Agentes estadounidenses registraron el martes 10 de marzo de 2026 la propiedad conocida como Zorro Ranch, en Nuevo México, en el marco de una investigación sobre denuncias de agresiones sexuales contra niñas y mujeres vinculadas al fallecido financiero Jeffrey Epstein. El operativo responde a la reapertura de pesquisas estatales sobre actividades que presuntamente tuvieron lugar en esa finca y que han vuelto a centrar la atención tras la desclasificación de archivos relacionados con el caso. Las autoridades del estado han señalado que la diligencia forma parte de una investigación criminal abierta a finales de febrero. Las pesquisas buscan recabar pruebas que puedan esclarecer presuntos delitos cometidos antes de 2019, año de la muerte de Epstein.

Fuentes oficiales indicaron que el registro se enmarca en la investigación anunciada por el Departamento de Justicia de Nuevo México el 19 de febrero, tras nuevos elementos que han llevado a los fiscales a revisar lo acontecido en la propiedad. Las referencias al rancho aparecen en numerosos documentos desclasificados que integran el expediente del caso, lo que motivó el interés renovado de los investigadores estatales. El nombre de la finca y su mención reiterada en distintos archivos han sido un factor clave para reabrir líneas de indagación que hasta ahora habían quedado parcialmente sin resolver.

El historial judicial de Epstein incluye un acuerdo en Florida en 2008 que puso fin a una investigación federal y que se tradujo en una condena con una pena de cárcel de trece meses, una resolución que muchos criticaron por considerarla indulgente. Años después, en julio de 2019, fue detenido y acusado por cargos federales de tráfico sexual de menores y crimen organizado; mientras esperaba juicio fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, y la autopsia oficial determinó que su fallecimiento fue un suicidio. La muerte del principal acusado truncó la posibilidad de un proceso penal que habría podido arrojar luz sobre muchas de las preguntas que aún persisten.

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Entre las declaraciones que han sustentado la reapertura de investigaciones figuran las de una mujer identificada con el seudónimo “Jane Doe 15”, que aseguró a la prensa tras la muerte de Epstein que fue violada en Zorro Ranch cuando tenía 15 años. Testimonios como este han sido utilizados por fiscales y por abogados de las víctimas en demandas civiles contra el patrimonio del financiero. Las denuncias de supervivientes y el trabajo de investigadores han mantenido viva la presión para que se profundice en lo ocurrido en distintos bienes vinculados al acusado.

La congresista por Nuevo México Melanie Stansbury se pronunció en redes sociales a favor de las pesquisas y afirmó que los sobrevivientes «han esperado demasiado tiempo para que se haga justicia». En su mensaje subrayó que las autoridades estatales no dejarán de seguir cualquier pista creíble y que la prioridad es localizar pruebas que permitan avanzar en la investigación. El pronunciamiento de la representante refleja la demanda pública y política para que la reapertura de casos relacionados con Epstein vaya más allá del ámbito mediático.

Medios estadounidenses informaron además de que en febrero las autoridades locales solicitaron al Departamento de Justicia federal una versión sin censura de un correo electrónico de 2019 vinculado al expediente de Epstein, que supuestamente menciona que los cuerpos de dos jóvenes extranjeras habrían sido enterrados «en las colinas» próximas al rancho. Estas alegaciones forman parte del entramado que los fiscales están examinando con cautela, y de momento no se han confirmado hallazgos concretos que verifiquen esa afirmación.

La fiscalía de Nuevo México y el departamento de Justicia estatal no han detallado públicamente el material que se ha incautado ni el alcance exacto del registro, alegando que desvelar ese tipo de información podría perjudicar la investigación en curso. Agentes locales y federales han trabajado de manera coordinada en otras indagaciones relacionadas con el caso Epstein, y las fuentes consultadas insisten en que cualquier avance se comunicará siguiendo los plazos procesales. Mientras tanto, los residentes y administradores de la zona han mostrado expectación ante la presencia policial en la finca.

La operación en Zorro Ranch vuelve a situar sobre la mesa la compleja red de acusaciones, demandas civiles y procesos abiertos que rodean la figura de Epstein y su patrimonio. Abogados de víctimas, activistas y autoridades estatales mantienen el interés por determinar responsabilidades adicionales y por identificar a posibles cómplices que pudieran haber facilitado delitos. Los investigadores han dicho que continuarán recabando información y pruebas y que darán más detalles cuando la investigación lo permita y no comprometa el proceso judicial.