La Fiscalía ha respaldado la adopción de medidas cautelares para paralizar el Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico planteado entre las provincias de Teruel y Castellón, tras advertir del riesgo de “daños” medioambientales que podrían ser irreversibles. La comunicación del fiscal al juez instructor se produjo tras recibir un informe pericial remitido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) y ha precipitado la citación de las partes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, prevista para este viernes. La decisión llega en un momento clave para la tramitación del macroproyecto y por la existencia de una investigación penal sobre presuntas irregularidades en su gestión.

Según el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía basa su propuesta en los indicios recogidos en el peritaje de UCOMA, que advierte de impactos medioambientales de carácter irreversible si se permite la ejecución del plan tal y como está proyectado. El informe pericial, que por ahora es parcial, se centró en dos instalaciones concretas y subraya la necesidad de detener las obras mientras se aclaran los riesgos y la responsabilidad de los implicados. El fiscal entiende que los datos aportados pueden justificar una medida cautelar para preservar el entorno y evitar daños difíciles de revertir.

El Clúster del Maestrazgo, promovido inicialmente por la compañía Forestalia, ha cambiado recientemente de titularidad en parte de sus derechos tras la entrada de un fondo danés que adquirió activos vinculados al proyecto. La Fiscalía incorpora esa circunstancia al análisis de riesgo, al considerar que la materialización de la infraestructura por parte del nuevo propietario podría agravar las consecuencias ambientales señaladas por los peritos. Mientras tanto, la tramitación administrativa y judicial se solapan y determinan el calendario procesal inmediato.

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El peritaje que motiva la petición fiscal se ha centrado hasta ahora en dos parques solares en el término de Puertomingalvo, denominados Masía I y Masía II, y el documento recogido por el Ministerio Público apunta que resta examinar el resto de las instalaciones eólicas previstas en el clúster. La Fiscalía aclara que, aunque el informe es incompleto, sus conclusiones, unidas a los atestados de UCOMA, contribuyen a sostener la hipótesis de la existencia de delitos relacionados con el medio ambiente y con el funcionamiento de la Administración pública.

En su escrito al juez, el fiscal alude a posibles delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, investigaciones que ya motivaron detenciones el pasado 3 de marzo. Entre los arrestados figura Fernando Samper, a quien se relaciona con una supuesta trama de irregularidades y ‘mordidas’ en la tramitación de proyectos de renovables en la provincia de Teruel. Las diligencias buscan ahora determinar la extensión de las actuaciones penales y las eventuales responsabilidades administrativas y civiles asociadas.

Además de la petición de paralización, la Fiscalía plantea la inhibición de parte de la causa a un juzgado del partido judicial de Madrid, por la complejidad y alcance territorial de los hechos y por la implicación de organismos estatales como el Ministerio para la Transición Ecológica. En paralelo, las pesquisas se centran en movimientos administrativos en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), con especial atención sobre su ex director, Jesús Lobera, según el escrito fiscal.

En la investigación aparecen citados también tres excargos del Partido Aragonés: Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, además de otros altos funcionarios y técnicos cuya actuación está siendo revisada por los investigadores. La Fiscalía pretende así acotar responsabilidades tanto en el ámbito político como en el técnico y administrativo, en un caso que mezcla la planificación de grandes infraestructuras energéticas y la supervisión pública de su autorización.

El clúster abarca numerosos municipios de la comarca del Maestrazgo, una zona de alto valor ecológico y de baja densidad poblacional que ha generado rechazo entre colectivos conservacionistas y preocupación en ayuntamientos locales. Para las empresas implicadas, la paralización supone un riesgo jurídico y económico que puede afectar a inversiones ya comprometidas, mientras que para las administraciones plantea la necesidad de conciliar la transición energética con la protección del medio natural.

Las partes citadas deberán presentar sus posturas ante el juez instructor en la vista prevista para este viernes, cuando se decidirá si se adopta una medida cautelar que bloquee temporalmente la ejecución del proyecto. La resolución judicial marcará el ritmo de una causa que aún debe completar peritajes y determinar si las actuaciones investigadas revestían carácter delictivo. Hasta entonces, la suspensión solicitada por la Fiscalía mantiene en incertidumbre el futuro inmediato del mayor proyecto eólico planteado en España.