Laura Vila ha llevado a la Fiscalía de Lugo una denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación, José Tomé, tras los hechos que atribuye al regidor el 11 de septiembre del año pasado en dependencias de la institución provincial. Según la denuncia y la posterior querella presentada por el Ministerio Fiscal, el investigado habría condicionado el acceso a una plaza a la concesión de relaciones sexuales y amenazado con impedir que ella aprobara una oposición si no accedía a sus pretensiones. Los hechos, que la denunciante decidió relatar públicamente en una entrevista televisiva, han motivado la apertura de una causa penal que sigue en fase de investigación.

La fiscalía de Lugo sostiene, de forma provisional y sin perjuicio de la investigación, que los hechos denunciados podrían constituir un delito de acoso sexual o un abuso en el ejercicio de la función pública. En el auto en el que admite la querella se recoge como relevante la posibilidad de que, por la posición de poder del investigado, la conducta encaje en el ámbito penal correspondiente. La Fiscalía también advierte del carácter preliminar de su calificación hasta que se practiquen diligencias.

En el espacio Código 10 de Cuatro, la denunciante explicó que le costó dar el paso por miedo, pero que quiere que se conozca la verdad y que no piensa abandonar la causa. Por recomendación de su abogado, Vila evitó en la entrevista entrar en detalles que no constan en la denuncia formal, si bien el programa leyó y proyectó extractos del escrito presentado ante el juzgado para contextualizar las afirmaciones.

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Según el relato incluido en la denuncia, el 11 de septiembre la joven acudió al despacho del entonces presidente de la Diputación para tratar asuntos relacionados con una plaza. Tras citarla otro día en una cafetería próxima, la conversación se produjo sin la presencia de la amiga que la había acompañado. En ese encuentro, siempre según la versión de la denunciante, Tomé le habría condicionado la concesión de la plaza a un “intercambio” de naturaleza sexual y le hizo ver que sus posibilidades de aprobar la oposición dependerían de que él lo considerase oportuno.

La denuncia añade que, durante el encuentro en las instalaciones de la Diputación, el investigado intentó llevarla al despacho y que la agarró del brazo en tres ocasiones para forzar que subiera; la joven reaccionó en la tercera ocasión con un manotazo. La madre de la denunciante, que intervino en el mismo programa televisivo, aseguró que existió al menos un testigo de parte de este episodio y ratificó la versión de su hija sobre la resistencia física.

Además, la narración remitida al juzgado apunta a que al día siguiente el exdirigente socialista le remitió un mensaje por WhatsApp para citarla a comer en un restaurante de Lugo el 18 de septiembre. La denunciante respondió mencionando la proposición sexual realizada el día anterior y rechazó con rotundidad la invitación, según consta en la pieza que ha dado pie a la querella.

El escrito presentado ante la Fiscalía también alude a un protocolo de prevención del acoso en el seno del partido al que pertenece el investigado, del que, según la denuncia, no constan datos de aplicación ni funcionamiento. El Ministerio Público recoge que la inexistencia o el incorrecto uso de ese mecanismo interno podría haber provocado una mayor indefensión de la víctima y una revictimización, cuestión que ahora deberá valorarse en la instrucción.

El caso sitúa de nuevo el foco en la responsabilidad de altos cargos y en la forma en que se abordan las denuncias por conductas de esta naturaleza en aparatos políticos. La investigación seguirá su curso con la práctica de diligencias que determinen la veracidad de las afirmaciones y la posible comisión de delitos; la denunciante ha anunciado que mantendrá la acusación hasta el final. Por el momento no consta en el expediente público una declaración oficial del alcalde investigado ni de sus representantes, y la causa permanece abierta a la espera de los próximos pasos judiciales.