El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha exigido a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha de inmediato los trámites para crear el registro de objetores a las interrupciones voluntarias del embarazo. La decisión se adoptó mediante un auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La medida responde a una demanda del Ministerio de Sanidad frente a la negativa del Gobierno regional.

## La orden del tribunal

El auto, fechado el 9 de marzo de 2026, obliga a la Comunidad a iniciar «de inmediato» los procedimientos administrativos necesarios. No exige la puesta en funcionamiento instantánea del registro, pero sí el inicio formal de su elaboración y aprobación.

La resolución acepta las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad, que llevó el caso a los tribunales al considerar que Madrid incumple la normativa vigente sobre objeción de conciencia.

• Inicio de trámites: preparar el borrador y abrir la tramitación administrativa.
• Cumplimiento normativo: adecuar la actuación autonómica a la ley estatal.
• Control judicial: seguimiento del cumplimiento de la medida cautelar por parte del tribunal.

## Por qué llega la medida

El Ministerio interpuso la demanda porque, según su escrito, la Comunidad de Madrid es la única autonomía que aún no ha desarrollado el registro previsto por la ley del aborto. Ese registro pretende identificar a los profesionales que se acogen a la objeción de conciencia.

El objetivo declarado del registro es garantizar tanto el derecho a la objeción como la disponibilidad de servicios sanitarios para quienes soliciten una interrupción voluntaria del embarazo.

La creación del registro busca también evitar que la negativa a practicar interrupciones afecte la accesibilidad efectiva a los servicios previstos por la normativa estatal.

## Reacciones y posibles pasos

La orden judicial sitúa a la Administración regional en la tesitura de iniciar trámites contra su voluntad política declarada. Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno han manifestado previamente su rechazo a aplicar algunos aspectos de la ley del aborto, postura que motivó el recurso del Ejecutivo central.

En lo jurídico, la aceptación de medidas cautelares por parte del TSJM no supone la resolución definitiva del conflicto. Puede abrirse ahora un proceso de cumplimiento supervisado por el tribunal y, si la Comunidad persiste, nuevas actuaciones procesales.

• Posible recurso: la Comunidad puede recurrir el auto o presentar alegaciones durante la tramitación.
• Plazos administrativos: el tribunal exige iniciar trámites, pero no fija una fecha concreta para la aprobación final.
• Impacto político: la orden intensifica la tensión entre el Gobierno central y la Administración regional.

El caso mantiene abierta la cuestión de cómo conciliar el derecho a la objeción con la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La próxima fase pasará por la tramitación autonómica and por el posible seguimiento judicial del cumplimiento de la medida cautelar.