El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha denegado a la Xunta la autorización para cazar lobos en Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol en un auto fechado el 6 de marzo y difundido este martes, al considerar que la petición no aporta pruebas técnicas suficientes que avalen un incremento de ataques al ganado que justifique las batidas. La decisión afecta a las medidas solicitadas por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático tras la suspensión cautelar de las batidas aprobadas en la modificación de la normativa cinegética publicada en abril del año pasado. El tribunal entiende que la extracción de ejemplares tendría efectos letales indeterminados y que no se ha realizado el análisis previo que exige el plan de gestión del lobo.

La resolución se enmarca en un año de intensos debates tras la exclusión del lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) por el Congreso de los Diputados, decisión que abrió la puerta a que varias comunidades autorizaran controles cinegéticos para reducir daños al ganado. Sin embargo, los tribunales autonómicos y estatales han venido rechazando autorizaciones cuando las administraciones no aportan datos técnicos sólidos sobre población, densidad o evolución de los ataques. Los magistrados recalcan que la muerte de ejemplares debe permanecer como una medida estrictamente excepcional, no una práctica habitual amparada por sistemas de cupos.

En su modificación normativa, la Xunta incluyó al lobo entre las especies cuya caza puede realizarse mediante esperas, batidas y monterías cuando existan «daños constatados», con la excepción de los meses de abril, mayo y junio. Esa reforma fue recurrida y sus batidas quedaron suspendidas de forma cautelar, por lo que la Consellería solicitó al alto tribunal la contracautela necesaria para retomar actuaciones concretas en los tres ayuntamientos ahora rechazados. La petición autonómica pretendía responder a las demandas de ganaderos que atribuyen a los lobos un aumento de ataques en determinadas zonas rurales.

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La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG considera que no se ha acreditado un cambio de circunstancias que modifique la valoración realizada en la resolución firme que suspendió las batidas. El auto subraya la ausencia de referencias técnicas contrastadas sobre un aumento de la densidad poblacional del lobo que justificase levantar la medida cautelar y alerta del riesgo de causar un daño grave al ecosistema por la «muerte de ejemplares en un número indeterminado». Además, los magistrados señalan que la propia normativa exige un análisis previo que no consta en el expediente presentado por la administración.

Según informó EfeVerde y recoge el auto, la sala desestimó la solicitud de contracautela de la Consellería, manteniendo la prohibición de realizar batidas en los municipios citados. Al mismo tiempo, el tribunal no cierra la puerta a actuaciones que no impliquen la extracción de ejemplares, y admite la adopción de medidas preventivas o de protección del ganado que no conlleven sacrificios. Esa matización abre espacio a soluciones técnicas y de convivencia, como reforzar vallados, pastoreo vigilado o ayudas para compensar daños, aunque el auto no entra a prescribir medidas concretas.

La Xunta dispone de recursos administrativos y judiciales para intentar revertir la resolución, y fuentes del sector ganadero han venido reclamando mayor rapidez y contundencia para frenar los daños que atribuyen al lobo. En el ámbito político, la cuestión sigue siendo un quebradero de cabeza para las autoridades autonómicas, que intentan conciliar la protección de la biodiversidad con la defensa de actividades rurales y el bienestar de las explotaciones ganaderas, especialmente en comarcas con mayor presión cinegética.

El fallo del TSXG se suma a otras sentencias en distintas comunidades que ponen freno a autorizaciones generalizadas de caza y reclaman informes científicos y planes de gestión previos y detallados. Tribunales y expertos reclaman protocolos de evaluación de daños, censos exhaustivos y un seguimiento técnico riguroso antes de permitir extracciones, con el objetivo de que la intervención humana no comprometa la conservación de la especie ni el equilibrio de los ecosistemas.

Mientras persista la falta de pruebas técnicas concretas, los permisos para batidas en Galicia se enfrentan a obstáculos judiciales que mantienen el estado de suspensión cautelar en numerosos casos. La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia marca, de nuevo, el tono de la tutela judicial en un conflicto que combina aspectos científicos, sociales y políticos y cuya solución demanda, según los jueces, más datos y más planificación técnica por parte de la administración.