La modernización del agua en Ourense: el PERTE roza la meta con el 97% de las contrataciones

La Diputación de Ourense anuncia que el despliegue del PERTE dedicado al ciclo del agua ha alcanzado ya el 97% de las contrataciones previstas. Según las cifras oficiales, el proyecto ha dejado instalados más de 58.000 contadores inteligentes en 74 ayuntamientos y reconoce que el sistema estará plenamente en funcionamiento durante el segundo semestre de 2026, si no surgen contratiempos administrativos o técnicos.

Avance técnico: contadores, monitorización y cronograma

El programa, bautizado en la provincia como PERTE OU-Intelixente, se ha orientado a digitalizar tanto el abastecimiento como la depuración. En la práctica, esto se traduce en la sustitución de pulsadores analógicos por equipos que permiten lectura remota, telelectura y diagnosticar pérdidas en tiempo real. A día de hoy, más del 87% de los dispositivos previstos están ya instalados, lo que sitúa el total de equipos planificados —según una estimación a partir de los datos facilitados— en torno a los 66.700 contadores.

Además de las instalaciones físicas, otro medio centenar de municipios —aproximadamente 50— están integrados en una plataforma de monitorización que recoge parámetros de las redes de abastecimiento y depuración. Esa capa digital es la que permitirá anticipar averías, optimizar bombeos y reducir el agua no facturada, uno de los grandes sumideros económicos de los servicios de agua en territorios con redes envejecidas.

La Diputación ha puesto como objetivo que el sistema comience a operar de forma efectiva durante el segundo semestre de 2026.

“Esperamos que empiece a operar durante el segundo semestre”,

señalaron fuentes de la institución, que insisten en que la fase final se centra ahora en la parametrización de la plataforma y la formación de personal municipal para la gestión diaria.

Un proyecto enraizado en la realidad ourensana

No es casualidad que Ourense haya sido una de las provincias pioneras en aprovechar fondos vinculados al PERTE del agua. La orografía provincial —con valles, montañas y núcleos muy dispersos— obliga a una gestión más fina del recurso. A la habitual falta de densidad poblacional se suma un parque de redes de abastecimiento con décadas a sus espaldas, donde las pérdidas por fugas y lecturas inexactas eran una constante.

La apuesta por los contadores inteligentes tiene, además, una lectura política y social: la mejora del servicio en municipios pequeños puede entenderse como una herramienta contra la despoblación. No es lo único necesario, pero facilitar servicios básicos de calidad es parte del decálogo para retener población y atraer actividad económica. Cabe recordar que la provincia llega a 2026 con retos estructurales —envejecimiento, déficit de personal en el ámbito rural— que hacen más necesaria la eficiencia en la gestión pública.

Históricamente la provincia ha encadenado planes dispersos de mejora de infraestructuras hídricas. El PERTE ofrece, por primera vez en años, una ventana de coordinación y financiación que une la renovación de equipamiento con una estrategia digital global. La Diputación ha intentado capitalizar esa oportunidad para afrontar de manera integral el ciclo del agua, desde la captación hasta la depuración y reutilización, aunque quedan por definir algunos elementos de gobernanza y mantenimiento a medio plazo.

Retos pendientes y efectos sobre la gestión y el bolsillo del ciudadano

Que el programa esté ya contratado al 97% no implica que el trabajo esté concluido. Quedan por resolver cuestiones operativas: integración plena de los ayuntamientos pequeños en los sistemas de telemetría, contratos de mantenimiento a largo plazo, formación continua del personal local y protocolos claros frente a ciberincidentes. La digitalización abre también debates legítimos sobre la protección de datos y la transparencia en el uso de la información de consumo.

En el ámbito económico, las previsiones son positivas: una lectura más precisa y la detección temprana de fugas pueden reducir el agua no facturada y, por tanto, aliviar las cuentas de los servicios municipales. No obstante, la llegada de contadores inteligentes no es una panacea. Los ayuntamientos tendrán que decidir modelos tarifarios, políticas sociales para hogares vulnerables y cómo repercutir ahorros en los recibos. En municipios con presupuestos ajustados, la capacidad de asumir costes de mantenimiento y actualización tecnológica será clave.

Otro punto a vigilar es la equidad territorial. La instalación en 74 ayuntamientos es una cifra relevante, pero los municipios que quedan fuera del primer paquete suelen ser los más pequeños y las zonas de montaña, precisamente donde la presencia estatal y provincial es más crítica. Si esos núcleos no se incorporan en la fase final del proyecto, el riesgo es aumentar la brecha digital entre pueblos grandes y pequeños.

Finalmente, el proyecto ofrece una oportunidad para que Ourense lidere un cambio de paradigma en Galicia. Si la implantación culmina con éxito, la provincia podrá mostrar un modelo replicable: coordinación supramunicipal, aprovechamiento de fondos estratégicos y atención a la gestión diaria del agua como servicio público esencial. Todo ello con el condicionante de que la modernización técnica vaya acompañada de gestión responsable y participación ciudadana.

En resumen, el PERTE del agua en Ourense camina hacia su finalización administrativa y técnica: contratos al 97%, más de 58.000 contadores instalados y una plataforma que ya monitoriza decenas de redes. Queda por delante la prueba de fuego: convertir esos números en mejoras tangibles en el suministro, en ahorros reales para las arcas municipales y en un servicio más fiable para los vecinos de la provincia. Si se cumplen los plazos anunciados, la segunda mitad de 2026 trazará un antes y un después en la forma en que Ourense gestiona su recurso más básico.