La jueza que investiga el derrumbe de una pasarela en Santander ha citado como investigada a la agente de la Policía Local que recibió la llamada del 112 que alertaba del mal estado del paso. La resolución fija la comparecencia para el 27 de marzo y convoca además a varios testigos, entre ellos la operadora del servicio de emergencias y el vecino que avisó un día antes del siniestro.
El colapso, ocurrido el 3 de marzo, costó la vida a seis jóvenes —cuatro mujeres y dos hombres— de entre 19 y 22 años, y dejó una única superviviente. La magistrada también reclama documentación y audios que permitan reconstruir la cadena de avisos y el estado de conservación de la infraestructura.
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Quiénes están citados y en qué condición
La jueza ha citado como investigada a la policía local que atendió la comunicación entrante del 112. La diligencia busca determinar la gestión de ese aviso previo.
En calidad de testigos han sido convocados:
- La operadora del 112 que recibió la comunicación.
- El vecino que llamó un día antes para advertir que la pasarela estaba rota.
- Dos ciclistas que informaron del desprendimiento y escucharon a la superviviente pedir auxilio.
- Dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.
La jueza ocupaba el turno de guardia el día del colapso y ha ordenado aportar más pruebas para completar la instrucción.
Documentación y solicitudes a administraciones
El Juzgado requiere a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que entreguen todos los expedientes y los informes técnicos relacionados con la senda costera y la ejecución de la pasarela.
Se solicita, entre otros documentos, los proyectos de construcción, informes de mantenimiento y cualquier registro sobre el estado de conservación de la infraestructura.
Al servicio de emergencias del Gobierno de Cantabria se le pide que aclare si hubo más llamadas relativas a ese tramo desde la apertura de la senda. Si existen, la magistrada exige la entrega de los audios.
Medidas cautelares y pasos siguientes
La juez ha ordenado mantener el precinto de la pasarela y solicita la colocación de barreras físicas para impedir cualquier acceso. Ha prohibido expresamente a Costas y al Ayuntamiento cualquier manipulación o traslado de la estructura hasta nueva instrucción.
En su resolución la magistrada valora el informe remitido por la Policía Nacional, elaborado por el Grupo III UDEV junto a la Brigada de Policía Científica. Califica ese informe como detallado y remitido en un breve espacio de tiempo.
Además, se ha requerido la comparecencia de los familiares de las víctimas y de la joven superviviente para que se personen en la causa si así lo desean.
Contexto y preguntas abiertas
Las autoridades buscan esclarecer varios puntos clave: si hubo avisos previos suficientes, cómo se gestionaron esas alertas y si existieron responsabilidades administrativas o penales en la conservación de la pasarela.
La investigación combinará peritajes técnicos sobre la estructura con el análisis de las comunicaciones y de los procedimientos de mantenimiento de la senda costera.
Las citaciones fijadas para el 27 de marzo pretenden aportar pruebas testimoniales que ayuden a determinar si los avisos pudieron evitar la tragedia.
La instrucción continuará con la recopilación de documentación, audios y peritajes técnicos que permitan aclarar la secuencia de decisiones anteriores al colapso.
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