El conflicto en Irán ha encarecido de forma notable insumos básicos para la agricultura y la ganadería de Galicia en las últimas semanas, según productores y organizaciones del sector. Desde el inicio de la escalada bélica se han registrado aumentos abruptos en el gasóleo agrícola, los abonos y los films plásticos justo en el arranque de la campaña primaveral, cuando se realiza la preparación de tierras, abonado e instalación de invernaderos. Las subidas se han producido en plena actividad en comarcas muy dependientes del campo, como la de Xallas, y han obligado a empresas y granjas a ajustar costes y ritmo de trabajo. Productores y sindicatos alertan de que, si el conflicto se prolonga, las consecuencias para los márgenes y la capacidad productiva pueden ser muy graves.

En apenas quince días el gasóleo agrícola se ha encarecido entre un 25% y un 50%, la tonelada de urea —materia prima esencial para muchos fertilizantes— ha subido aproximadamente 120 euros/tonelada y el coste del plástico empleado en invernaderos y pacas se ha incrementado alrededor de un 15%. La organización agraria COAG calculó esta semana que la suma de estas alzas supone un sobrecoste para el campo español de 2,4 millones de euros diarios, una cifra que deja ver la magnitud del impacto sobre explotaciones de todo tamaño.

En la comarca de Xallas, la empresa de servicios agrarios Indesa Galicia ejemplifica la presión sobre la actividad diaria. La compañía opera con ocho tractores y, en las semanas de mayor laboreo, gasta cerca de 5.000 litros de gasóleo B al día, según su gerente. Las máquinas empleadas llevan depósitos de unos 400 litros y, en función de la tarea, el consumo medio se sitúa entre 20 y 25 litros por hora, lo que en trabajos pesados puede llevar a agotar más de un depósito en la jornada.

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Marcial Pais, responsable de la empresa, explica que la intensidad del trabajo influye mucho en el consumo: labrar o arrastrar una cisterna de purín exige más revoluciones y, por tanto, más combustible que la siembra de maíz. Además, la primavera obliga a usar más plástico para los invernaderos y para la conservación de ensilados, lo que multiplica la demanda de productos cuyo precio ha subido. El gasóleo bonificado, que hace poco se situaba en torno a 0,85 euros por litro, ha perdido parte de su alivio frente a las recientes subidas del mercado.

Los ganaderos, especialmente los del sector lácteo, advierten del estrechamiento de márgenes porque no pueden trasladar estos incrementos al precio de venta de la leche. Las organizaciones agrarias piden a las industrias que mantengan los contratos de recogida vigentes para evitar ajustes traumáticos y dar tiempo a medir el impacto real de la crisis. En muchos casos, las explotaciones afrontan costes añadidos sin posibilidad de repercutirlos, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de explotaciones pequeñas y medianas.

Los responsables de empresas de servicios han empezado a repercutir parte del encarecimiento en sus tarifas: en algunos casos, la factura por hora de maquinaria ha subido en las últimas semanas para compensar el mayor gasto en carburante y desgaste. Esto afecta a contratistas y a explotaciones que externalizan labores como arado, siega o aplicación de purines, y aumenta la incertidumbre sobre el coste final de las campañas agrícolas.

Más allá del encarecimiento inmediato, el sector teme problemas de suministro de algunas materias primas si la situación en Oriente Próximo se alarga. La dependencia de determinados fertilizantes y componentes plásticos, junto con la volatilidad de los mercados energéticos, abre el riesgo de cuellos de botella en la cadena de producción. Las organizaciones agrarias advierten de que la especulación y la incertidumbre logística pueden agravar aún más los precios y la disponibilidad.

Ante este panorama, sindicatos y asociaciones agrarias han comenzado a movilizarse para reclamar medidas de apoyo y mecanismos de mitigación. Las demandas incluyen la prolongación de condiciones contractuales en el sector lácteo, mayor seguimiento de los suministros críticos y ayudas puntuales para sostener liquidez en explotaciones afectadas por los incrementos. Las administraciones autonómica y estatal ya reciben peticiones para monitorizar la evolución de los precios y estudiar respuestas coordinadas.

Los próximos meses serán clave para calibrar el alcance del impacto sobre las campañas de siembra y la producción de forrajes. Si los precios se mantienen en niveles elevados, muchas explotaciones gallegas deberán afrontar decisiones difíciles sobre insumos, contratación de servicios y mantenimiento de inversiones. Mientras tanto, el sector vigila con atención la evolución del conflicto y la respuesta de mercados y gobiernos para intentar contener el golpe económico en plena temporada alta del campo.