En 2025 el servicio de emergencias 112 registró 142 avisos por vertidos ilegales en la comarca de Pontevedra, una media de doce al mes, la mayoría dirigidos al mar o a cursos fluviales y que dan pie al titular de unas 150 denuncias contabilizadas en el cómputo general. Los episodios afectaron tanto a la ría como a ríos urbanos, playas y tramos de carretera, con focos señalados en el casco urbano de Pontevedra y en la zona turística de Sanxenxo. Las alertas motivaron intervenciones de vigilancia y traslado de expedientes a la autoridad autonómica competente para el control de aguas.

El reparto municipal muestra que Pontevedra capital concentró la mayor parte de los avisos, con 57 registros, y que Sanxenxo acumula otras 37 alarmas relacionadas con vertidos, en muchos casos vinculadas a la presión estacional sobre infraestructuras y zonas costeras. Otros municipios con incidencias fueron A Lama, con 13 denuncias; Poio, con ocho; Cuntis, con ocho; Caldas, con siete; y Marín, con cuatro. Pequeños ayuntamientos como Portas y Vilaboa sumaron tres avisos cada uno, y Barro contabilizó dos, según el balance facilitado por el 112.

La tipología de las intervenciones abarca desde descargas en rías y ríos, como los casos detectados en el Lérez y en el río de Os Gafos en la ciudad de Pontevedra, hasta vertidos en arenales y en vías públicas. En varios incidentes se activó la guardería de control de aguas para inspeccionar y determinar la naturaleza y el alcance del daño ambiental, mientras que en otros se comunicó a los ayuntamientos y a Augas de Galicia para la tramitación administrativa pertinente.

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Augas de Galicia, responsable del Programa de Control de Vertidos (PCV), centraliza la mayoría de las actuaciones cuando los vertidos afectan al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo-terrestre. La consellería desarrolla labores de prevención, inspección y corrección, y remite expedientes sancionadores cuando no se corrigen las infracciones o cuando la gravedad lo exige. En 2025, la autoridad autonómica incoó siete expedientes sancionadores derivados de las inspecciones y alertas, cuatro de ellos en Sanxenxo.

La brecha entre denuncias y sanciones evidencia la complejidad de traducir las alertas ciudadanas en expedientes administrativos y, en su caso, en multas. Fuentes oficiales señalan que muchos avisos requieren investigaciones técnicas para identificar responsables y determinar si se trata de episodios puntuales, fallos en redes de saneamiento o conductas deliberadas. Además, las labores de comprobación suelen demorarse por la necesidad de muestreos y de coordinar a varias administraciones competentes.

En el territorio, la imagen de infraestructuras como la depuradora de Praceres, en la ría de Pontevedra, recuerda los retos de depuración y saneamiento a los que se enfrenta la comarca. Técnicos y responsables municipales subrayan la importancia de mantener y modernizar estas instalaciones para reducir vertidos accidentales y mejorar la calidad de las aguas, especialmente en tramos urbanos y zonas de baño que sufren mayor presión durante la temporada turística.

Las organizaciones ambientales y técnicos consultados insisten en reforzar la vigilancia y la prevención, así como en agilizar los procedimientos sancionadores para que las advertencias ciudadanas no queden en meros registros estadísticos. Señalan también la necesidad de campañas informativas y de protocolos más rápidos entre guardería, 112, ayuntamientos y Augas de Galicia para actuar en tiempo real y minimizar el impacto sobre la fauna y la actividad marítima.

El balance anual deja claro que, aunque muchas alertas son atendidas sobre el terreno, la actuación administrativa posterior todavía no responde de forma proporcional al volumen de denuncias. Para las autoridades, la aplicación del PCV y las inspecciones continuas son instrumentos esenciales, pero los técnicos recuerdan que la prevención, las inversiones en saneamiento y la cooperación institucional son claves para reducir los vertidos y proteger las rías y los ríos de la provincia.