Los principales grupos industriales españoles han pedido al Gobierno, esta semana en Madrid, un paquete urgente de medidas para reducir las facturas eléctricas y de gas, al considerar que la escalada bélica en Oriente Medio amenaza con agravar una “crisis permanente” de competitividad. Estas empresas —muchas de ellas intensivas en consumo energético— exigen tanto ayudas inmediatas como reformas estructurales para evitar pérdidas de producción y la deslocalización frente a rivales europeos. La demanda llega en plena volatilidad de los mercados energéticos y con el recuerdo de los efectos que tuvo la invasión de Rusia a Ucrania sobre los precios.

Los fabricantes más expuestos advierten de que la energía representa una parte muy relevante de sus costes: para algunos grupos la factura puede suponer entre 50-60% del total de gasto de producción. En ese contexto, cualquier repunte de los precios derivados del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podría traducirse en cierres temporales de plantas o en pérdida de cuota de mercado frente a competidores que ya disfrutan de ventajas fiscales o bonificaciones. El argumento central de la patronal es que sin un marco competitivo y medidas compensatorias la industria pierde capacidad para competir en precios.

Desde la patronal de empresas gasintensivas, GasIndustrial, y compañías como Acerinox, AtlanticCopper, Cosentino, Fertiberia, Iberpapel y Pamesa, se ha reclamado la puesta en marcha de un “escudo industrial”. Las peticiones incluyen rebajas fiscales, bonificaciones sobre costes energéticos, ayudas directas a los sectores más afectados y la posibilidad de recuperar mecanismos extraordinarios utilizados en la anterior crisis energética. Asimismo, plantean la necesidad de implementar reformas que no se acometieron tras la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

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La presidenta de GasIndustrial, Verónica Rivière, ha subrayado que en España el problema principal no es la seguridad de suministro, sino el precio del gas, y que la caída del consumo industrial desde 2023 no responde tanto a mejoras de eficiencia como a pérdida de producción. Según sus estimaciones, España ha recortado un 20% del consumo industrial de gas desde 2023, una disminución que atribuye más a la paralización de actividad que a una transición energética eficaz. Por ello, reclama un estatuto que reconozca exenciones y bonificaciones específicas para consumidores gasintensivos.

Además de medidas coyunturales, las empresas reclaman que cualquier apoyo extraordinario que la Comisión Europea vuelva a permitir sea distribuido con rapidez y criterios claros para que llegue a las industrias que más lo necesitan. La patronal insiste en que la asignación ágil de ayudas puede ser determinante para sostener empleos y líneas de producción en fábricas que operan con márgenes ajustados. En su argumentario también aparece la propuesta de recuperar mecanismos como la llamada “excepción ibérica” cuando resulte necesario para contener los precios eléctricos.

La “excepción ibérica”, aplicada en la anterior crisis, fue un recurso reclamado por el sector industrial para moderar el precio de la electricidad ligado al gas, y su posible reinstauración figura entre las fórmulas que los empresarios mantienen sobre la mesa. Los representantes industriales recuerdan además que varios países europeos han aplicado durante años regímenes de apoyo o bonificaciones que sitúan a sus industrias en una posición más ventajosa, por lo que reclaman medidas que corrijan esa desventaja competitiva de forma estable y no solo temporal.

Economistas y directivos consultados por el sector advierten de que la combinación de precios altos y volatilidad puede acelerar procesos de deslocalización o provocar cierres parciales de producción, con el consiguiente impacto en el empleo y en la cadena de suministro local. Para muchas plantas, el coste energético es un factor clave en la decisión de mantener contratos en España o buscar alternativas en otros mercados europeos que ofrezcan costes regulados más bajos o incentivos fiscales. La industria pide al Ejecutivo respuestas rápidas para evitar que la actual convulsión geopolítica se traduzca en una nueva oleada de pérdidas industriales.

La petición empresarial llega en un momento en que el Gobierno debe equilibrar la contención del déficit y la sostenibilidad fiscal con la urgencia de proteger sectores estratégicos. Desde la gran industria reivindican que las medidas vayan acompañadas de un plan a medio plazo que refuerce la competitividad mediante innovación, eficiencia energética y estabilidad regulatoria. Las empresas esperan una respuesta próxima y concreta que permita afianzar la producción industrial en España antes de que la escalada en Oriente Medio se traslade, de forma más intensa, a los precios domésticos de la energía.