En 2025 se finalizaron apenas 88.254 viviendas en España, cifras que sitúan al sector en su segundo peor año desde 2020. La creación de nuevos hogares ascendió a 226.000 unidades, por lo que la producción de vivienda cubrió aproximadamente un tercio de la demanda anual. Los agentes del mercado advierten de que la falta de mano de obra, los problemas en suministros y los cuellos de botella en las redes eléctricas —junto a una regulación compleja— frenan cualquier respuesta rápida a un déficit acumulado que ya ronda las 725.000 viviendas.
Un frenazo palpable en la finalización de obras
Los datos del Ministerio de Vivienda confirman que la edificación de nuevas casas en 2025 cayó un 9,8% respecto a 2024. Sólo 2023 (con 87.565 viviendas) y el terrible 2020 (con 85.535) tuvieron cifras comparables. El consenso de analistas y bancos de inversión indica que no hay atisbo de una reactivación inmediata: entidades como CaixaBank Research sostienen que «difícilmente veremos niveles de vivienda terminada por encima de las 100.000 unidades a lo largo de este 2026″, y Bankinter estima que la falta de oferta no se revertirá en un periodo de tres a cinco años.
Las consecuencias son evidentes en mercados con tensiones residenciales. En ciudades gallegas como Vigo y A Coruña, donde la demanda se concentra en vivienda próxima a nodos de empleo, promotores locales reconocen que los proyectos se eternizan. En ayuntamientos costeros de la provincia de Pontevedra, la falta de visados y la espera por la conexión a la red eléctrica han dejado promociones paralizadas durante trimestres, según fuentes consultadas en el sector gallego.
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Conoce más →La foto del problema no es solo local: en el conjunto del país la industria se ha topado con un tridente de obstáculos. Los promotores no encuentran mano de obra cualificada, las cadenas de suministro siguen dando bandazos tras la crisis de materias primas y la demanda de energía —impulsada por la electrificación— choca con una infraestructura que necesita inversiones y planificación.
Por qué no se construye: causas estructurales
Los análisis del sector señalan varios factores concatenados. Por un lado, el tamaño medio de las empresas constructoras es muy reducido: el 84% de estas compañías cuentan con entre cero y dos empleados, lo que limita su capacidad para abordar proyectos de mayor envergadura o para multiplicar frentes de obra. Por otro, el peso del sector en el empleo ha caído hasta aproximadamente el 7% del total, frente al 13% alcanzado en 2008, lo que refleja pérdida de masa crítica y especialización.
Un estudio reciente de ámbito académico alertó además de que la construcción es el sector con más vacantes registradas en España. Señaló también el envejecimiento del parque de trabajadores, el déficit de formación profesional orientada a oficios del sector y el encarecimiento laboral: el coste por trabajador aumentó un 11,2% entre 2019 y 2023. A esto se suma un alza de cerca del 30% en los precios de los materiales en esos mismos años, que erosiona márgenes y obliga a ralentizar o redimensionar promociones.
Regulaciones urbanísticas complejas y plazos administrativos prolongados completan el cuadro. Promotores, asociaciones sectoriales y bancos coinciden en que la falta de suelo disponible con trámites resueltos es un lastre. Liberar y activar suelo público, agilizar licencias y revisar planes urbanísticos son recetas recurrentes, pero su implementación suele ser lenta y depende de múltiples administraciones, desde municipios hasta comunidades autónomas.
Repercusiones y qué se puede hacer a corto y medio plazo
El efecto inmediato de este déficit es el encarecimiento del acceso a la vivienda. Donde la oferta no responde, suben los precios de venta y, especialmente, de alquiler. En Galicia ya se aprecian tensiones en ciertos segmentos urbanos y en zonas turísticas donde la demanda estacional se solapa con la demanda permanente, presionando mercados locales. Los jóvenes, las familias con ingresos medios y la población activa más vulnerable se ven empujados a opciones de menor calidad o a emigrar a otras áreas.
«Llevamos mucho tiempo alertando del déficit de vivienda acumulado en España, que se incrementa cada año. A pesar de registrar un leve aumento en la producción de viviendas iniciadas, el ritmo actual es insuficiente para poder responder al número creciente de nuevos hogares»,
Así lo plantean desde la principal patronal del sector, la Asociación de Promotoras y Constructoras de España (APCE), que reclama medidas amplias y coordinadas. Entre las soluciones urgentes están la activación del suelo público disponible, la simplificación de trámites municipales y autonómicos y la aceleración de las inversiones en infraestructuras eléctricas que permitan nuevas conexiones. Para el medio plazo resulta imprescindible apostar por la formación profesional dual y por políticas que incentiven la transformación digital y la industrialización del proceso constructivo —prefabricación y economía circular— para ganar eficiencia.
En Galicia, la combinación de envejecimiento demográfico en el rural y presión en las grandes ciudades exige respuestas con matices. La Xunta podría potenciar programas de rehabilitación y uso de vivienda vacía en municipios medianos, al tiempo que coordina con ayuntamientos la liberación de suelo en áreas consolidables. Los fondos europeos de recuperación siguen ofreciendo una oportunidad para financiar infraestructuras y formación, pero requieren proyectos concretos y una administración ágil para que el dinero llegue a obra.
Si no se corrigen los cuellos de botella, el déficit se volverá estructural y costará más en el futuro, advierten expertos. La pregunta que queda sobre la mesa es si la política pública y el sector privado lograrán articular en los próximos años un conjunto de reformas y proyectos que permitan pasar de la alarma a la acción. Para muchas familias gallegas y españolas, el reloj ya corre y la espera por una vivienda asequible no admite demoras interminables.
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