Un Juzgado de lo Social de Pontevedra ha declarado en fraude de ley la utilización continuada de contratos temporales por parte del Consorcio Galego de Servizos y ha condenado a la Xunta a readmitir a la trabajadora afectada o, alternativamente, abonarle una indemnización de 17.927 euros. Los hechos se refieren al periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2016 y el 7 de noviembre de 2021, en el que la empleada encadenó 74 contratos de interinidad por sustitución.

El caso: 74 contratos en menos de seis años

Los números, por sí solos, resultan sobrecogedores: setenta y cuatro contratos en poco más de cinco años. Según la resolución judicial, la secuencia temporal y la naturaleza repetida de las contrataciones llevaron al tribunal a concluir que la relación laboral mantenida con la trabajadora era, en la práctica, de carácter indefinido, pese a que formalmente se encuadrara en figuras de sustitución temporal.

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El Juzgado de lo Social de Pontevedra, que dictó la sentencia inicial, consideró probada la continuidad del servicio y la ausencia de un motivo real y objetivo que justificara la peregrinación contractual. Es decir, la plaza ocupada por la empleada no fue, según el fallo, algo ocasional o esporádico que exigiera contratos sucesivos por motivos de fuerza mayor o sustituciones puntuales.

Que una persona reciba contratos mes tras mes en una entidad pública no es una anomalía aislada en Galicia; sin embargo, la intensidad del encadenamiento en este caso —una media aproximada de un contrato por mes— ha resultado decisiva para que el tribunal lo considere fraude de ley. A falta de confirmación oficial sobre otros casos concretos, fuentes cercanas indican que no sería el único procedimiento abierto contra la administración autonómica por prácticas similares.

Marco legal y antecedentes en la comunidad

La doctrina judicial sobre la contratación temporal en el sector público ha ido endureciéndose en los últimos años. La legislación laboral y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han fijado criterios cada vez más estrictos para evitar que la temporalidad encubierta suponga la regla en lugar de la excepción. En España, la reforma laboral de 2021 puso el foco en limitar el abuso de la temporalidad, pero la aplicación práctica, y su control en los entes instrumentales, sigue generando litigios.

En Galicia, los consorcios, fundaciones y sociedades públicas han recurrido con frecuencia a fórmulas de contratación temporal para gestionar picos de trabajo o cubrir necesidades organizativas. No es la primera vez que un tribunal gallego declara la existencia de fraude de ley en este tipo de relaciones. La sentencia publicada ahora se suma a una cadena de resoluciones que obligan a la administración a convertir en indefinidos a empleados que venían desempeñando tareas permanentes encubiertas bajo contratos temporales.

Para comprender la dimensión local del asunto cabe recordar que el mapa de empleo público en Galicia está atomizado: además de la propia Xunta, existen consorcios provinciales y municipales que gestionan servicios esenciales. Esta fragmentación facilita, según abogados laboralistas consultados en anteriores ocasiones, la recurrencia de prácticas que ahora los tribunales están desestimando.

Repercusiones prácticas y próximos pasos

La sentencia obliga a la Xunta a optar entre la readmisión de la trabajadora en las condiciones previas o el pago de una indemnización que ronda los 17.927 euros. En la práctica, la decisión de readmitir puede tropezar con dificultades organizativas y presupuestarias, sobre todo si la plaza sigue ocupada por otra persona o si ha sido amortizada. Por eso no es raro que la administración elija la vía indemnizatoria; sin embargo, la suma señalada no satisface únicamente una compensación económica: también constituye un llamamiento a corregir prácticas de contratación.

Fuentes jurídicas explican que la Xunta dispone de la vía del recurso para impugnar la sentencia ante instancias superiores, con argumentos que suelen centrarse en la naturaleza efectiva de las sustituciones y en supuestos cambios organizativos. A falta de confirmación oficial sobre si la administración recurrirá, la experiencia indica que este tipo de condenas suelen prolongarse en los tribunales durante meses o años.

Más allá del caso particular, hay que considerar el efecto llamada que puede provocar una resolución firme: otros trabajadores y trabajadoras del Consorcio Galego de Servizos o de entidades similares podrían plantear demandas para que se reconozca su condición de fijos. Si se multiplicaran las sentencias en la misma línea, el impacto presupuestario para la administración autonómica podría ser notable y obligaría a revisar políticas de plantilla y contratación.

En el terreno político, la sentencia abre un debate que afecta al ejecutivo autonómico y a la gestión de los recursos humanos en la administración pública. Sindicatos y colectivos contra la precariedad laboral han señalado reiteradamente que la temporalidad es uno de los problemas estructurales del empleo público en Galicia. El fallo judicial refuerza ese discurso y añade un argumento práctico: la inadecuada utilización de contratos temporales puede salir más cara a la larga.

Para la trabajadora afectada, la resolución supone, a corto plazo, el reconocimiento judicial de su antigüedad y de la indefinición de su relación laboral. Para la Xunta y el Consorcio, es un recordatorio tangible de que los tribunales están dispuestos a sancionar la reiteración contractual cuando la realidad apunta a una vinculación estable. Queda por ver si la administración decide readmitirla, abonar la indemnización o llevar el caso a instancias superiores; cualquiera que sea la opción, el asunto tendrá consecuencias más allá del expediente individual.

En una Galicia marcada por debates sobre empleo, despoblación y sostenibilidad de servicios públicos, la sentencia del Juzgado de lo Social de Pontevedra se inserta en un conflicto más amplio: cómo articular plantillas públicas estables sin caer en la rigidez presupuestaria. La respuesta de la Xunta en las próximas semanas será, en buena medida, el termómetro de hasta qué punto la administración está dispuesta a ajustar sus prácticas de contratación a la jurisprudencia reciente y a las demandas de quienes llevan años aportando su trabajo con contratos sucesivos.