La titular del juzgado que investiga presuntas comisiones en los contratos adjudicados por la Real Federación Española de Fútbol abrió una pieza separada el 10 de marzo de 2026 centrada en los expedientes del Estadio de La Cartuja, en Sevilla, relativos a la celebración de partidos de la Eurocopa de 2020. En ese procedimiento figuran como investigados el ex secretario general para el Deporte José María Arrabal y el gerente actual del recinto, Daniel Oviedo, y la jueza ha ordenado la incautación de dispositivos informáticos y móviles para rastrear indicios de beneficio económico. La investigación se dirige a contratos vinculados a las obras, servicios y suministros que se ejecutaron con motivo de la competición celebrada en plena pandemia. El auto también permite acceder a cuentas bancarias y a dispositivos de criptomonedas para comprobar si hubo enriquecimiento ilícito.

La pieza separada nace a raíz de un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuya existencia adelantaron varios medios y al que el juzgado dio entrada en el procedimiento. El foco del examen son los contratos suscritos entre la sociedad adjudicataria, Gruconsa, y la entidad que gestiona el estadio, en los que, según la UCO, podrían detectarse irregularidades en la tramitación y la facturación. El Estadio de La Cartuja, gestionado mayoritariamente por la Junta de Andalucía, recibió una ayuda extraordinaria para sufragar los gastos asociados a la organización de los cuatro partidos que se celebraron en Sevilla.

Según el auto incorporado al sumario, la Administración autonómica abonó una subvención excepcional de 4,9 millones de euros al recinto para garantizar la celebración de los encuentros, y a partir de ese convenio se sucedieron una serie de expedientes para ejecutar trabajos previos al torneo. La UCO señala de forma concreta dos expedientes que han despertado “especial interés” por la posible concurrencia de irregularidades: la tematización de la sala de prensa, por importe de 88.061 euros, y la adecuación de la zona deportiva, presupuestada en 816.798 euros. En conjunto, el informe atribuye a Gruconsa una facturación derivada de esas obras que alcanzaría los 2.342.143 euros.

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Como primera medida práctica, la jueza ha autorizado registros e incautaciones dirigidas a obtener documentación electrónica y comunicaciones que puedan acreditar el papel de las personas investigadas en la adjudicación y ejecución de los contratos. La orden también habilita a los investigadores para solicitar movimientos bancarios y datos de activos digitales, con el fin de determinar si se produjeron ingresos personales vinculados a los expedientes. Fuentes judiciales consultadas subrayan que estas diligencias persiguen verificar trazabilidad financiera y vinculación entre los contratos y eventuales intermediarios.

El auto no acusa aún de delito, sino que incluye a los dos investigados como parte de la fase indagatoria tras la valoración preliminar de la UCO, paso habitual en procesos complejos de contratación pública. La condición de investigado implica la apertura formal de pesquisas y la posibilidad de que, si se acreditan indicios suficientes, se propongan cargos penales en etapas posteriores. Los mecanismos de prueba que ahora se despliegan pretenden clarificar quién aprobó, supervisó y abonó cada expediente antes de concluir sobre responsabilidades penales o administrativas.

La investigación encaja en el contexto más amplio de pesquisas sobre contratos vinculados a la gestión de la selección y a la propia federación durante la etapa de la presidencia de Luis Rubiales, que han motivado distintas líneas de averiguación en los últimos años. La intervención de la UCO responde a la necesidad de trazar el circuito contractual entre la RFEF, el Estadio de La Cartuja y las empresas contratistas implicadas en las obras. En el auto se recoge, además, la posible mediación de la federación en la relación entre la sociedad adjudicataria y el recinto sevillano.

Hasta el momento de la publicación de esta información no se ha hecho pública respuesta oficial ni por parte de los investigados ni desde la Junta de Andalucía ni desde la Real Federación Española de Fútbol; fuentes cercanas al procedimiento indican que las notificaciones se están practicando y que las partes tendrán oportunidad de aportar documentación y alegaciones. En causas de esta naturaleza, los plazos para la práctica de diligencias son variables y pueden extenderse mientras se recopilan pruebas electrónicas y contables.

Los próximos pasos en la instrucción pasarán por el análisis forense de los dispositivos intervenidos y por la petición de información a entidades bancarias y plataformas de activos digitales, según figura en la resolución judicial. La apertura de la pieza separada supone un avance en la investigación sobre la gestión de las contrataciones relacionadas con la Eurocopa, pero no determina culpabilidades: la causa continuará su tramitación hasta que el juzgado valore si hay base para formular cargos o procede el sobreseimiento.