La Diputación de Lugo asumirá el coste total de las nueve residencias de personas mayores que tiene en funcionamiento en la provincia, con el objetivo de aliviar la carga que hasta ahora tenían los ayuntamientos que cuentan con este servicio.

Esta medida permitirá que los ayuntamientos hayan ahorrado en 2029 alrededor de dos millones de euros cada uno, en función del número de usuarios de cada instalación.

Firma del nuevo convenio y cooperación

La presidenta de la institución, Carmela López, recibió este viernes en el Pazo de San Marcos a los alcaldes de Castroverde, A Fonsagrada, Meira, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribadeo, Ribas de Sil y Trabada, con los que firmó el nuevo convenio que asienta las bases de cooperación en cuanto a los Centros de Atención a Maiores (CAM).

La dirigente provincial resaltó que este «importante» paso llega después de que en 2019 la Diputación asumiera la gestión de las residencias porque «cremos que os servizos sociais son un dereito, non un negocio».

Si bien era necesario «revisar, mellorar e modernizar» los marcos de colaboración con los municipios.

Impacto económico para los ayuntamientos

Sobre ellos añadió López que este nuevo «compromiso» de la Diputación se traducirá en un «alivio real e significativo» para los ayuntamientos al asumir el gobierno provincial la diferencia completa entre el coste del servicio y lo que pagan los residentes.

Hasta el momento, esta diferencia estaba cubierta al 75% por la Diputación y al 25% por las arcas municipales.

En 2024, el coste real por atender a cada usuario ascendió a más de 2.300 euros, pero el precio para el usuario rondó los 1.400.

En cifras, en el año 2024 el coste real por atender a una persona dependiente de alguno de los CAM ascendió a 2.378,75 euros al mes, si bien el usuario abonaba un máximo de 1.390 euros.

Esos casi mil euros entre un precio y el otro lo asumía, en buena medida la institución provincial y el restante recaía en los concellos, con un tope de 200 euros por residente al mes en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y de 600 euros en los de más población.

En este sentido, el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, señaló que, en términos absolutos, en 2024 los concellos afrontaron un coste medio de 76.000 euros y ahora solo destinarán unos 15.000 para gastos de basura, abastecimiento de agua y pequeñas reparaciones que no superen los 500 euros de coste.

Asimismo, López y Rivera remarcaron que, una vez que la administración provincial absorba ese «esforzo económico» de la mano de este nuevo convenio, las alcaldías verán importantes ahorros que redundarán en las arcas municipales.

De este modo, ejemplificaron que en el año 2029 concellos como el de A Fonsagrada habrá ahorrado 1,7 millones de euros y el de Ribadeo, 2,2 millones, al contar con un CAM con más usuarios.

Nueva normativa y prioridades municipales

«Ese diñeiro queda nos vosos municipios, para as vosas prioridades», aseguró Carmela López, «para poder atender mellor os vosos veciños e veciñas».

Este marco jurídico, que deberá ser aprobado en el pleno, vendrá acompañado además de una nueva ordenanza de acceso provincial para reforzar «a regra de prioridade por veciñanza», señaló la presidenta.

A la vez recordó que, a lo largo de estos años, la Diputación «coidou» de 569 personas a través de un modelo basado no solo en el «benestar físico, senón tamén na mente e no vínculo de cada persoa coas súas orixes».

En cuanto al precio público que regulará la cuantía a pagar por cada usuario, también tendrá una nueva normativa.

Así, la cantidad que deberán abonar se calculará, siempre «respectando o mínimo vital», en función al coste real del servicio, a la capacidad económica de cada persona y al sistema actual de protección para ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad.

Expansión de la red de residencias

La Diputación de Lugo mantiene nueve residencias abiertas en otros tantas localidades de toda la provincia y tiene otras nueve proyectadas.

Las primeras en arrancar fueron las de Trabada, Pol y Ribadeo y en apenas cuatro años se pusieron en marcha las otras seis.

Así, la de A Fonsagrada abría solo un año después y en 2021 lo hacían las de Castroverde, Meira y Pedrafita.

En 2022 era el turno de la de Navia y la última en incorporarse fue la de Ribas de Sil, en 2023.

Pero los planes no cesan y desde el gobierno provincial trabajan en la puesta a punto del centro de mayores de Becerreá y están en obras los de Guitiriz, A Pobra do Brollón y A Pontenova.

Asimismo, se avanza en los proyectos de las residencias comprometidas en Portomarín, Ourol, Cervantes, Folgoso do Courel y Pantón.