La Policía Nacional llevó a cabo en la mañana del 11 de marzo de 2026 un operativo en el edificio número 58 de la calle Vizcaya, en el barrio de Os Mallos de A Coruña, en una actuación motivada por las continuas denuncias vecinales y la sospecha de actividad relacionada con el tráfico de drogas. El dispositivo, que se desarrolló entre las nueve y las doce horas, contó con el apoyo de unidades de la Policía Local, que colaboraron en el control del perímetro y en el registro de las dependencias. El inmueble alberga una pensión que años atrás fue escenario de un homicidio, circunstancia que, según vecinos, ha marcado la percepción de inseguridad en la zona. Por el momento las fuerzas policiales mantienen la operación abierta y no han facilitado cifras oficiales de detenidos ni de objetos incautados.

El edificio intervenido es un punto conocido por residentes y comerciantes de Os Mallos debido a la presencia habitual de personas en situación de marginalidad y, según varios testimonios, de individuos con antecedentes. Los vecinos relatan que la actividad en torno a la pensión ha sido fuente de conflictos y molestias durante años, con episodios que han tensionado la convivencia. La memoria colectiva del barrio incluye un asesinato ocurrido en ese mismo inmueble hace años, un hecho que aún permanece en la memoria de quienes habitan las fincas colindantes. Esa historia alimenta la demanda vecinal de medidas más contundentes por parte de las autoridades locales y estatales.

Hace aproximadamente dos años los residentes convocaron una cacerolada como protesta por la situación en el piso y por la sensación de abandono que les provocaba la persistencia de conductas ilícitas y desorden en la calle Vizcaya. Desde entonces, los movimientos asociativos del barrio han mantenido un pulso con la administración municipal para exigir políticas de prevención y un refuerzo de la vigilancia. Fuentes vecinales consultadas destacan el hartazgo ante la repetición de episodios de consumo y venta en plena vía pública, así como la preocupación por la presencia de menores en el entorno. Esa presión social habría contribuido a que las fuerzas del orden organizaran intervenciones más amplias en puntos señalados del barrio.

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Además de la intervención en el número 58 de la calle Vizcaya, la Policía Nacional desarrolló otra actuación simultánea en el número 14 de la calle Barcelona, que los investigadores vinculan presumiblemente con asuntos de drogas. En ambos escenarios, según el despliegue observado por vecinos, se practicaron registros y se establecieron controles para identificar a las personas que accedían o salían de los inmuebles. Agentes de diferentes unidades participaron en el dispositivo, que incluyó también labores de vigilancia exterior a cargo de la Policía Local. Las autoridades han indicado de forma genérica que las actuaciones forman parte de actuaciones preventivas y de reacción ante informes de delincuencia en la zona.

Al cierre de la mañana las autoridades no ofrecieron un balance público detallado de la operación, aunque en presencia de los registros eran perceptibles la calma tensa y la expectación entre los residentes. Las diligencias se inscriben en investigaciones abiertas que ahora deberán determinar la naturaleza y alcance de la actividad delictiva en los inmuebles intervenidos, así como si procede la imputación y detención de personas. La investigación corre a cargo de la Policía Nacional, que coordina las actuaciones con la Policía Local y, en su caso, con la fiscalía competente. El procedimiento podría prolongarse en las próximas horas mientras se examinan los indicios recabados.

Para los vecinos, la redada supone un alivio momentáneo, aunque muchos advierten de que las soluciones requieren medidas sostenidas en el tiempo más allá de operaciones puntuales. Asociaciones del barrio reclaman políticas integrales que combinen seguridad, servicios sociales y programas de rehabilitación que permitan atajar las causas del problema. Representantes municipales consultados, de manera informal, han señalado la necesidad de coordinar actuaciones entre distintas áreas del ayuntamiento para mejorar la convivencia y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. La sucesión de intervenciones policiales en puntos concretos no elimina, según estas voces, la necesidad de una estrategia a largo plazo.

La Policía Local, por su parte, mantuvo el control de los accesos durante la retirada de medios, facilitando la normalización del tráfico y garantizando la seguridad ciudadana en las calles adyacentes. Agentes explicaron a residentes que la colaboración entre ambos cuerpos es habitual en este tipo de operaciones y que su objetivo es tanto la prevención como la represión de actividades ilícitas. Desde los colectivos vecinales piden ahora más transparencia sobre los resultados y medidas que eviten el retorno inmediato de las situaciones que motivaron la intervención. Mientras tanto, la vida del barrio sigue alterada por la expectación y la preocupación que generan estos sucesos.

La redada en Os Mallos se enmarca en una sucesión de intervenciones policiales en distintos puntos urbanos en los últimos meses, que buscan frenar el mercado de drogas y la delincuencia asociada. Los próximos pasos dependerán de las diligencias judiciales y de las decisiones de los responsables policiales sobre las imputaciones y la puesta a disposición judicial de posibles detenidos. Hasta que se conozcan detalles oficiales, los residentes esperan una respuesta sostenida que combine seguridad y políticas sociales para recuperar la tranquilidad en una de las zonas más señaladas por los problemas de convivencia en A Coruña.