Laura Vila, la joven de Lugo que ha presentado una denuncia por presunto acoso sexual contra el exdirigente provincial José Tomé, ha afirmado en televisión que la dirección del PSOE en Madrid trató de “tapar” el caso ofreciendo apoyo que nunca llegó a concretarse. En una entrevista emitida esta semana, Vila explicó que el 8 de diciembre utilizó el canal interno habilitado por el partido para denunciar acoso y que, a partir de entonces, recibió promesas de asesoría jurídica y atención psicológica que, tres meses después, no se habían materializado. La denuncia, que ya está en manos de la Justicia, se suma a las críticas sobre cómo el PSOE gestiona este tipo de alertas internas.

En el programa se difundieron correos electrónicos y audios intercambiados entre Vila, su madre —trabajadora del PSOE en Lugo desde hace cuatro décadas— y la dirección federal, documentos que, según el abogado de la denunciante, muestran una respuesta insuficiente por parte del partido. Madre e hija sostienen que, pese a las llamadas de atención y las conversaciones mantenidas, no recibieron el acompañamiento prometido en tiempo ni forma y que en varios momentos se sintieron ignoradas por los responsables regionales y estatales.

Según el relato de la propia denunciante, el procedimiento interno se activó el 8 de diciembre y la dirección federal tardó una semana en convocarlas a una reunión telemática. En ese encuentro, añade Vila, los servicios del PSOE escucharon el relato de los hechos y ofrecieron, en aplicación del protocolo partidario, la posibilidad de facilitar asesoramiento legal y asistencia psicológica. No obstante, ese ofrecimiento quedó, según ella, en papeles y correos sin que se concretara la puesta en marcha de ningún servicio efectivo.

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La acusación contra Tomé sostiene que el ex presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte habría pedido favores sexuales a cambio de la cobertura de una plaza en el Ayuntamiento de Monforte, extremo que la joven ha llevado ya ante los tribunales. El caso colocó a Tomé en el foco mediático y político, dado su peso en la organización provincial y su papel clave para que los socialistas mantuvieran la presidencia de la Diputación de Lugo.

Antes de recurrir al canal interno, la madre de Vila asegura que transmitió lo sucedido a dirigentes del PSdeG y del PSOE lucense, entre ellos José Ramón Gómez Besteiro, la exalcaldesa Lara Méndez y la entonces número dos del PSOE en Lugo, Pilar García. La familia lamenta que esas primeras advertencias no fructificaran en actuaciones preventivas ni de apoyo, y que las reacciones se limitaran a gestos que no derivaron en medidas concretas.

En la entrevista, la denunciante y su defensa relataron que, pese a insistir en la necesidad de asistencia, las citas con profesionales y la concreción de un abogado no llegaron a producirse en los plazos esperados. Ese incumplimiento, sostienen, convierte la oferta formal de ayuda en una medida simbólica que no protegió ni acompañó a quien denunció. La abogada subrayó que la documentación aportada a la emisión televisiva respalda la tesis de que las obligaciones recogidas en el protocolo interno no se ejecutaron.

El caso ha reabierto el debate sobre la eficacia de los canales internos de denuncia en los partidos políticos y sobre la responsabilidad de las direcciones a la hora de garantizar apoyo efectivo a las personas que presentan quejas por acoso. Fuentes políticas consultadas recuerdan la sensibilidad del PSOE con episodios de este tipo y la necesidad de preservar procedimientos que no queden en meras promesas, pero también señalan la complejidad práctica de activar recursos externos en plazos cortos.

La causa judicial sigue su curso y la denunciante continúa buscando representación legal adecuada para impulsar el proceso. Mientras tanto, el episodio mantiene la presión sobre las estructuras provinciales y estatales del partido en Lugo, donde dirigentes y militantes observan con atención las implicaciones políticas y reputacionales que pueda tener la gestión del caso. La familia de la denunciantes reclama ahora garantías de que las vías de protección funcionen y no se limiten a ofertas formales sin seguimiento.