Laura Vila, la mujer que presentó una denuncia por presunto acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo y exalcalde de Monforte, José Tomé, habló este jueves en el programa Código 10 de la cadena Cuatro, tres meses después de que el caso saliera a la luz mediática. En su intervención, Vila explicó por qué decidió hacer pública la denuncia y pidió que otras posibles afectadas se atrevan a denunciar. La Fiscalía de Lugo ha presentado una querella contra Tomé por acoso sexual o abuso de la función pública, abierta a investigación judicial. La comparecencia televisiva tuvo lugar después de que el caso generara debate político y repercusión en redes sociales.

Durante el espacio, los presentadores indicaron que, por recomendación de su abogado, Vila no respondería a preguntas sobre los detalles concretos de los hechos denunciados, pero sí trasladó un mensaje sobre su experiencia personal. Su madre, Laura Rivas, relató ante las cámaras la llamada que recibió de una amiga de su hija mientras estaban de vacaciones, en la que se le informaba de lo sucedido tras una reunión entre Vila y Tomé. Según la versión familiar, en esa reunión el entonces dirigente provincial hizo comentarios y propuestas que la denunciante consideró de naturaleza sexual y condicionadas a una supuesta ayuda en un proceso selectivo en el que ella participaba. Rivas aseguró que, en un momento dado, Tomé la habría sujetado del brazo en varias ocasiones para intentar que accediera a su despacho.

La mujer y su madre también relataron el trato recibido tras la difusión del caso: críticas en redes sociales y ataques que, según dijeron, han tenido especial virulencia debido a la actividad de Vila como modelo de lencería. Vila, que intervino brevemente en el programa, reconoció el temor que le supuso denunciar, pero subrayó que esa situación no la iba a silenciar y animó a otras mujeres en situaciones similares a no ocultarse. Ambas reprocharon además la actuación interna del partido, al considerar que responsables del PSdeG conocían los hechos y no actuaron con la rapidez y contundencia que esperaban.

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En su comparecencia pública, la familia señaló que figuras del partido a distintos niveles, entre ellas responsables provinciales y locales, habían sido informadas del asunto. Denunciaron que en Ferraz se ofrecieron recursos como atención psicológica o asesoría legal, pero que la respuesta institucional fue dilatada y, en su opinión, insuficiente. Aun así, insisten en que la decisión de presentar la denuncia la tomó la propia afectada, después de valorar los riesgos y las repercusiones personales y profesionales. Este relato ha vuelto a situar en el centro del debate la protección y el apoyo a las denunciantes dentro de los procesos políticos.

Desde el entorno de Tomé, el exdirigente se mantiene firme en su versión de inocencia y ha optado por no hacer declaraciones directas tras la emisión del programa. Sus representantes sostienen que las acusaciones responden a intereses políticos y recuerdan que no existía una relación laboral ni jerárquica que, en su opinión, facilite la tipificación de acoso en el marco de la función pública. En esa línea, argumentan que la inexistencia de competencia administrativa sobre el procedimiento en el que participaba la denunciante complica la calificación penal de los hechos alegados. La defensa confía en que la investigación desembocará en el sobreseimiento, y cita precedentes judiciales como referencia.

La Fiscalía de Lugo, no obstante, ha optado por presentar una querella que abre una vía penal y obliga a la instrucción a examinar los hechos con detalle. El caso suma así una dimensión judicial que trasciende los reproches y valoraciones políticas, y obligará a contrastar testimonios, posibles pruebas y las circunstancias en las que se habrían producido los hechos. La apertura de diligencias implica que será un juez quien determine si hay indicios suficientes para continuar con la acusación o si procede el archivo. Mientras tanto, el proceso tendrá impacto tanto en la esfera personal de las partes como en la política local.

La comparecencia televisiva ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los partidos en la gestión de denuncias internas y sobre la atención a las víctimas en casos que implican a dirigentes públicos. Vila y su madre reprocharon a la dirección del PSdeG demoras en la respuesta y escasas medidas concretas más allá de ofertas de asistencia técnica. En el partido, fuentes consultadas defienden que se han seguido procedimientos y que las ayudas ofrecidas formaban parte de ese protocolo, si bien reconocen el coste reputacional que situaciones como ésta suponen. El episodio sitúa de nuevo la cuestión de la transparencia y la protección de quienes rompen el silencio.

El Gobierno local y las instancias judiciales deberán ahora seguir el cauce marcado por la investigación, que determinará la veracidad de las acusaciones y las posibles responsabilidades. En el plano político, el caso ha provocado reacciones y demandas de explicaciones por parte de distintos actores y ciudadanos, que piden que las instituciones garanticen procedimientos claros y garantías para las víctimas. Sea cual sea el desenlace judicial, la denuncia ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el poder, el acoso y las formas de responsabilidad dentro de la vida pública. Mientras tanto, la familia de la denunciante mantiene su decisión de luchar por que el proceso llegue hasta el final.