El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes el Índice de Precios de Consumo correspondiente a febrero y, según los datos oficiales, la inflación anual se mantuvo en 2,3% en España. El dato, que recoge la evolución de precios durante el mes pasado, responde fundamentalmente a la disminución del coste de la electricidad, que compensó subidas en otros capítulos. El resultado llega en un momento de alta incertidumbre internacional, con el impacto de la guerra en Oriente Próximo aún sin reflejarse plenamente en las estadísticas. Las autoridades económicas advierten de que marzo podría mostrar ya los efectos de la escalada de tensión geopolítica.

El Ministerio de Economía atribuye la estabilidad del IPC a la caída de las tarifas eléctricas, que actúo como elemento moderador frente a incrementos generalizados en carburantes, restauración y alimentos. Durante febrero los precios de la gasolina y el diésel se recuperaron tras el choque inicial por el conflicto, mientras que los costes en hostelería y en productos básicos mantenían una senda alcista. A pesar del alivio en la factura eléctrica, el panorama sigue siendo frágil porque las variaciones en la energía suelen trasladarse con rapidez al conjunto de la cesta de la compra.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados y ofrece una imagen más nítida de la tendencia subyacente de precios, se situó en 2,7%, una décima por encima del nivel de enero. Ese indicador resulta clave para analistas y responsables de política monetaria porque refleja presiones inflacionistas persistentes en servicios y otros bienes. El aumento de la subyacente sugiere que, pese al comportamiento de la energía, existen factores internos de demanda y costes que seguirán empujando al alza los precios.

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El departamento que encabeza el ministro Carlos Cuerpo ha iniciado ya contactos con los sectores más afectados por el repunte reciente en los combustibles, según fuentes oficiales. El Gobierno valora positivamente el dato de febrero, pero insiste en la necesidad de estar vigilante ante episodios de volatilidad en los precios internacionales del petróleo y el gas. En estas reuniones se buscan fórmulas de mitigación para evitar que los incrementos de costes se trasladen de forma abrupta a consumidores y empresas.

Los analistas advierten, no obstante, que el IPC de marzo podría registrar una subida notable, un pronóstico que concentrará la atención del mercado y de las autoridades en las próximas semanas. Para la fundación Funcas, en un escenario en el que el conflicto se limite a tres meses, el índice podría situarse por encima del 3% de aquí al verano, una cota que dejaría el nivel de precios un punto por encima de la referencia que fijó el Banco Central Europeo a comienzos de año. Asimismo, los expertos no descartan escenarios más adversos si la contienda se prolongara o afectara infraestructuras clave del suministro energético.

La tensión en Oriente Próximo ya se ha traducido en subidas del crudo, con el Brent acercándose a los ochenta dólares por barril, un avance que suele trasladarse con rapidez al precio de los combustibles y, con ello, a la inflación de bienes y servicios relacionados con el transporte. Este efecto de segunda ronda puede llegar con cierto retraso y prolongarse en el tiempo, lo que complica las previsiones trimestrales. Los mercados energéticos permanecen atentos a la evolución del conflicto y a la posibilidad de interrupciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz.

El repunte de los precios en combustible, hostelería y alimentos pesa sobre la renta disponible de las familias y sobre los márgenes de las empresas, especialmente las más dependientes del transporte y la logística. Los sindicatos y organizaciones empresariales siguen de cerca la negociación de salarios y costes laborales, que podría intensificarse si la inflación se instala en niveles superiores a los previstos. A su vez, la subida de la subyacente refuerza el dilema de las autoridades monetarias sobre la necesidad de combinar normalización con apoyo a la demanda.

En las próximas dos semanas se conocerá el adelanto del IPC de marzo, que servirá para calibrar hasta qué punto la contienda internacional está afectando ya a la economía española. El Gobierno asegura que mantendrá la coordinación con los sectores y que monitorizará la evolución de precios para adoptar las medidas precisas, pero reconoce la limitada margen de maniobra frente a choques externos sostenidos. En un contexto de alta volatilidad, la lectura general es de prudencia: febrero ofreció un respiro, pero la tendencia a corto plazo sigue condicionada por factores internacionales y por la dinámica de la inflación subyacente.