La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), ha ampliado las pesquisas sobre la trama vinculada a Forestalia para incluir presuntas irregularidades cometidas en anteriores Gobiernos de Aragón. Los registros realizados en la sede de la empresa en Madrid el pasado 3 de marzo han aportado información que sitúa actuaciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en el centro de la investigación. La investigación busca esclarecer si decisiones públicas relacionadas con proyectos de renovables pudieron estar condicionadas por intereses privados.

En sus primeros informes, la UCOMA dedica especial atención al papel desempeñado por Carlos Ontañón, quien fue director del Inaga entre 2003 y 2012 y también ocupó el cargo de director general de Desarrollo Rural durante la etapa en la que figuraba entre los responsables autonómicos Alfredo Boné. Los agentes consideran que su pasado en la administración aragonesa y su actual vinculación con empresas del sector energético justifican un análisis profundo de su actuación. La información obtenida en el registro madrileño ha intensificado el interés sobre posibles vínculos institucionales con promotores privados.

Durante el registro de las oficinas de Forestalia en Madrid, la Guardia Civil logró acceder de forma remota a archivos que, según los investigadores, pertenecen a Ontañón, lo que ha permitido documentar comunicaciones y relaciones empresariales que ahora son objeto de examen. La UCOMA subraya la importancia de ese material para contextualizar decisiones adoptadas en el Inaga en años anteriores. Según los agentes, los documentos serán objeto de estudio y pasarán a formar parte del expediente que informe las diligencias posteriores.

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Además de su trayectoria pública, Ontañón figura actualmente como apoderado solidario en numerosas sociedades promotoras de proyectos de energías renovables que operan bajo denominaciones que comienzan por «Energías Renovables de…» y que, según la investigación, pertenecen al Grupo Forestalia. Esa doble presencia —en la gestión pública en el pasado y en la esfera privada en la actualidad— es la que despierta especial atención entre los investigadores, que buscan determinar posibles conflictos de interés o favores cruzados.

La Guardia Civil ya había recibido referencias al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en diligencias previas gracias a testimonios de empleados públicos y colaboradores. Un testigo de máxima confianza de Fernando Samper, señalado por la investigación como responsable en la cúpula de la empresa aragonesa, confirmó que existía «una relación que excede los cauces formales» entre parte de la administración y la promotora. Según ese testigo, en las reuniones —que describe como casi semanales— entre el entonces director del Inaga, Jesús Lobera, y Samper también participaba Ontañón, lo que habría favorecido un canal de interlocución continuo.

En su escrito, la UCOMA advierte de que las supuestas irregularidades detectadas en la documentación serán «analizadas e informadas con posterioridad» una vez completadas las pruebas periciales y la extracción de datos de los soportes intervenidos. Los investigadores, no obstante, ya consideran que el material recabado en los registros madrileños amplía el alcance de la causa más allá de la propia empresa promotora y apunta a decisiones tomadas desde la administración autonómica.

Forestalia, grupo aragonés relevante en el sector de las energías renovables, ha sido objeto de diversas actuaciones judiciales y policiales en los últimos meses en el marco de una investigación sobre la posible comisión de delitos relacionados con la tramitación de proyectos energéticos. La ampliación de la pesquisa a actuaciones de gobiernos anteriores eleva la complejidad del caso y plantea nuevas incógnitas sobre la relación entre promotores y órganos reguladores autonómicos.

Por el momento, ni la Guardia Civil ni la UCOMA han facilitado detalles sobre posibles imputaciones concretas ni han señalado a otras personas además de las citadas en su informe preliminar. El procedimiento continuará su curso con análisis forenses de la documentación incautada y la toma de declaración a testigos y responsables administrativos, trámites que marcarán los próximos pasos de una investigación que mantiene en alerta a las instituciones aragonesas y al propio sector de las renovables.