La Fiscalía ha solicitado la suspensión cautelar del Clúster del Maestrazgo, el ambicioso proyecto eólico previsto entre Teruel y Castellón, al considerar que su ejecución podría causar daños medioambientales de gran magnitud. La petición, registrada en los últimos días y comunicada al juez instructor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, se apoya en un informe pericial remitido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). La medida llega en una semana clave, con las partes citadas a comparecer este viernes para exponer sus argumentos antes de que el magistrado adopte una decisión.

El argumento central de la fiscalía se basa en un peritaje que, aunque parcial, alerta sobre posibles impactos irreversibles en el entorno si el plan continúa adelante bajo la gestión del fondo danés que adquirió los derechos a Forestalia. Según el escrito remitido al juzgado, los técnicos detectaron afecciones significativas en las zonas analizadas, y la fiscalía entiende que la gravedad de esos hallazgos justifica la paralización cautelar mientras se completan las diligencias. La UCOMA aportó atestados y documentos que, a juicio del Ministerio Fiscal, no permiten descartar un daño medioambiental de difícil reparación.

En el informe provisional que ha motivado la petición solo figuran, por el momento, los peritajes de dos parques solares en el término municipal de Puertomingalvo, denominados Masía I y Masía II, mientras que el resto de los proyectos del clúster permanece pendiente de valoración técnica. La fiscalía subraya que, pese a su carácter incompleto, ese peritaje refuerza los indicios reunidos en las diligencias policiales de UCOMA. En el escrito se alude, además, a posibles delitos vinculados tanto al medio ambiente como a la administración pública, entre ellos prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

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El impulso de la investigación y la petición de medidas cautelares se produce tras las detenciones practicadas el pasado 3 de marzo, cuando se arrestó a varias personas relacionadas con la tramitación de proyectos renovables en la provincia de Teruel. Entre los detenidos figura Fernando Samper, que fue arrestado junto a otras cinco personas por su supuesta implicación en una trama de irregularidades y presuntas mordidas en la adjudicación y desarrollo de instalaciones energéticas. La fiscalía vincula esos atestados con las conclusiones técnicas que ahora motivan la solicitud de paralización.

En la misma comunicación al juez instructor, la Fiscalía plantea la posibilidad de inhibir las actuaciones en favor de un juzgado del partido judicial de Madrid, debido a la dimensión de los delitos investigados y a la implicación de ámbitos estatales como el Ministerio para la Transición Ecológica. La pesquisa también apunta a movimientos administrativos en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y dirige la lupa hacia ex altos cargos, entre ellos el antiguo director del organismo, Jesús Lobera, así como a excargos del Partido Aragonés. En la relación de investigados figuran nombres que la fiscalía considera relevantes para esclarecer la trama, entre ellos Alfredo Boné y el exsecretario general técnico del departamento autonómico, José Luis Castellanos.

El juez ha convocado a todas las partes para que expongan sus posturas antes de resolver si acuerda la suspensión solicitada por la Fiscalía, una decisión que podría frenar temporalmente la tramitación y la ejecución de los parques implicados. Si se adopta la cautelar, el fondo danés titular de los derechos vería bloqueada la posibilidad de iniciar obras mientras se completan las periciales y las diligencias penales. Fuentes judiciales consultadas recuerdan que la adopción de una medida de este tipo requiere ponderar el riesgo ambiental frente a los intereses económicos y la seguridad jurídica de los inversores.

El Clúster del Maestrazgo, promovido inicialmente por Forestalia, se presenta como uno de los mayores desarrollos eólicos planteados en España, con proyectos dispersos en varios municipios de la comarca turolense y afecciones que afectan a hábitats y espacios catalogados. El anuncio de la Fiscalía ha reactivado las críticas de colectivos ecologistas, que han venido denunciando la dimensión del impacto paisajístico y la posible afección a especies y suelos frágiles. A su vez, los defensores del proyecto apuntan a la necesidad de acelerar la transición energética y a los beneficios económicos para zonas rurales que necesitan inversión y empleo.

La resolución judicial que adopte el instructor en las próximas fechas marcará el ritmo de una investigación que se ha abierto en paralelo por motivos ambientales y, según la fiscalía, por presuntas irregularidades administrativas y penales. Los servicios técnicos siguen realizando peritajes complementarios y la fiscalía ha dejado abierta la vía para que se incorporen nuevos informes que completen la imagen sobre el alcance real de los impactos. Mientras tanto, el futuro inmediato del clúster queda en manos de la decisión judicial y de la evolución de las diligencias en los distintos ámbitos administrativos y penales implicados.