La Fiscalía provincial de adamuz/" title="Córdoba">Córdoba ha advertido que no puede descartarse la necesidad de practicar diligencias adicionales en la zona donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz, por lo que respalda las restricciones impuestas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para intervenir en el lugar. El pronunciamiento, incorporado a una providencia judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro fechada el 12 de marzo, llega en el marco de la investigación del descarrilamiento del 18 de enero que causó 46 fallecidos y cerca de un centenar de heridos. La Fiscalía pide comunicación previa de cualquier actuación sobre la infraestructura para preservar posibles pruebas materiales que puedan ser de utilidad para la causa. El objetivo es garantizar que la instrucción conozca y pueda valorar con antelación trabajos que supongan una alteración del terreno afectado.

El fiscal delegado de Montoro, Alejandro Izuel, sostiene que la incertidumbre sobre la existencia de pruebas en el propio escenario del siniestro obliga a mantener un control judicial sobre las obras. En su informe, el Ministerio Fiscal insiste en que la plaza 2 del Juzgado de Instrucción debe estar informada de cualquier intervención que modifique la infraestructura ferroviaria, con el fin de evaluar la oportunidad de adoptar medidas de conservación. La fiscalía considera razonable que se exija un preaviso suficiente para que la instructora pueda decidir si procede practicar diligencias en el terreno antes de que se altere. Esa exigencia de aviso previo busca conciliar la recuperación del servicio con las necesidades de la investigación penal.

Adif había planteado que el tramo sometido a control judicial comprendía desde el punto kilométrico 317+585 hasta el 318+785 de la línea 010 en ambas vías, donde se han venido realizando trabajos técnicos para restituir el tráfico ferroviario. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la titular de la plaza 2 de Instrucción, Cristina Pastor, consideran que la delimitación debe ser más amplia. En la providencia se recoge la conveniencia de que el ámbito de comunicación se extienda desde el kilómetro 321+098 hasta el 315+974, atendiendo a la hipótesis de que la rotura de la soldadura que desencadenó el siniestro estaría en el punto 318+681. Esa ampliación persigue evitar que posibles indicios relevantes queden fuera del control judicial por una delimitación excesivamente estrecha.

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La providencia judicial fija además condiciones prácticas para cualquier actuación: exige un preaviso de, al menos, 15 días, con el propósito de que la instructora disponga del tiempo suficiente para decidir sobre medidas de conservación o para practicar diligencias periciales. La Fiscalía valora positivamente ese plazo como margen adecuado para que la investigación no resulte desvirtuada por trabajos previos a la intervención judicial. Fuentes judiciales señalan que la medida no pretende paralizar indefinidamente las obras de reparación, sino garantizar que se hagan con la trazabilidad necesaria para la causa. La comunicación anticipada debe incluir la naturaleza y alcance de las intervenciones previstas, según las fuentes consultadas.

Los trabajos en la zona, iniciados para restablecer la circulación y asegurar la infraestructura, han generado tensión entre la necesidad de restituir el servicio y la protección de evidencias. El juzgado y la Fiscalía han intentado en las últimas semanas conciliar ambas prioridades mediante el control y la exigencia de información previa por parte de Adif. La instructora recoge en la providencia la preocupación por que actuaciones sin la debida supervisión puedan eliminar indicios materiales que resulten determinantes para esclarecer las causas del siniestro. La investigación mantiene abiertas varias hipótesis técnicas sobre el origen del accidente.

El accidente del 18 de enero motivó una respuesta judicial y técnica de gran envergadura y sigue siendo objeto de peritajes para determinar responsabilidades. Las pesquisas han apuntado a la posible rotura de una soldadura como factor desencadenante, aunque los peritos siguen analizando los restos de la vía y de los equipos implicados. La amplitud del perímetro declarado por la Fiscalía busca precisamente abarcar puntos que, aunque periféricos, puedan aportar datos sobre el estado de la infraestructura o sobre actuaciones previas al siniestro. La causa incluye diligencias orientadas a esclarecer si existieron fallos de mantenimiento o de supervisión.

En paralelo, el juzgado ha requerido a Adif aclaraciones sobre intervenciones específicas en la zona, entre ellas si se actuó el 3 de marzo sin autorización judicial, cuestión que figura en diligencias conexas. Las autoridades insisten en la necesidad de transparencia en las actuaciones de recuperación y en la obligación de coordinar cualquier reparación con el órgano instructor. Adif, por su parte, ha defendido la necesidad de ejecutar trabajos técnicos para garantizar la seguridad de la línea, aunque deberá ajustarse a los requisitos de comunicación que impone la providencia.

La decisión de la Fiscalía y del juzgado refleja la prioridad de preservar el valor probatorio del escenario del accidente mientras se permite una reparación controlada de la vía. El proceso seguirá bajo supervisión judicial y con la intervención de peritos especializados que deberán aportar pruebas sobre las causas materiales del siniestro. Hasta que la instrucción avance, cualquier actuación sobre el terreno estará sujeta al régimen de comunicación y a la valoración de la instructora, que será la que decida, caso por caso, la conveniencia de adoptar medidas cautelares adicionales.