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La revisión de las bajas laborales sacude el tablero político gallego

La revisión de las bajas laborales sacude el tablero político gallego

La propuesta de abrir el debate sobre la revisión de las bajas laborales ha reventado el silencio en el Parlamento gallego. Las posiciones, lejos de acercarse, dibujan una grieta profunda entre partidos y auguran semanas de tensiones, negociaciones y mensajes cruzados. El tema, que parecía técnico, amenaza con convertirse en símbolo de una legislatura crispada.

Un debate que nadie esperaba tan pronto

Nadie contaba con que el asunto de las bajas laborales iba a explotar en pleno mes de junio, justo cuando el foco mediático empezaba a desplazarse a las playas de A Lanzada y a los preparativos del verano. Sin embargo, la realidad laboral gallega se cuela por las rendijas del discurso público: la propuesta de revisar los mecanismos de control y concesión de las bajas por enfermedad ha puesto sobre la mesa un problema que lleva años larvado y que ahora emerge con fuerza.

Un alto cargo municipal lo reconoce: “Las bajas largas son una preocupación creciente para las administraciones locales, porque afectan a la prestación de servicios y a la economía de los ayuntamientos”. El dato no es menor. En algunas comarcas, como O Barbanza o A Mariña, el absentismo laboral vinculado a bajas médicas ha crecido un 15 % respecto al año pasado, según fuentes consultadas en el sector sanitario.

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Mientras tanto, la patronal gallega no oculta su inquietud. El incremento de los costes por sustituciones y la sensación de descontrol llevan tiempo en la agenda de las empresas, sobre todo en sectores como la automoción de Vigo o el naval ferrolano. Por el contrario, representantes sindicales advierten del riesgo de criminalizar al trabajador enfermo y recuerdan que la mayoría de las bajas están justificadas y son temporales.

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La política gallega, dividida y bajo presión

Pocas veces un tema tan aparentemente técnico ha provocado una sacudida tan visible en la política gallega. El anuncio de una revisión de los protocolos de baja ha disparado las alarmas en la oposición, que ve en la propuesta un intento de recortar derechos laborales bajo la excusa del control. Desde alguna formación de izquierda se ha hablado abiertamente de “amenaza al estado de bienestar”, mientras otras voces piden mesura y diálogo.

El Ejecutivo autonómico, por su parte, defiende la necesidad de adaptar los procedimientos a la realidad actual, marcada por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas. Nadie discute que el sistema necesita mejoras, pero el desacuerdo es total sobre el método y el alcance. Ahí está la clave. Fuentes judiciales recuerdan que cualquier cambio debe respetar el marco legal vigente y garantizar la protección del trabajador.

En el Parlamento, la tensión se ha hecho palpable. Las últimas sesiones en O Hórreo han sido testigo de duros cruces de acusaciones, con alusiones al caso de las bajas masivas en el área sanitaria de Pontevedra hace dos años. La memoria es corta, pero no tanto: la sombra de aquel conflicto planea sobre la discusión actual.

El pulso social: empresas, trabajadores y médicos, en el centro

Mientras los partidos se enzarzan, la sociedad gallega mira con recelo el desarrollo del debate. Los empresarios exigen mayor transparencia y mecanismos de control efectivos, pero sin caer en el señalamiento indiscriminado. Un responsable del sector industrial lo resume así: “Perder productividad es un lujo que la economía gallega no puede permitirse ahora”.

Por su lado, los sindicatos amenazan con movilizaciones si la reforma se convierte en un pretexto para dificultar el acceso a una baja legítima. Recordando la huelga de monitores de comedores escolares en Ourense, insisten en que la presión sobre los trabajadores solo genera más tensión y menos salud.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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