La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid, Carolina García, tiene previsto archivar la segunda denuncia presentada contra el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, al constatar que la presunta víctima no ha cumplido con el trámite de ratificación exigido por la ley. La denuncia, que fue formulada directamente ante la autoridad judicial, se refiere a hechos que supuestamente ocurrieron en octubre de 2021 y quedará provisionalmente sin recorrido procesal mientras no se produzca esa ratificación. La decisión se adopta tras la comprobación formal de la ausencia de ese paso procesal, imprescindible para la continuación de la causa.

Según fuentes vinculadas a la acusación, la afectada es una actriz de reconocida notoriedad cuya identidad no ha sido revelada. El letrado que presentó la denuncia ante el juzgado es el mismo que representa a la otra acusadora en el caso paralelo, Alfredo Arrién, que también actúa como acusación particular en la causa presentada por Elisa Mouliaá. Desde ese despacho insisten en que el archivo podría ser provisional y en que buscan vías para que el procedimiento no quede cerrado definitivamente.

La denuncia atribuye a Errejón una agresión que habría tenido lugar tras una relación inicial establecida por la red social Instagram, según la narración presentada ante el juzgado. Los hechos se sitúan, siempre según la acusación, en un encuentro que se desarrolló en un local público y que continuó en el coche en el que se desplazaron, así como en la vivienda del exdirigente de Más Madrid. Estas circunstancias se incorporaron en la denuncia que motivó la incoación del expediente judicial.

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El motivo formal del archivo es procesal: la normativa penal requiere, en este tipo de acciones particulares por delitos contra la libertad sexual, que la persona que denuncia ratifique su querella para que la acción penal siga adelante. Al no haberse producido esa ratificación, la jueza registral debe acordar el archivo de las diligencias, si bien esa resolución puede ser revisada o recurrida en los términos que contemple la ley.

La admisión a trámite de esta segunda denuncia ya fue resuelta por el juzgado en días previos, lo que activó la investigación inicial y la práctica de diligencias. No obstante, la falta de ratificación ha modificado el curso previsto y fuerza ahora a la titular del órgano judicial a cerrar las actuaciones sobre este concreto expediente. Fuentes del entorno de la acusación sostienen que ese cierre no equivale a un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

En paralelo continúa abierto el procedimiento relativo a la denuncia de Elisa Mouliaá, con la misma acusación particular representada por el letrado Arrién, y que mantiene su propio recorrido procesal. Ese caso ha generado un mayor seguimiento mediático y político, y será en último término la evolución de ambas diligencias la que marque la situación judicial definitiva del exdiputado. Hasta ahora, los procesos avanzan de forma independiente aunque comparten elementos de representación y contexto temporal.

El archivo que se adoptará de forma inminente refleja la tensión entre las exigencias formales del procesal penal y el interés de las acusaciones en que las investigaciones sigan adelante. La defensa y las partes implicadas disponen de recursos legales para impugnar la resolución o aportar nuevos elementos que permitan reabrir la causa, algo que desde la acusación particular se pretende explorar si es viable.

En el ámbito político, la presencia de estas denuncias ha condicionado la actividad del protagonista y suscita debate sobre la respuesta institucional ante denuncias por delitos sexuales. Mientras tanto, la presunción de inocencia y el derecho de la víctima a decidir sobre la continuación del proceso permanecen en el centro del conflicto jurídico. La resolución definitiva sobre el archivo deberá formalizarse por escrito y podrá ser recurrida en los plazos y formas establecidos por la ley.