción entre electricidad más barata y carburantes más caros dibuja efectos heterogéneos en el presupuesto familiar.

La persistente subida de los precios en la restauración y en algunos alimentos básicos explica en buena medida la subida de la inflación subyacente, lo que preocupa a empresas y consumidores por su impacto en el poder adquisitivo. Los servicios, tradicionalmente más resistentes a caídas de demanda, están transmitiendo aumentos de costes que no se han visto compensados por la moderación energética. Esta dinámica limita el margen de maniobra para una normalización rápida de la inflación sin medidas adicionales de política económica. Consumidores y pymes observan con cautela la evolución del coste de la vida en las próximas facturas.

Desde el Ejecutivo se han anunciado contactos con distribuidores de combustibles, asociaciones del transporte y del sector hostelero para estudiar iniciativas que mitiguen el impacto de la volatilidad de los precios sobre la actividad económica y la oferta. Fuentes ministeriales no han precisado aún medidas concretas, pero subrayan la voluntad de coordinar respuestas que reduzcan tensiones y protejan la cadena de suministro. Los interlocutores sociales y patronales reclaman claridad sobre posibles ayudas y sobre la evolución de los costes operativos en un entorno donde la energía condiciona la competitividad. La coordinación interadministrativa y sectorial será clave si el IPC de marzo confirma una aceleración.

Para los hogares, la expectativa de una inflación mayor en marzo alimenta inquietud sobre la capacidad de las familias para sostener el consumo si los precios de la energía y los carburantes continúan al alza. Un repunte de la inflación obligaría también a los responsables de la política monetaria y fiscal a evaluar ajustes en sus prioridades, entre contener la subida de precios y sostener la recuperación económica. Mientras, el margen de incertidumbre vinculado a la duración y la intensidad del conflicto en Oriente Próximo mantiene en alerta a analistas e instituciones. La próxima referencia oficial será clave para calibrar la magnitud del impacto y la respuesta pública necesaria.