La falta de contrato está dejando fuera de servicio extintores caducados en colegios públicos y edificios municipales de Lugo, según denuncian vecinales y trabajadores municipales. La empresa encargada del mantenimiento ya no puede sustituir equipos por expirar el acuerdo firmado en 2020.

El problema afecta a ciertos equipos que ya han superado su vida útil reglamentaria, aunque otros continúan en plena vigencia. La situación ha saltado a la opinión pública tras las reclamaciones presentadas por centros escolares y recogidas por el Partido Popular local.

El contrato que expiró y sigue sin renovarse

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos contra incendios y señalización luminiscente dependía de un contrato de solo un año, adjudicado en 2020. Desde entonces, se ha mantenido operativo, pero sin renovación formal.

La empresa proveedora ya ha notificado a algunos centros que no tienen autorización para cambiar equipos. Esto ha generado preocupación entre docentes y personal de instalaciones municipales, que temen por la seguridad en caso de emergencia.

El área responsable es Enxeñaría, dependiente del propio Concello. No obstante, desde hace meses, la Intervención municipal ha venido alertando sobre la gran cantidad de contratos que se encuentran en situación irregular.

• Servicios críticos como la potabilizadora o la depuradora de aguas también están afectados
• Algunos contratos acumulan más de diez años de vigencia expirada
• La inacción pone en riesgo la seguridad ciudadana y la legalidad administrativa

Un problema estructural en la administración local

El caso de los extintores es solo uno de los síntomas de un problema más amplio: la parálisis en la gestión contractual del Ayuntamiento de Lugo. Esta situación no solo compromete la seguridad, sino que también vulnera normativas estatales de prevención de riesgos.

La Intervención municipal ha elevado sus críticas en los últimos meses, destacando que hay procesos licitatorios paralizados durante años. Los servicios básicos, como el tratamiento del agua, también corren riesgo por esta inacción.

Desde la oposición, insisten en la necesidad de una revisión urgente de todos los contratos afectados. También exigen transparencia en los tiempos de respuesta por parte del gobierno local, que aún no ha comunicado fecha alguna para subsanar los contratos vencidos.

La seguridad en centros educativos y edificios públicos no debería quedar supeditada a retrasos administrativos. Pero, mientras tanto, los vecinos de Lugo siguen esperando que el Concello reactive los procedimientos necesarios para garantizarla.