La movilización indefinida de los médicos de centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Vigo cumple 4 semanas con vigilia en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia y un seguimiento que, según el Sergas, ronda el 7% en el área sanitaria. Mientras la Consellería de Sanidade mantiene encuentros con representantes como O’Mega, los facultativos reprochan la «nula voluntad negociadora» y reclaman medidas concretas que, dicen, son imprescindibles para garantizar la atención y la salud mental de los profesionales.
Encierro en el Olimpia Valencia y la agenda de demanda
Esta mañana varias decenas de médicos se concentraron a las 11 ante el Olimpia Valencia; la misma hora en la que la Consellería había citado al sindicato convocante. El encierro en el recién estrenado centro de la calle Lalín —acto que recuerda la inauguración presidida por la Xunta semanas atrás— se ha convertido en símbolo de la protesta: no es una acción estética sino la expresión de la frustración acumulada tras meses de plantillas mermadas y jornadas agotadoras.
Los profesionales insisten en que se trata de «un movemento médico» y no de una reivindicación circunscrita a una organización sindical, según palabras de la doctora Susana Vázquez Hermida. Su mensaje es sencillo y directo: quieren tiempo para atender a cada paciente. En palabras suyas, reproducidas por varios participantes, «Queremos tempo para atender aos nosos pacientes e temos que velar pola nosa saúde mental».
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En el catálogo de exigencias que los facultativos han puesto sobre la mesa figuran, como puntos irrenunciables, agendas de 30 pacientes al día para médicos de familia, de 20 para pediatras y la medición de la demanda en los PACs, junto con un ajuste de plantillas que impida que un profesional cargue con «un número infinito» de consultas. Estas cifras no son casuales: responden a la experiencia diaria de cupos que, según denuncian, superan lo razonable y derivan en decisiones críticas sobre a quién se atiende y a quién se deriva.
Negociaciones tensas y antecedentes en la sanidad gallega
La Consellería, dirigida por Antonio Gómez Caamaño, ha llevado a cabo reuniones con distintos colectivos, pero los médicos de Vigo sostienen que el departamento se ha «cerrado en banda» en cuestiones clave. La cita de este lunes a O’Mega no logró alterar el encierro; la frustración es palpable tras la reunión del viernes con la CIG, que los facultativos consideran insuficiente. Ante la ausencia de soluciones, las organizaciones convocantes ya han anunciado jornadas de paro para el 26 de marzo, el 9 de abril y el 23 de abril, un calendario pensado para ejercer presión sostenida.
No es la primera vez que la Atención Primaria gallega recurre a la protesta para reclamar mejoras. El sistema lleva años tensionado por la combinación de envejecimiento de la población, dispersión rural, dificultades para cubrir plazas y condiciones laborales que empujan a la fuga de profesionales. En Vigo, con una población que crece y envejece en paralelo a la presión asistencial en barrios y municipios del área metropolitana, la situación adquiere matices de emergencia.
Los datos aportados hasta el pasado miércoles 18 ponen números a ese deterioro: se han suspendido 59.632 consultas en centros de salud de toda Galicia desde el inicio de la huelga, de las cuales 26.586 correspondían al área de Vigo —casi el 44,6% del total autonómico—. Son cifras que ilustran el impacto en la actividad programada y, por ende, en la rutina asistencial de miles de pacientes.
Peonadas, quirófanos y la presión sobre el hospital
La protesta en Primaria ha desbordado su horizonte habitual y ha encontrado eco en otros servicios. En el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo los anestesistas y médicos de otras especialidades mantienen suspensiones de las peonadas —las horas extra de tarde— desde el 9 de marzo. La consecuencia es un estancamiento en los quirófanos programados, una situación que se agrava a medida que los retrasos en listas de espera se alimentan unos a otros.
El argumento de estos especialistas es claro: no cubrir horas sueltas sin condiciones que preserven la seguridad del paciente y la salud del propio profesional. La Consellería ha recibido escritos de renuncia a las peonadas y se ha reunido con colectivos, pero, denuncian desde los Comités, no ha convocado de forma efectiva al comité de huelga de O’Mega ni a iniciativas como Médicos Unidos por sus Derechos, lo que complica cualquier salida concertada.
En Vigo —ciudad con una red hospitalaria y primaria entrelazada— la paradoja es evidente. Si se derivan más casos al hospital por la mañana, explican los médicos, se tensionan urgencias y consultas hospitalarias; si se cierran circuitos, se deja sin atención a vecinos y vecinos de municipios limítrofes. La propuesta de abrir los PACs en horario matinal, con dotación completa y personal remunerado de forma voluntaria, aparece como una fórmula para redistribuir la carga sin desabastecer la Atención Primaria, pero exige compromiso presupuestario y planificación.
Hoy, el alcalde Abel Caballero acudió al encierro como gesto de apoyo, un hecho que refuerza la dimensión pública del conflicto. La presencia municipal aporta visibilidad, aunque no sustituye a la negociación entre Consellería y representantes médicos. En la calle, pacientes y vecinos observan con preocupación cómo citas y seguimientos se dilatan mientras los profesionales reclaman lo que consideran básico para la práctica médica diaria.
Las próximas semanas marcarán el futuro inmediato del conflicto: las jornadas de paro programadas, la presión de los suspendidos en primaria y el estado de las listas de espera en el hospital condicionarán la capacidad de la Xunta para buscar una salida. Los médicos hablan de evitar «fugas» profesionales y de reparar un sistema que, según repiten, necesita plantillas estables, medidas para la salud laboral y una reorganización que ponga la consulta de barrio en el centro del sistema.
Si no hay avances concretos, el pulso podría endurecerse y la movilización expandirse. La administración autonómica, por su parte, precisa calibrar entre la respuesta inmediata —rescates puntuales de personal, incentivos o reordenación de horarios— y reformas estructurales que den respuesta a un problema que trasciende a Vigo: la sostenibilidad de la Atención Primaria en Galicia. Para la ciudadanía, la urgencia es doble: recuperar el acceso a la atención de proximidad y garantizar que quienes la prestan puedan hacerlo con seguridad y dignidad.
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