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La Junta de Andalucía se personará en la causa abierta por el accidente ferroviario de Adamuz

La Junta de Andalucía se personará en la causa abierta por el accidente ferroviario de Adamuz

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles la personación del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en la investigación abierta por el choque entre los trenes Iryo y Alvia ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro. La decisión responde, según el Ejecutivo autonómico, a la necesidad de defender los intereses de la comunidad autónoma y de ejercer las acciones civiles o penales que procedan contra responsabilidades derivadas del siniestro. Paralelamente, la Junta ha encargado a las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias la creación de un comisionado que coordine el seguimiento y la atención a las personas afectadas.

El choque, que dejó 46 víctimas mortales y alrededor de un centenar de heridos, provocó una respuesta inmediata de múltiples organismos autonómicos para atender la emergencia y prestar apoyo a las familias. La personación implica que el abogado del Ejecutivo podrá acceder a las actuaciones judiciales, presentar demandas, personarse en diligencias y solicitar las pruebas que estime oportunas en el marco del proceso que instruye el Juzgado de Montoro.

En la resolución aprobada por el Consejo de Gobierno, la Junta subraya el «perjuicio relevante» que el accidente ha causado a la Administración autonómica, no sólo por la atención sanitaria y asistencial prestada, sino por la movilización de recursos extraordinarios para garantizar servicios esenciales. El Ejecutivo insiste en que las actuaciones de emergencia obligaron a la activación de dispositivos que representaron costes imprevistos y cargas administrativas adicionales.

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Además de los gastos directos derivados de la gestión de la catástrofe, el Gobierno autonómico advierte del impacto económico sobre el sector turístico. En sus alegaciones se menciona la pérdida de ingresos por el turismo durante el primer cuatrimestre de 2026 que, a juicio de la Junta, puede mermar el crecimiento regional dada la relevancia del sector, que supone cerca del 12% del PIB andaluz. La interrupción de servicios ferroviarios de alta velocidad y los planes alternativos de transporte, con desvíos por estaciones como Villanueva, han añadido costes logísticos y complicaciones para viajeros.

El comisionado anunciado tendrá como misión coordinar la atención a las víctimas y sus familias, hacer seguimiento de los recursos sanitarios y sociales desplegados y servir de interlocutor permanente entre las administraciones implicadas. La Junta subraya la importancia de un cauce estable de apoyo para evitar duplicidades y mejorar la respuesta a los afectados, además de facilitar la información sobre prestaciones y posibles reclamaciones.

Fuentes del Gobierno autonómico recalcan que la personación no prejuzga la responsabilidad penal o civil de terceros, sino que pretende proteger el patrimonio público frente a reclamaciones y garantizar la participación de la Administración en el esclarecimiento de los hechos. En paralelo, la causa judicial continúa su tramitación en Montoro, donde los instructores trabajan en la recopilación de pruebas técnicas y testimonios necesarios para determinar las causas del siniestro.

El accidente de Adamuz reabrió también el debate sobre la seguridad en la red ferroviaria y la coordinación entre operadores, infraestructuras y administraciones. Grupos políticos y asociaciones de víctimas han pedido explicaciones y medidas que eviten la repetición de sucesos similares; la personación de la Junta añade ahora una vía institucional más en el proceso judicial y en la eventual reclamación de responsabilidades económicas.

Las próximas semanas serán clave para la evolución del procedimiento: la Junta podrá presentar escritos y solicitar diligencias, mientras que el comisionado recién diseñado empezará a operar para centralizar la atención a las personas damnificadas. La investigación judicial y las actuaciones administrativas marcarán el ritmo de las decisiones futuras, con el objetivo declarado por el Ejecutivo andaluz de garantizar claridad, apoyo a las víctimas y la defensa de los intereses públicos afectados.

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Redacción

Periodista de Galicia Universal.