Tras semanas de tensión en varios barrios de Moaña, Mercedes y Antonio relatan que pasan las noches al raso y esperan una salida habitacional mientras lidian con la advertencia judicial: si vuelven a ocupar una vivienda podrían entrar en prisión. La pareja fue detenida el pasado domingo tras acceder a una casa en A Moureira —donde dicen que fueron engañados— y salió en libertad tras aceptar una condena.

Detención, acusaciones y el relato de la pareja

El episodio que ha encendido el malestar vecinal comenzó, según los propios protagonistas, con la ocupación de una casa en O Real y continuó con la entrada en una vivienda que, a su juicio, les había sido presentada como deshabitada. La intervención de la Guardia Civil en la vivienda de A Moureira terminó con su traslado al juzgado de Cangas y con una resolución que les dejó en libertad condicionada al aceptar una pena.

En primera persona, Mercedes cuenta que llevan varios días «durmiendo en el monte, como perros», y que sobreviven gracias a «unas pocas personas buenas que nos ayudan». Recalca también que han intentado recurrir a los albergues locales, pero les han explicado que están completos: «Intentaremos el lunes pedir entrar en uno, pero hasta entonces nos queda todo el fin de semana, y nos duele todo el cuerpo de dormir al aire libre», añade.

«Nos dijeron que era una casa deshabitada, pero era mentira. Fue una trampa que le tendieron a Antonio y nos apareció uno de los dueños»

La advertencia trasladada en el juzgado pesa sobre ellos. Según Mercedes, le comunicaron que, de volver a ocupar una vivienda particular, a ella le corresponderían cuatro meses de prisión y a Antonio hasta dos años, por los antecedentes que él arrastra. Esa diferencia de plazos, sostienen, explica el temor que ahora les obliga a extremar las precauciones y a dormir fuera de poblaciones.

Un conflicto que reaviva debates sobre vivienda y seguridad en O Morrazo

Las imágenes de vecinos preocupados y alguna protesta puntual no son nuevas en O Morrazo. En un territorio donde conviven núcleos costeros muy demandados por el turismo y barrios con déficit de oferta asequible, los casos de ocupación y los conflictos colaterales suelen abrir dos frentes: el de los propietarios que reclaman seguridad y el de personas en situación de exclusión que buscan una solución urgente al sinhogarismo.

En Moaña se suma la sensación de impotencia institucional. Los recursos municipales de emergencia social y las plazas en albergues son limitados, y la presión de la estacionalidad turística deja a veces inmuebles vacíos durante meses. Esa circunstancia, junto a una red de ayuda informal —vecinos que proveen comida o cobijo temporal—, compone el mosaico en el que se mueve la pareja.

Fuentes municipales consultadas por esta redacción explican que la solución no pasa únicamente por la actuación policial, y que en el último año el Concello ha reforzado los servicios de trabajo social, aunque admiten que la demanda supera la capacidad. En paralelo, propietarios y asociaciones vecinales reclaman medidas que garanticen la legalidad y la convivencia, mientras la fiscalía y los juzgados aplican la normativa penal y civil en cada caso concreto.

Repercusiones inmediatas y próximos pasos

En lo inmediato, la pareja anuncia que intentará formalizar la petición de acceso a un albergue el próximo lunes, tras un fin de semana en el monte. A corto plazo también está en el aire si la fiscalía optará por seguir con las diligencias abiertas o si el acuerdo que llevó a la liberación condicionada será definitivo. La posibilidad de penas de prisión, aunque ligada a la reincidencia y a los antecedentes, explica el miedo expresado por ambos.

Del lado comunitario, el conflicto ha reavivado el debate sobre alternativas: desde incrementar las plazas de emergencia y acelerar la puesta a disposición de viviendas vacías de entidades bancarias o fondos, hasta programas de mediación que eviten la escalada entre propietarios y okupas. En las últimas semanas, vecinos de distintos barrios —O Real, Meira y A Moureira— han pedido respuestas más ágiles por parte de las administraciones.

Para el Concello, y para proveedores de servicios sociales de la comarca, casos como este subrayan la necesidad de coordinación entre ayuntamientos, Xunta y organizaciones no gubernamentales. No es sólo una cuestión policial, dicen; es un problema que enlaza con la precariedad, la salud mental y la falta de una red de apoyo suficiente en localidades con costes de vivienda crecientes.

La historia de Mercedes y Antonio ilustra además una realidad humana que se repite en otras localidades gallegas: personas que, por combinación de dificultades económicas y carencias en la cobertura pública, recurren a soluciones desesperadas y acaban exponiéndose a procedimientos penales. Mientras tanto, el vecino propietario que se encuentra con su casa ocupada reclama protección y rapidez en la respuesta judicial.

El futuro inmediato de la pareja depende de decisiones administrativas y judiciales, pero también del tejido social del municipio. Si el lunes logran una plaza en un centro de emergencia, el relato podría virar hacia la reinserción. Si no, la tensión entre protección de la propiedad y asistencia a los vulnerables seguirá abierta. En cualquier caso, lo sucedido en Moaña vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de políticas de vivienda que combinen prevención, recursos suficientes y vías de mediación para evitar que los conflictos terminen en los juzgados y, sobre todo, en la calle.