La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para Kiko Matamoros y cuatro años para su exmujer Makoke por un supuesto plan de ocultación de patrimonio dirigido a eludir embargos y evitar el pago de deudas con la Agencia Tributaria. El juicio está citado la próxima semana en la Audiencia Provincial de Madrid y, según el escrito de acusación, las maniobras se habrían desarrollado durante varios años, entre 2009 y 2014. El Ministerio Público considera que los acusados utilizaron sociedades, intermediarios y la titularidad de bienes a nombre de terceros para ocultar ingresos y bienes patrimoniales.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama multas para ambos y una indemnización conjunta a favor de Hacienda de 471.900 euros, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso la Agencia EFE. El escrito exige multas de 33.000 euros para Matamoros y 30.750 euros para Makoke, y reclama asimismo otros importes por el presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes. Sobre Matamoros pesa, además, una reclamación complementaria que cifra en 636.697 euros lo que debería abonarse por esas conductas conexas.

El relato fiscal sostiene que el colaborador televisivo ideó desde 2009 un entramado para que sus bienes no pudieran ser embargados pese a que sus ingresos eran suficientes para atender las deudas tributarias. Para ello, siempre según la acusación, canalizó cobros a través de sociedades mercantiles y recurrió a intermediarios que percibían pagos que acababan llegando a él de manera opaca. Entre las empresas citadas en el sumario figuran denominaciones vinculadas a su actividad mediática, como Salto Mortal y Silla del Ring.

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En 2011, agrega la Fiscalía, la pareja adquirió una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en más de 1,3 millones de euros, que llegó a aparecer a nombre de Makoke con la finalidad, según la acusación, de frustrar posibles embargos sobre los bienes del entonces matrimonio. La Fiscalía describe esa operación como parte de un plan más amplio de ocultación que incluiría la transmisión y el uso instrumental de bienes y sociedades para diluir la titularidad real. La compra de la vivienda y su titularidad forman parte de las pruebas que la Fiscalía llevará al juicio.

Según el escrito de la acusación, las deudas atribuibles a Matamoros con Hacienda en el periodo 2009-2014 ascienden a 1.086.597 euros, suma que incluye cuotas, intereses y sanciones derivadas del impago. Esa cifra sirve de base para las solicitudes de condena y para las responsabilidades civiles que la Fiscalía pretende que recaigan sobre los acusados en caso de veredicto condenatorio. La acusación califica las conductas investigadas como delitos contra la Hacienda Pública y, de forma subsidiaria, como posibles delitos de alzamiento de bienes.

El procedimiento, adelantado por EFE y reproducido por el diario que ha cubierto la causa, sitúa en el centro del debate la responsabilidad de ambos cónyuges en la gestión patrimonial y fiscal durante los años aludidos. La Fiscalía considera que la participación de la exmujer fue suficiente para entenderla cooperadora necesaria en el supuesto delito, de ahí la petición de cuatro años de prisión a su favor. Los letrados de la defensa, que hasta ahora no han hecho declaraciones públicas en el marco de esta noticia, podrán plantear en el juicio sus argumentos y pruebas para rebatir la versión fiscal.

En las sesiones del tribunal se espera que las partes analicen documentos bancarios, contratos de sociedades y la titularidad registral de bienes, además de la posible intervención de intermediarios financieros. Los antecedentes mediáticos de Matamoros, con intensa actividad en televisión y prensa del corazón durante aquellos años, figuran en el expediente como indicio de ingresos suficientes que, según la acusación, no habrían servido para saldar las obligaciones tributarias. La defensa, previsiblemente, tratará de desacreditar la correlación entre la imagen pública y la situación fiscal alegada.

El caso se enmarca en una mayor atención de la Fiscalía a los supuestos fraudes fiscales y alzamientos de bienes vinculados a figuras públicas, y su resolución podrá sentar un precedente sobre la responsabilidad patrimonial en operaciones familiares y societarias. La Audiencia Provincial de Madrid será la encargada de valorar las pruebas y decidir sobre las penas solicitadas por el Ministerio Público en un proceso que suma interés público por la notoriedad de los involucrados. Faro de Vigo y EFE han sido las fuentes principales de la información publicada sobre esta causa.