La parroquia de Busto aplaza su referendo y da un plazo de confianza a la alcaldesa a cambio del autobús urbano

La pequeña parroquia de Busto, en el norte de Santiago, decidió ayer suspender la consulta popular sobre su posible salida del municipio compostelano para integrarse en Trazo. La asamblea vecinal, la más concurrida de los últimos años, optó por esperar a que la regidora local cumpla su promesa de llevar el servicio de bus urbano al núcleo. La votación, realizada «un voto por casa», reunió a más de 40 vecinos y se saldó con una petición paralela: la dimisión del concejal de Mobilidade, Xan Duro, y del gerente de la empresa municipal de transportes, Tussa.

La asamblea y el pulso con el Pazo de Raxoi

Convocada en el local social, la reunión empezó pasadas las 13:00 horas. A esa hora, y tras horas de debate, los asistentes se encerraron para discutir a puerta cerrada; el presidente de la asociación vecinal, José Antonio Montaos, fue quien comunicó la decisión a la salida, en torno a las 14.30. La atmósfera estaba tensa: la falta de infraestructuras y la sensación de abandono fueron el hilo conductor de las intervenciones.

Los argumentos por la escisión llevan tiempo madurando. Busto tiene menos de 250 habitantes y apenas 78 casas; muchos compostelanos apenas sabrían ubicarla sin GPS. El único cartel que indica su dirección en la N-550 está descolorido y solo es legible en el sentido de entrada a la ciudad desde Sigüeiro. Pese a su modestia, la parroquia se ha erigido en símbolo del medio rural olvidado en la capital gallega, y su planteamiento ha prendido con fuerza en el Pazo de Raxoi.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), se vio obligada a comprometerse de forma precipitada a asegurar el servicio de autobús urbano, el principal caballo de batalla de los vecinos. La promesa no aplacó de inmediato la movilización, pero sí inclinó la balanza durante la asamblea. La decisión de posponer el referendo no significa, según los asistentes, una renuncia definitiva al proyecto de cambiar de concello, sino un voto de confianza condicionado al cumplimiento efectivo de la medida reclamada.

«Non temos saneamento nin temos nada, estamos coma no terceiro mundo»

Las quejas recogidas durante la jornada fueron explícitas. Un vecino denunció la ausencia de saneamiento; otro lamentó el mal estado del campo de fútbol: «Mira o campo de fútbol, ata tiven que apañar eu as redes con bridas», recordó otro parroquiano, mientras un tercero aseguraba que «só veñen unha vez ao ano a limpar». Las anécdotas resumieron la sensación de falta de atención por parte del ayuntamiento central.

Un trámite administrativo complejo y con precedentes

Que una parroquia se plantee abandonar el término municipal de una capital autonómica no es algo corriente, pero tampoco inédito en Galicia. Cabe recordar el caso de A Barciela en 1996, que inició trámites para integrarse en Oroso y cuyo proceso se prolongó una década, concluyendo con una modificación territorial parcial. La experiencia demuestra que los cambios de lindes son largos y requieren más que la voluntad vecinal.

Si Busto llegara a votar favorablemente en un futuro referendo, el resultado sería solo el primer paso. La ley exige que los plenos de ambos concellos den su visto bueno; además, la operación precisa una memoria justificativa desde el punto de vista geográfico, económico y social, un período de información pública y los informes preceptivos de la Diputación de A Coruña y del Consello Consultivo de Galicia. La decisión final corresponde a la Xunta, que tendría la última palabra.

Un elemento físico clave en el debate es el río Tambre. Busto ya comparte con Trazo la aldea de A Barca, separada por el Tambre del resto del municipio santiagués. La construcción de un puente que conecte directamente Busto con Trazo, evitando la larga vuelta por Chaián o Sigüeiro, fue uno de los puntos más controvertidos durante la asamblea: si el puente debe ser solo peatonal y para bicis o si debe admitir el paso de vehículos. El choque de opiniones dejó a las claras que, además del transporte público, la conectividad por carretera es una prioridad para el vecindario.

Repercusiones políticas y próximos pasos

La suspensión del referendo supone, por ahora, un alivio para el gobierno municipal, pero también pone el foco en la gestión del transporte urbano y en la capacidad del Concello para atender demandas periféricas. La petición de dimisión contra el responsable de Mobilidade y el gerente de Tussa no puede entenderse sin la rabia acumulada: los vecinos de Busto son los últimos de Santiago en contar con transporte regular, una anomalía que la alcaldesa se ha comprometido a corregir.

Fuentes cercanas a la asociación vecinal indican que el acuerdo es temporal y está condicionado a plazos concretos: el compromiso de la alcaldía debe traducirse en calendario y partidas presupuestarias claras. Si esas garantías no llegan en semanas o meses, la idea de reactivar el referendo volverá a ponerse sobre la mesa con fuerza renovada. Por el contrario, si se materializa el trayecto en autobús y se abordan problemas de saneamiento y limpieza, la tensión podría mitigarse.

Más allá de Busto, la situación alimenta un debate más amplio sobre la configuración territorial en Galicia. La fragmentación de municipios, las comunicaciones deficitarias y la concentración de servicios en los núcleos urbanos han ido tensionando la relación entre concellos y sus parroquias. En una comunidad marcada por la dispersión poblacional, estas reivindicaciones son tanto identitarias como prácticas: no se discute solo un cambio de término, sino quién presta y garantiza servicios básicos.

El calendario realista para una modificación de límites es largo. Los municipios afectados tendrían que tramitar acuerdos plenarios, la Diputación emitiría su informe y el Consello Consultivo valoraría la procedencia. La Xunta, por su parte, decidiría de forma definitiva. No es infrecuente que procesos de este tipo se alarguen años, como recuerda el precedente de A Barciela. Mientras tanto, la vida diaria de los busteses seguirá dependiente de decisiones municipales cotidianas: el autobús, la limpieza y el mantenimiento de caminos.

La elección adoptada en el local social —suspender por ahora y exigir resultados— es una estrategia de presión con sabor a aviso: muestra que pequeñas comunidades pueden forzar la agenda urbana cuando la acumulación de desatenciones se vuelve insoportable. A falta de confirmación oficial sobre plazos y partidas presupuestarias, queda abierta una tregua entre Busto y Raxoi que solo se mantendrá si se transforma en hechos palpables. La historia reciente gallega demuestra que los cambios administrativos son posibles, pero requieren tiempo, documentación y voluntad política sostenida. Los vecinos de Busto, por lo pronto, han decidido medir esa voluntad antes de dar el siguiente paso.