La ponencia para la ley de traspaso de la AP-9 se constituye este jueves: vuelve el pulso político por la autopista

El trámite parlamentario que debe concretar el traspaso de la autopista AP-9 al Estado registrará esta semana un avance formal: la ponencia de la Comisión de Transportes del Congreso se constituirá el próximo jueves, 26 de marzo, a las 8:30 horas, media hora antes del inicio del pleno. Tras meses de reproches mutuos y acusaciones de bloqueo, PPdeG y BNG han insistido en la urgencia de retomar la tramitación; el PSOE, por su parte, mantiene que la prioridad real es abaratar o eliminar los peajes que penalizan a los gallegos.

Constitución de la ponencia y primeras fricciones

La cita para constituir la ponencia debía servir, según los portavoces, para fijar el calendario de trabajo y comenzar a debatir las enmiendas presentadas —que, según fuentes parlamentarias, se registraron en octubre por el PSOE y por Sumar—, pero su convocatoria ha reavivado la pelea política sobre responsabilidades y tiempos. El diputado del PPdeG en el Congreso, Celso Delgado, trasladó que fue él quien urgió la celebración tras la reunión de la Mesa y la junta de portavoces de la Comisión de Transportes celebrada este martes.

«El PSOE quería de nuevo dilatar su celebración hasta pasada Semana Santa, el 14 de abril, pero insistí en que podíamos hacerlo el jueves, media hora antes que el pleno», afirmó Delgado, que atribuye al PP regional un papel de «desbloqueador» en la tramitación. La posición del PPdeG contó, según él, con el respaldo del Bloque y de otros portavoces, lo que frustró la intención socialista de posponer la constitución de la ponencia.

En paralelo, Néstor Rego (BNG) reivindicó el papel del Bloque como elemento decisivo para forzar la convocatoria. Rego dejó claro que la presión nacionalista estuvo condicionada: si no se convocaba inmediatamente la ponencia, se vería afectada la colaboración del BNG con otras iniciativas del Gobierno. «O se convocaba de manera inmediata la ponencia, o se afectaba de forma directa la colaboración del BNG con cualquier iniciativa que pretendiese sacar adelante el PSOE o el gobierno», llegó a decir en tono firme.

«O se convocaba de manera inmediata la ponencia, o se afectaba de forma directa la colaboración del BNG con cualquier iniciativa que pretendiese sacar adelante el PSOE o el gobierno»

El PSOE reivindica la vía de las bonificaciones y la gratuidad

Desde las filas socialistas, la diputada y vocal de la Comisión de Transportes, Patricia Otero, celebró que la ponencia se constituya, pero lanzó una lectura política distinta: advirtió de que antes de plantear responsabilidades conviene recordar quién hizo qué con la AP-9 en el pasado. Otero recordó que el PP, cuando gobernaba, bloqueó en dos ocasiones la toma en consideración de la ley orgánica de transferencia y que aquel mismo partido fue responsable de una ampliación de la concesión hasta 2024, una decisión que, según la representante socialista, ahora está siendo cuestionada por la Comisión Europea.

La representante del PSOE acusó al PP de «regalar» la autopista, de bloquear soluciones y de querer dar lecciones cuando ahora reclama rapidez en la tramitación. Al tiempo, defendió que su grupo ha impulsado rebajas y bonificaciones, y subrayó que «lo que a la gente le urge es la gratuidad», asegurando que las medidas que el PSOE defiende van en esa dirección.

«Primero regalaron la autopista, después bloquearon cualquier solución y ahora pretenden darnos lecciones. Hay que tener cara»

Antecedentes: una ley aprobada en Santiago y meses de estancamiento

La norma que pretende transferir la AP-9 —aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia— lleva meses encallada en la Cámara Baja. Fueron los grupos de la Cámara gallega quienes enviaron al Congreso un texto respaldado por todas las fuerzas autonómicas, pero la tramitación en Madrid ha avanzado a tirones. Las enmiendas registradas en octubre por el PSOE y Sumar quedaron sin nuevos pasos hasta estas últimas semanas, lo que provocó las quejas públicas del PPdeG y del BNG sobre un supuesto «bloqueo» de la iniciativa.

No es la primera vez que la AP-9 provoca fricciones políticas en Galicia. El asunto de los peajes, y en particular del tramo del puente de Rande que conecta Vigo y Redondela, se ha instalado en la agenda autonómica desde hace más de una década. Las movilizaciones sociales, los informes técnicos y las actuaciones administrativas se han ido sucediendo, pero sin una solución definitiva que satisfaga a todos los actores: usuarios, comunidades afectadas y la propia Administración estatal.

Además, la cuestión de la prórroga de la concesión que permitió ampliar la explotación hasta 2024 permanece en el debate público. Esa ampliación, apuntan desde distintos sectores, alimenta el argumento de quienes piden una revisión integral del modelo de gestión de la AP-9 antes de acometer un traspaso que, para muchos, debe ir acompañado de garantías sobre el fin de los peajes.

Qué queda por delante y por qué importa para Galicia

La constitución de la ponencia no resuelve por sí sola las principales incógnitas: será en el calendario de trabajo y en la hoja de ruta donde se medirán voluntades. El objetivo declarado de PPdeG y BNG es acelerar la tramitación para que la comunidad recupere competencias sobre una infraestructura estratégica; para el PSOE, la prioridad es que esa transferencia vaya acompañada de medidas inmediatas para aliviar el coste que suponen los peajes.

En los próximos pasos tendrán peso cuestiones técnicas y jurídicas: la redacción final de la ley orgánica de transferencia, la posible condicionalidad impuesta por la Comisión Europea sobre la anterior prórroga de la concesión y las partidas presupuestarias necesarias tanto para la cesión como para medidas compensatorias. Tampoco hay que olvidar que las presiones territoriales son intensas: desde Vigo a Ferrol, pasando por Pontevedra y A Coruña, son muchos los actores económicos y ciudadanos que reclaman claridad sobre el futuro del cobro en la AP-9.

La constitución de la ponencia marca una fecha, pero la política gallega sabe que las fechas son, a menudo, el arranque de nuevas negociaciones. El reto para los partidos es convertir la dinámica partidista en un calendario operativo que concluya con soluciones palpables: reducción de tarifas, bonificaciones permanentes o, para quienes lo reclaman, la gratuidad total. Si algo enseñan los últimos años en Galicia es que la paciencia de los usuarios tiene límites, y que la autopista sigue siendo un elemento central del debate sobre la vertebración territorial y el coste de la movilidad en la comunidad.

Con la Mesa convocada y los portavoces en pie de guerra, la pregunta que quedará por responder en las próximas semanas es si la ponencia será capaz de transitar la fase técnica sin quedar atascada en pugnas políticas. Más allá de las declaraciones y de las reivindicaciones parlamentarias, los hogares y las empresas gallegas esperan medidas concretas: menos peajes y mayor coherencia en la gestión de una vía que, desde Ferrol hasta la frontera con Portugal, es arteria esencial para la economía y la vida cotidiana de Galicia.